La opinión pública de República Dominicana está
inmersa en un importante debate en torno a una orden departamental del
Ministerio de Educación, MINERD, donde dispuso trabajar para diseñar una
política de género que sirva de base a las acciones que faciliten el abordaje
de temas de educación ciudadana vinculadas a la equidad y la igualdad de
derecho entre hombres y mujeres.
La Orden Departamental No. 33-2019 del Ministerio
de Educación está fundamentada en los lineamientos de la Estrategia Nacional de
Desarrollo, El Pacto Educativos y compromisos internacionales como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esos dispositivos mandan al Estado a
trabajar para diseñar políticas que contribuyan a superar prejuicios y resolver
problemas concretos que afectan el desarrollo integral de las personas.
Las instituciones públicas estatales tienen el
mandato constitucional de implementar acciones para erradicar cualquier forma
de discriminación y garantizar la equidad e igualdad de derecho. Es ahí donde
entran las líneas de políticas asociadas a género. No es un tema nuevo ni
fácil. MINERD asumen la parte que corresponde, pero este es un tema de Estado
que involucra a todas las instituciones que lo conforman.
La manipulación y la polarización del tema divide a
la sociedad entre los que defienden el concepto de política de género y los que
alegan que la disposición se proponía incluir en el currículo educativo
acciones orientadas a promover valores que atentan contra la unidad de la
familia tradicional. Pocos se detienen en el análisis de los conceptos
fundamentales del debate: política pública e ideología de género.
Aclarar y caracterizar los conceptos pudiera ayudar
a establecer las diferencias entre uno y otro, partiendo del significado de
cada uno. El instrumental teórico y metodológico de las ciencias política
aporta la definición básica de cada uno. Tanto la ideología como las políticas
públicas están dentro del objeto de estudio de las Ciencias Política y desde
ahí se puede proponer definiciones para cada caso, sumado a los que ya existen.
¿Qué es una Política Pública y qué características
tiene?
Las Políticas Públicas son las propuestas de
intervenciones y acciones puntuales pautadas por los gobiernos para suplir
necesidades, promover el desarrollo integrar o visibilizar resultados. Se
concretan en programas, proyectos, iniciativas o acciones diseñadas y
ejecutadas por el Estado para suplir servicios públicos y apuntalar el
desarrollo en un área determinada. Las políticas públicas son claramente
diferenciables de los programas, los proyectos y las iniciativas que las conforman,
ya que tienen vocación de continuidad y porque son políticas de Estado, no
acciones de gobierno.
Una política es el todo, un programa, un proyecto o
una iniciativa son componentes. Son mecanismos asociados a los sistemas de
planificación e inversión públicas de los Estados, con referente normativo
claramente definido. Para el caso dominicano, la Constitución de la República y
la Estrategia Nacional de Desarrollo establecen las líneas de políticas que
debe diseñar el Estado para garantizar sus funciones básicas. De ahí se pasa a
las normativas ministeriales y sus complementos. Con esos mandatos se procede
diseñar, socializar e implantar las políticas públicas en cada área.
Así tendríamos, una política cultural, una política
agropecuaria, política de salud, una política educativa, una política de
transporte y seguridad vial, una política medioambiental, una política
exterior, una política migratoria, una política de seguridad ciudadana,
políticas de protección civil, políticas de ordenamiento territorial y
desarrollo local, políticas de seguridad y defensa nacional, políticas de
juventud, políticas de género, entre otras.
Todas estas políticas tienen diversas líneas o ejes
que conforman un conjunto de acciones articuladas que de forma y sustento a la
Estrategia Nacional de Desarrollo o sus Planes Equivalentes. De ellas se desprenden las acciones y
estrategias para abordar las cuestiones claves para convivencia y enfrentar los
requerimientos de la gente. Los sistemas políticos tiene que dar respuestas a
los problemas de la sociedad y las políticas públicas son la forma ideal para organizar
y articular esas acciones.
Como las políticas públicas son acciones macros,
articuladas e integrales que se traducen en programas, proyectos e iniciativas que
dan contexto, vías y direccionamiento a los gobiernos para desarrollar sus
programas. Muchas veces se confunde un programa o un proyecto, y hasta una
iniciativa con una política pública. Caracterizar a cada uno, partiendo del
umbral temporal, los propósitos y los objetivos de cada uno ayuda a superar el
bache. La teoría es abundante sobre este asunto, especialmente la vinculada a
la planificación estratégica y la gestión de proyectos.
Con las explicaciones anteriores, se puede analizar
el concepto medular de este tema denominado Política
de Género. Definido el concepto genérico de políticas públicas, se puede
apreciar que siendo acciones e intervenciones estatales de macropolíticas; la
política de género sería una especie de micropolítica o línea de política
inserta en una política general, para el caso que nos ocupa, la política
educativa.
Visto así, la política de género sería un enfoque
conceptual concreto para las acciones transversalizadas que permearían la malla
curricular para garantizar la igualdad de derechos entre los seres humanos,
aprovechando el contexto educativo para cultivar valores y principios entre el
educando que le permitan insertarse en la sociedad y gestionarla
apropiadamente. No se puede confundir con lo que se ha denominado ideología de
género, cuestión que será explicada posteriormente en esta reflexión.
Política de género no es ideología de Género.
Planteada la primera cuestión, es de rigor pasar a
la descripción, definición y caracterización de la ideología. Lo aquí planteado,
obedece a reflexiones propias y no pretenden agotar el amplio y complejo
sustento filosófico del concepto en cuestión. Es, ante todo, un intento por
colocar en perspectivas una cuestión que tiene siglos de estudios y análisis
para establecer la relación con lo que muchos han definido como ideología de
género.
Una política de género estará definida como
conjunto de programas, proyectos e iniciativas tendentes a establecer el marco
generar para desarrollar acciones orientadas a potencial los valores de equidad
e igualdad de derecho entre los seres humanos. Contemplaría entre otras cosas,
temas vinculados a la educación sexual, la resignificación de la familia como
estructura básica de socialización y el aprovechamiento de la escuela como
espacio de producción de conocimientos y desarrollo de capacidades ciudadanas
que fortalezcan la cultura cívica potenciando la tolerancia, respeto,
solidaridad, cooperación, honestidad, el decoro y humildad.
Esas acciones deben interrelacionarse con otras
líneas de políticas para concretar los objetivos que la fundamentan,
dependiendo de las estrategias definidas en la política para abordar un
problema específico. Sí se tratará de establecer una estrategia para orientar a
la juventud sobre la prevención de embarazos tempranos, prevención de
enfermedades de transmisión sexual, contrarrestar el consumo de drogas, embarazos en adolescencia, discriminación por sexo, raza, ideología o creencia; violencia intrafamiliar, o la deserción escolar se debe involucrar a los
ministerios correspondientes para que incluyan en sus planes las acciones
planteadas para cada caso.
Como se puede apreciar, una cantidad considerable
de proyectos, programas e iniciativas pueden encontrar cobijo en una política
de género bien diseñada y gestionada. De ahí la importancia de aclarar los
conceptos. Establecer la diferenciación lingüística, caracterizando,
describiendo y definiendo apropiadamente las categorías en cuestión, para
elaborar un relato objetivo sobre las tendencias y perspectivas de cada una
ayuda a establecer los límites.
Política de género es un esfuerzo por consolidar en
un solo cuerpo teórico, una cantidad considerable de acciones que deben
realizar los Estados para garantizar los derechos fundamentales referidos a la
equidad y la igualdad de derechos sociales y humanos. El Estado dominicano está
compelido por definición a ir ajustando sus políticas al contexto democráticos
y de derechos y eso se debe reflejar en políticas coherentes, incluyentes y
articuladas en cada uno de los niveles de gobierno. No puede ser un enunciado
vacío o un debate coyuntural, permeado por prejuicios ideológicos, dogmas
religiosos o intereses de grupos ajenos a la misión del Estado.
¿Cómo se
define Ideología y cuáles son los fundamentos que la sustentan?
Para la Real Academia de la Lengua Española la idolología
es “Conjunto de ideas fundamentales que
caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un
movimiento cultural, religioso o político, Etc.”
Partiendo de este concepto básico, se puede definir
lo que es o sería “ideología de género” para ubicar en su contexto los
atributos que la diferencian o la diferenciarían de lo que puede ser una “política de género”. A priori se puede
apreciar, por la raíz conceptual que son categorías diferentes sociopolíticas y
tienen connotaciones lingüísticas claramente diferenciable. Pareciera que hay
sectores que operan bajo la lógica de “ignorancia inducida” y eso dificulta la
interlocución requerida para habilitar espacios de diálogos productivos.
Confundir política de género con ideología de
género solo sirve para retorcer, distorsionar y manipular ambas categorías. La
ideología está presente en toda acción humana, incluida las políticas públicas.
Toda política está orientada por una visión, con propósitos y objetivos
claramente definidos. Los principios ideológicos definen el perfil de la persona
y condiciona su accionar en la sociedad.
Hay que avanzar en el diseño de políticas que tomen
en cuenta las opiniones de todos los entes involucrados. Es de rigor recordar,
que todos los actores que inciden o deben incidir en una política de género están
movidos por valores, mitos, principios y dogmas que son expresiones de
tendencias ideológicas; unas permeadas por la religión otras permeadas por la
política. Cambiar la cultura autoritaria, paternalista, machista o feminista
exige la participación y compromiso de todos los actores. Articular en una
política de genero esas acciones
De la interacción en diálogo franco, abierto y plural
pueden salir propuestas para abordar de forma integral cuestiones tan
necesarias como el diseño de una política de género que recoja las acciones que
ayuden a superar la cultura de violencia que afecta a la familia, las
instituciones y la sociedad en general.
Aunque hay enfoques que asocian la ideología de género a la promoción de
valores que promueven e incentivan la diversidad sexual, el concepto engloba
una serie de variables que deben ser analizadas y ponderada a la luz de la
razón y en contextos específicos. Evidentemente que entender la cuestión
implica, superar prejuicios, tabúes, mitos, creencias y valores que han sido
impuestos por quienes operan los instrumentos de control social y los aparatos
de difusión cultural.
La ideología es la fuerza que caracteriza, da
sentido propio y dirección al pensamiento a los individuos que conforman los
colectivos humanos. Es parte integral de la cultura que diferencia a una
civilización de otra. Muchas veces se reduce o se vincula exclusivamente a la
política, pero todas las formas de interrelación humana están marcadas con un
sello ideológico. Las civilizaciones y las culturas que las conforman producen expresiones
ideológicas para encuadran los sistemas de valores, creencias, mitos y dogmas
que las diferencian.
Puede afirmarse que una persona “sin ideología” es como un ave sin ala. La ideología
direcciona, orienta, condiciona e incentiva la acción humana en cualquier área.
Demonizar o marginar la ideología es un absurdo por los sistemas de pensamiento tienen por
bases las ideas y éstas, al concretarse conformas las ideologías como producto
de la interacción cultural. Así lo demuestra la evolución de las civilizaciones
cuyas huellas son evidentes tanto en el campo ideológico como en el campo
religioso. Negar uno u otro no tiene sentido porque ambas categorías aportan
los atributos que distinguen una civilización de otra.
Luchas y debates han matizado las discusiones
entorno a la inclusión de la educación sexual en las escuelas o por la
liberalización del aborto en circunstancias específicas. Sectores vinculados al
feminismo defienden el derecho de la mujer a decidir ante una situación de
embarazo no deseado, pero sectores religiosos y conservadores se oponen
radicalmente a tal propósito. Unos y otros merecen respeto y deben asumir la
responsabilidad que corresponda en cada coyuntura. Es ahí donde entra el Estado
para establecer las políticas pactadas e institucionalizadas que den respuestas
y soluciones a problemáticas complejas.
Que la agenda nacional coincida con los
lineamientos establecidos por organismos internacional es una muestra de la
pertinencia de las cuestiones vinculadas a las políticas de género. Se debe
evitar que un árbol impida ver el bosque. Tanto los grupos de interés como los
grupos de presión deben participar junto a las instituciones estatales para
diseñar políticas incluyentes y eficientes. Los problemas están ahí y los
conflictos que generan también. Buscar soluciones conjuntas es el desafío que
deben afrontar los hacedores de políticas públicas y las entidades responsables
de implementarlas.
La educación sexual es un tema fundamental en las
familias, en los centros de enseñanzas y en todas las instituciones que acogen
a personas. Algo tan propio y esencial no puede ser ignorado o supeditado a
juegos de intereses, a prejuicios ideológicos o dogmas religiosos. Es necesario
buscar formas que ayuden a la gente a comunicarse mejor con el entorno, a
conocer el funcionamiento de su cuerpo para poder tomar acciones preventivas
acertadas.
El ser humano es un ente biológico, anatómica,
fisiológica, cultural, y emocionalmente complejo. Encontrar formas de
desarrollar capacidades que le permitan desarrollar su potencial, implica entre
otras cosas, cuidar la salud reproductiva y las instituciones sociales. De ahí
la importancia de ampliar los debates sobre políticas, ideología, religión y de
todos los aspectos que afectan o condicionan la conducta humana.
Los debates debieran producir resultados que viabilicen
salidas a los conflictos asociados a cada cuestión. Eso sigue siendo una
aspiración porque el atrincheramiento de los grupos enfrentados no permite la
gestión adecuada de los puntos divergentes. Los gobiernos y el liderazgo
nacional deben encontrar formas para avanzar en el diseño e implantación de
políticas públicas coherentes con los postulados constitucionales y las
expectativas de una sociedad en constante cambio.
Cerrar el debate o supeditarlo a los intereses de
grupos particulares no es la mejor opción, más bien, es la peor opción. Lo
correcto es crear espacios de diálogo para aclarar los conceptos y definir las
acciones partiendo de la necesidad de establecer políticas claramente definidas
para superar la violencia machista y feminista; cuestiones vinculadas a los derechos reproductivo, la violencia intrafamiliar y
cualquier otra forma de violencia o tendencia negadora de derechos. Son cuestiones que invitan a una reflexión dada la urgencia conque debe abordarse los asuntos referidos a la equidad de genero y la igualdad de derechos.
¿Por qué hay gente que se empeñan en equiparar o
confundir política de género con ideología de género?
Sabiendo que una política está conformada por
programas, proyectos, iniciativas o acciones diseñadas y ejecutadas por el
Estado para suplir servicios públicos y apuntalar el desarrollo en un área
determinada, queda claro, que el debate no concluye y que se requiere avanzar en la definición de líneas de políticas que ayuden a superar los rezagos que se evidencian. Esos ejes o líneas que dan forma concreta a las acciones e
intervenciones propuestas para cumplir con los mandatos legales y los planes de
desarrollo deben ser diseñadas con la participación de todos los entes involucrados o que expresen interés en las cuestiones planteadas.
El debate sobre políticas públicas incluyentes es
oportuno, pertinente y necesario. Aprovechar la estructura escolar y universitaria para promover temas esenciales que afectan la vida de la gente
es un imperativo ético en sociedades que aspiran a desarrollarse en un ambiente
de tolerancia, equidad, solidaridad y justicia social. Tanto las políticas como
los debates donde se discutan deben ser inclusivos y altamente participativos.
Crear una cultura de diálogo es fundamental. No se
puede temer a los procesos de cambio cultural, máxime en sociedades donde las
tecnologías de la información y la comunicación facilitan el intercambio de
información en tiempo real. Roto el horizonte temporal y superado el monopolio
informativo quedan abierta las puertas de acceso a todo tipo de información.
Aprovechar ese potencial democratizador de la información para generar
corrientes de opinión en temas claves marcará la diferencia en los procesos de cambio
cultural.
El Siglo XXI está marcado con el sello
transformador de los patrones de comportamiento humano dada la dinámica y el
activismo de las redes sociales. Es un cambio de época que exige comprensión,
tolerancia y capacidades para defenderse de la manipulación e imposición de
agendas ajenas al interés nacional o lesivas a los derechos fundamentales. El
reto es grande pero no asumirlo o rehuir solo agravaría los males y
distorsiones que hoy padecemos.
Construir una sociedad donde predominen el amor, la
tolerancia, el respeto y la comprensión exige que su liderazgo diseñe e
implemente las políticas que generen soluciones a problemas puntuales. El
sistema educativo es el espacio ideal, después de la familia, para crear un ser
humano con las capacidades que le permitan desenvolverse exitosamente en una
sociedad, abierta, plural, incluyente y tolerante.
