PROYECCIONES PARA ELECCIONES DE JULIO 5, 2020.

"En cualquier proceso donde  se imponga el poder del dinero, se suplanten los principios éticos y valores morales  se degrada la práctica política  y se corrompe la democracia". FDC/2020.

Tras una larga, intensa, costosa y bien organizada campaña electoral, la República Dominicana vuelve a las urnas el 5 de julio para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, así como senadurías y diputaciones. Es un proceso que debió celebrarse en mayo pasado, pero dada la pandemia de coronavirus fue necesario mover la fecha del certamen comicial.

Luego de una campaña desarrollada en medio de varias declaratorias de Estado de Emergencia, por el Covid-19 que afecta al país, y donde las propuestas de gobierno presentadas por los candidatos obviaron mandatos constitucionales referentes a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Llama la atención que ninguno de los candidatos que van a las elecciones del 5 de julio hablen del modelo económico que implementarán, lo que deja claro que seguirán montado en el moribundo y perverso neoliberalismo que fomenta la pobreza, depreda lo público y ahonda la desigualdad. No obstante, puede decirse que la campaña fue más tranquila y organizada que en procesos anteriores.

Las encuestadoras mostraron su peor cara al presentar resultados y sondeos que distan mucho de las ciencias probabilísticas. La Ley 15-19 de Régimen Electoral da a la Junta Central Electoral facultades para regular su accionar pero esta vez no se vio ninguna acción al respecto. Los números generaron encendidos debates tanto en redes sociales como en los partidos políticos.

Que firmas encuestadoras mientan y manipulen a los electores debiera preocupar a quienes defienden la transparencia electoral y la calidad de la democracia. Pareciera que la zafra electoral produce un efecto narcótico que turba la razón de quienes se dedican al negocio de vender percepciones. Con ese telón de fondo vamos a las elecciones.

Las elecciones se efectúan con un sistema de doble vuelta, donde se requiere que el ganador alcance el 50% más un voto. Todo parece indicar que a pesar de lo que datos arrojados por varias encuestas, ninguna de las fuerzas contendientes pasaría en primera vuelta, dado que hay que dividir los votos entre 6. Haciendo cuentas partiendo del histórico electoral las cosas quedarían más o menos así:

      PRM               45-48 %.

      PLD                35-38 %

      FP                  16-10 %

      PAP                02-03 %

      Otros              01-01 %

      Abstención.     25-30 %

Ese resultado obliga a ir a Segunda Vuelta y ahí Dr. Leonel Fernández tiene las llaves para decidir. Muchas encuestas han dado ganador al Partido Revolucionario Moderno, otras tantas dan ganador al Partido de la Liberación Dominicana.

En caso de una segunda vuelta, el Dr. Leonel Fernández tiene la disyuntiva de suicidarse apoyando al Partido Revolucionario Moderno, PRM, y sus enemigos de Sociedad Civil o apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD para mantener vivo su proyecto político y prolongar su vigencia como líder.

El Dr. Leonel Fernández y su gente saben que de ayudar al Lic. Luis Abinader a llegar a la presidencia implicaría un suicidio político, las bases lo acusarían de traición y lo castigarán. Las alianzas pautadas en las elecciones municipales de marzo pasado, serían una pista para futuros alineamientos en segunda vuelta.

De ganar el Partido Revolucionario Moderno su tarea es destruir al Partido de Liberación Dominicana y neutralizar al proyecto político que lidera el Dr. Leonel Fernández Reina para consolidar su poder como partido en el gobierno.

En el Congreso Nacional el reparto de puestos hará difícil que una fuerza obtenga mayoría aplastante. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ingresarán nuevos miembros. Pese a eso, se acentúa el predominio del conservadurismo y la calidad de la representación es un tema al que habrá que prestar atención.

Las fuerzas progresistas que han abandonado el proyecto y se han plegado perderán aunque ganen, porque no tienen programa propio, salvo el caso de Alianza País que pudiera mantener su vigencia a pesar de sus zigzagueos ideológicos.

Organizaciones Políticas y Junta Central Electoral han comprometido el futuro de la democracia dominicana al permitir que dinero sucio compre candidaturas, cargos y auspicie campañas electorales. La falta de controles es evidente. ¿Puede competir gente honesta en procesos donde se impone el dinero?

Así las cosas de cara a julio 2020 en República Dominicana. Es un proceso de alto interés para la debilitada democracia dominicana y el desacreditado sistema político. Es un proceso donde las derechas se ponen a pruebas, ya que son juez y árbitros.

El sufragio emitido en las urnas dirá quién acertó en los pronósticos y proyecciones. El pueblo pueblo ha visto como el poder del dinero ha suplantado a liderazgos que bien pudieran ser el faro que les guíe pero ante las debilidades institucionales de la Junta Central Electoral para aplicar la normativa y la irresponsabilidad del liderazgo político han cerrado las puertas a gente con vocación, solvencia moral y capacidad para servir al país.

Queda esperar que al margen de cualquier resultado, la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y que se preserven los derechos civiles y políticos del pueblo dominicano. La democracia dominicana no resistiría otro encontronazo con la transparencia y la legitimidad.

Es una elección más entre las tantas que ha tenido el país, después de la última gran crisis política de 1994, pero las fuerzas e interese enfrentados han polarizado de tal forma, que pareciera que ninguno está en disposición de perder. Persiste el fantasma de que  aquí, "el que no gana arrebata", así como las preocupaciones por los fraudes electorales sigue presente en el imaginario colectivo.

Segunda o Primera Vuelta, la gente que milita, simpatiza o vota por esas fuerzas merece respeto y consideración del liderazgo político. Fracasar ahora abriría compuertas que luego sería difícil cerrar. Gane quien gane se debe entender que el contexto y la coyuntura actual exige compromiso y responsabilidad de quienes se alimentan del erario a través de las organizaciones políticas.

Las fuerzas revolucionarias deben iniciar la acción organizativa y reflexión ideológica de cara al porvenir. Es evidente que pretender que aliados a derechas cuyo propósito es el poder por el poder, no es la ruta que deben seguir quienes aspiran a vivir en un mundo donde justicia social, cooperación y solidaridad sean normas, no excepciones.

Eso implica trabajo y compromiso construir una vanguardia revolucionaria que supere el tradicionalismo y eche a caminar las fuerzas liberadoras de las masas populares. Son esfuerzos que deben ser asumido con urgencia como forma de transformar el formalismo democrático electoralista en democracia funcional socialista.

Lo que viene es fuerte, dado que los resultados de las elecciones consolidarán el conservadurismo y afianzará el neoliberalismo en República Dominicana. Las propuestas exhibidas por quienes aspiran a dirigir el país apuntan en esa dirección.

Tras la culminación del proceso debe iniciarse un proceso de discusión entorno a las normativas político-electorales para evitar que dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción compren partidos, cargos y financien campañas. Ese debate debe ser abierto y plural. Lo observado en la zafra electoral que concluye es suficiente para entender las amenazas que se ciernen contra el sistema político y la democracia electoral.

El "éxito de las elecciones" depende de la cooperación del liderazgo que gestiona las organizaciones políticas y la capacidad de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene gran reto: hacer que el liderazgo político entienda que solo habrá un ganador por cada cargo. Es la lógica del juego democrática.

Concluye una campaña permeada por acusaciones de infiltración del crimen organizado el la política, uso de los recursos del Estado y cuestionamientos a la Junta Central Electoral por su incapacidad de imponer la ley; así como insistentes llamados de las instituciones de fe, líderes de opinión, organizaciones de sociedad civil y del empresariado a que se respete la voluntad del electorado, se acepte el resultado que emita la JCE y se garantice la transparencia del proceso comicial. 

La suerte está echada para quienes tienen apuestas en este proceso comicial, fundamentado en un sistema de doble vuelta. Quien obtenga o supere el 50+1 en primera vuelta u obtenga mayoría simple en segunda vuelta será el ganador de la presidencia. En el ámbito municipal la cuestión es a mayoría simple. 

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 15 DE MARZO: DIÁLOGO y RETOS INSTITUCIONALES.

"En los países donde el liderazgo político se coloca por encima de la normativa y los protocolos, no hay árbitro válido ni institución que funcione". FDC/2020

El próximo domingo 15 de marzo República Dominicana vuelve a las urnas para elegir a las autoridades municipales, luego de un intento frustrados el pasado 16 de febrero. Las organizaciones políticas y la Junta Central Electoral, JCE, están compelidas a realizar un proceso comicial con transparencia y legitimidad.

Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre las causas que provocaron el aborto electoral antes mencionado que ha sembrado dudas sobre las capacidades de la Junta Central Electoral para organizar elecciones. Conjeturas, especulaciones y desinformación atormentan el imaginario colectivo.

Protestas multitudinarias, cacerolazos, acusaciones y contraacusaciones han marcado la agenda durante un mes. Las organizaciones políticas de oposición acusan al gobierno y a la JCE, pero éstos niegan responsabilidad. Los pedidos de transparencia electoral, sanción para los culpables del boicot y renuncia del Pleno de la JCE matiza el tenso ambiente político que precede las elecciones municipales del 15 de marzo.

Las tensiones suben. Partidos y JCE electoral acuerdan pedir a organizaciones externas como OEA, IFES, UNIORES y otras para que investigue las causas que provocaron las "fallas o errores" en el Sistema Automatizado de Votación. Los resultados de las indagaciones perderá vigencia, ya que las elecciones preceden la entrega de resultados. Esas entidades son acusadas de intervencionistas y cuestionado su historial en procesos similares.

Tras una intensa presión de organizaciones sociales y políticas, se activa una mesa de diálogo político promovidos por el CONEP y otras entidades pertenecientes a los "poderes fácticos". De inmediato aparecen críticas y especulaciones en torno a la iniciativa.

Activan y convocan un diálogo en el Consejo Económico y Social, creado mediante Ley 142-15. Grupos políticos y dirigentes cuestionan la legitimidad del mismo y se niegan a participar. Convocan un diálogo paralelo donde participan jóvenes promotores de las jornadas de protestas y reconocidos opositores al gobierno.

La negativa de agrupaciones como Fuerza del Pueblo y expresidente Dr. Leonel Fernández, presagia el fracaso de las conversaciones. Las críticas del Dr. Fernández llaman la atención, ya que en sus gobiernos propició, el Diálogo Nacional, la Consulta Ciudadana por la Descentralización y la Consulta Ciudadana para la Reforma Constitucional.

De cualquier forma, un diálogo político en medio de una campaña electoral es difícil que prospere y esto se explica por los altos niveles de tensión y polarización políticas entre el gobierno y la oposición. Un diálogo debe producir compromisos y para el caso, el compromiso debe centrarse en el cumplimiento de los marcos normativos y los protocolos electorales.

Consensuar es difícil, pero en escenarios como el que vivimos es casi imposible, a pesar de los pronunciamientos mediáticos de "buena voluntad". El país está a la expectativa y espera que la alta inversión que hace el Estado en el financiamiento a las organizaciones políticas y en el montaje de las elecciones sea recompensado con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Muchos de los dialogantes no reconocen autoridad a la JCE, no respetan normativa electoral ni creen en la institucionalidad democrática. De ahí el presagio pesimista de que los procesos diálogos que desarrollan están condenados al fracaso. El diálogo es necesario pero luce inoportuno, dado los niveles de tensión política generada tras la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero.

En una sociedad donde el liderazgo se considera por encima de la institucionalidad y de las leyes no habrá árbitro válido. Aun así, hay que insistir en la búsqueda de respuesta a lo sucedido en febrero 16 y trabajar para que el 15 de marzo haya elecciones libres, trasparentes y diáfanas.

Es de rigor recordar que la Junta Central Electoral es el ente responsable de organizar, arbitrar y gestionar los procesos electorales en República Dominicana, tal y como manda la Constitución Política y la normativa político-electoral. Cualquier acción contraria o intento de suplantación, pervierte la normativa, debilitada la institucionalidad y corrompe la democracia.

Dicho lo anterior, queda claro que tanto las organizaciones políticas como la Junta Central Electoral tienen la obligación de garantizar un proceso electoral que devuelva la confianza de la gente en las elecciones, el liderazgo político. La JCE es producto de los consensos entre actores políticos y sociales que interactúan en el sistema político, por tanto, el reto es corregir el rumbo.

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben colocarse del lado de las soluciones y cooperar con la Junta Central Electoral en el montaje de los procesos comiciales. El sistema político y sus actores están inmerso en una aguda crisis de confianza. Apostar al fracaso de las Junta Central Electoral, boicoteando las elecciones del 15 de marzo es un suicidio y ellos lo saben.  

Para lograr el éxito esperado por la población dominicana, la Junta y los partidos deben tomar medidas drásticas y firmes para evitar la repetición de hechos que pongan en riesgo los resultados del certamen. El cumplimiento de la normativa los protocolos son electorales ayudará a reducir la desconfianza y minimizar los atentados contra el proceso.

Como los tropezones hacen levantar los pies, es necesario puntualizar algunas sugerencias para evitar que se repitan situaciones que comprometan la calidad, organización y transparencia del proceso comicial del 15 de marzo:

1. Desarme de activistas, simpatizantes y militantes, proclives a perturbar y generar situaciones que alteren el orden establecido en los protocolos instituidos para los procesos comiciales.

2. Responsabilizar al liderazgo local de las organizaciones políticas y a los equipos de campaña de los candidatos del control de la militancia.

3. Impedir, a toda costa, la comisión de delitos electorales especialmente, el reparto de dinero en las terminales de autobuses, compra de votos, chantaje, intimidación o cualquier intento de coartar el derecho al voto.

4. Comprometer al liderazgo político nacional a respetar los resultados electorales y la voluntad popular expresadas en las urnas.

5. Coordinar con las direcciones nacionales de los partidos el control de armas de fuego y de bebidas alcohólicas.

6. Las organizaciones políticas y los candidatos deben facilitar el trabajo de la Policía Electoral en los recintos de votación.

7. Impedir la aglomeración de personas en los centros de votación y/o en sus proximidades para evitar roces entre militantes.

8. Evitar que dirigentes, candidatos, militantes, activistas y simpatizantes perturben el trabajó de los centros de votación.

9. Instruir a los presidentes de mesas electorales para tomar las decisiones que entiendan pertinentes, para garantizar la transparencia del proceso eleccionario, aplicando los protocolos y normativas electorales.

10. La Junta Central Electoral debe aplicar las normativas y protocolos establecidos para los procesos electorales y las organizaciones políticas deben comprometerse a respaldar su trabajo y a reconocer los resultados.

Este decálogo no es exclusivo ni excluyente, pero puede contribuir a la reflexión sobre los compromisos del liderazgo político y la Junta Central Electoral en las elecciones del 15 de marzo. La intención es que las partes involucradas en el proceso comicial den al país las garantías de que la voluntad popular será respetada.

El montaje de las elecciones es un reto para la institucionalidad político electoral que pone a prueba, una vez más, las capacidades gerenciales del liderazgo político y al Pleno de la Junta Central Electoral. La JCE tiene la obligación de hacer cumplir el mandato constitucional de “organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes”.

POSPOSICIÓN y CRISIS TRAS FALLIDAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 16-F-2020.

"Para obtener respuestas correctas, hay que hacer preguntas objetivas a

protagonistas concretos. Tras el boicot electoral de F16-2020, hay respuestas que no se obtendrán porque no se están haciendo las preguntas correctas a la gente indicada". 

La abrupta suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo 16 de febrero de 2020, hecho sin precedentes en la historia política dominicana, ha desatado un torbellino de conjeturas y especulaciones. Hecho que amerita un análisis crítico, profundo y objetivo. Es una labor de buzo, no de surfista. Hay que ir a las profundidades del turbulento mar de la política vernácula para sacar las respuestas que expliquen lo sucedido. 

Partiendo del hecho real e incuestionable de que hubo una conspiración y un sabotaje a las elecciones, quedan abierta las líneas de análisis sobre el espinoso tema que pone entredicho tanto la capacidad logística y operativa de la Junta Central Electoral como disposición de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo 216.

La suspensión de las elecciones ha generado una ola creciente de protestas, donde paradójicamente participan actores que están comprometidos con mantener la estabilidad del sistema político y evitar la alteración de la paz social. Ojalá fueran sinceras los pronunciamientos de quienes claman por transparencia sin haber saldados cuentas con el pueblo dominicano. La acción de grupos de jóvenes que exigen sanciones, transparencia y democracia es loable, pero deben cuidarse de quienes aprovechan para pescar en mar revuelto.

Es curioso ver a gente que vive de la política subsidiada por el Estado se ha puesto del lado del liderazgo juvenil y organizaciones sociales que han ido a Plaza de la Bandera a pedir la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y sanción para los culpables. Con esa acción buscan alejarse de las complicidades y culpabilidades que pudieran tener.

A esas movilizaciones se suman dirigentes políticos de oposición que acusan al presidente de la República de ser el responsable del fracaso de las elecciones y de orquestar un fraude para favorecer a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Esos mismos dirigentes participaron en reunión maratónica con la JCE electoral y aceptaron la fecha propuesta por el ente rector del sistema político-Electoral para realizar elecciones el 15 de marzo. Nada claro por el momento. Mucha especulación y un panorama social permeado por las crecientes protestas que se escenifican en todas las partes del país. 

El 27 febrero, Día de la Independencia Nacional, 13 organizaciones políticas realizaron un mitin que terminó en el Parque Independencia donde se leyó una propuesta reclamando diálogo y consenso para garantizar transparencia en las elecciones del 15 de marzo. Pareciera que las pretensiones de esos grupos es romper el orden institucional y generar un caos que de al traste con la frágil institucionalidad democrática.

Se ha dicho que las protestas, que iniciaron con decenas de jóvenes, que hoy son miles en la Plaza de la Bandera es apolítica y solo busca defender la democracia, exigiendo el respeto a la voluntad popular. Sin embargo, se ha visto a connotados dirigentes políticos arengando y apoyando el movimiento y es entendible, dado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental.

Que sean espontáneas las manifestaciones de rechazo al Pleno de la Junta Central Electoral por los fracasos que se le atribuyen es normal pero no puede ser neutral. Es difícil imaginar una lucha política sin políticos dirigiendo. Las crecientes protestas que se extienden por todo el país tienen dirección e intenciones. Están ejerciendo un derecho fundamental, pero su liderazgo debe estar pendiente para evitar distorsiones.

Si se compara lo que se vive en República Dominicana, tras las fallidas elecciones, se pueden encontrar similitudes en los casos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Procesos saboteados que dan origen a protestas generalizadas, que muchas veces son financiadas y apoyadas por sectores que buscan imponer agendas o derribar gobiernos. 

Sea lo que fuere, el domingo 16 de febrero, se interrumpió un proceso donde estaba en juego la renovación de los gobiernos locales. Fallas en el Sistema de Voto Automatizado provocaron una serie de inconvenientes que llevó a la Junta Central Electoral y al liderazgo político a suspender las elecciones a 4 horas de haber iniciado. Acusaciones de sabotaje, hackeo, intento de fraude, entre otras calificaciones matizan el discurso político tras el fiasco.

Un raudal de opiniones recorres las redes sociales y los medios de comunicación. Una protesta creciente y un llamado a nuevas elecciones mantienen en vilo a la sociedad dominicana. Sectores empresariales, religiosos y políticos llaman a la mesura y al respeto de la institucionalidad democrática y a los protocolos establecidos en el marco normativo. 

Con la suspensión de las elecciones, el pueblo dominicano pierde la astronómica suma de 14 mil millones de pesos. Rearmarla pudiera costar un precio similar. Eso confirma, reflexiones hechas por este servidor, “que la democracia dominicana es cara y deficiente”. El financiamiento público de las organizaciones políticas reconocidas no puede ser echado al zafacón, debe traducirse en mejoras de la institucionalidad democrática.

Las protestas toman fuerza y definen su agenda. Gobierno, liderazgo y la Junta Central Electoral deben responder a quienes piden cuentas del frustrado proceso electoral del domingo. Tienen que evitar que se produzca un escalda que de al traste con la institucionalidad. 

Algunas preguntas para colocar la crisis política en perspectivas.

• ¿Quiénes son los responsables intelectuales del boicot electoral y del hackeo del Sistema de Voto Automatizado?

• ¿Quiénes tienen capacidad técnica y razones políticas para abortar un proceso electoral?

• ¿A quién convenía la frustración del proceso comicial y cómo afecta a la democracia?

• ¿Investigarán a los cabezas de partido sobre lo acontecido el domingo pasado?

• ¿Cuáles son los sectores involucrados en las acciones delictivas que truncaron las aspiraciones de elegir del pueblo dominicano?

• ¿Cómo interpretar el silencio de la embajadora de los Estados Unidos en el país ante la crisis desatada tras la suspensión de las elecciones?

• ¿Qué harán la JCE y el liderazgo político para rescatar su mellada credibilidad y generar confianza tras la andanada de acusaciones que caen en su contra?

• ¿USA, OEA, USAID e IFES desconocían la logística del proceso y las supuestas debilidades del Sistema de Voto Automatizado?

Esta y otras preguntas quedan a espera de respuestas, dado el alto interés concitado en la población y la polarización que se evidencia. El gobierno tiene un reto de garantizar el derecho a la protesta y preservar el orden público. La Junta Central Electoral y las organizaciones políticas deben trabajar para que las elecciones pautadas para marzo y mayo transcurran dentro de los protocolos establecidos.

Apostar al caos social, al descrédito de las instituciones y a la desestabilización política es una apuesta que no conviene a las fuerzas políticas que fungen como accionistas del sistema electoral dominicano. Lo inteligente y sensato es trabajar para superar la crisis, evitando romper el orden institucional, salvo que no se entienda que “cuando se agravan las contradicciones de clases, se crean condiciones objetivas para la revolución”.

Partidos y candidatos deben ser prudente y gestionar las emociones apropiadamente. Tras las "fallas técnicas" generalizadas que colapsaron el sistema  de voto automatizado y abortaron el proceso comicial, se observa como líderes de opinión, candidatos y dirigentes políticos hacen llamados temerarios a tomar las calles. Madurez, prudencia y sensatez deben pernear las línea operativas del liderazgo para crear institucionalidad.

A las fallas en el sistema automatizados de votación se suman a la falta de compromiso del liderazgo político para montar la transparencia e idoneidad del evento comicial. No cuidar las elecciones y apostar a su fracaso puede comprometer el futuro de la democracia.

Pareciera exagerado, pero hay indicios de que sectores están interesados en aplicar una estrategia de golpe suave. Desacreditar al árbitro electoral, activar la acción colectiva y desconocer resultados electorales para que se abra vía al intervencionismo. Como es sabido, USA, OEA, USAID e IFES están bailando en el lío electoral dominicano y su historial es conocido.

Concluyendo, tanto la Junta Central Electoral, como fuerzas políticas y su liderazgo deben estar del lado de las soluciones. Sembrar dudas, manipular y distorsionar no ayuda. El sufragio es un derecho fundamental: coartar, entorpecer, condicionar, comprar o vender voto es delito que debe ser sancionado.

Los grupos que exigen transparencia electoral, renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y elecciones libres y transparentes, deben incluir en su catálogo la rendición de cuenta de los partidos políticos. Pedir que expliquen en qué y cómo invierten los recursos que le asigna el Estado y reclamar compromiso y respeto a la institucionalidad y a las leyes.

El fiasco electoral del 16-F, tiene responsables y cómplices, claro que los hay, pero además de la Junta Central Electoral y quienes abortaron el proceso comicial, están las organizaciones políticas que son las beneficiarias de los jugosos beneficios que genera el gestionar una organización política reconocida. La democracia subsidiada por el Estado, vía organizaciones política se ha convertido en un rentable negocio.

La investigación debe establecer las responsabilidades para que se apliquen las sanciones que correspondan. El sabotaje, boicot o como se llame es un acto de terrorismo electoral bien orquestado y con propósitos claramente definidos. No es una falla técnica o un error humano. Es una acción pensada y planeada para que se de lo que se dio

Ningún país puede renunciar a su capacidad institucional para investigar infracciones, delitos o crímenes electorales. Llama la atención que el gobierno dominicano pide a la desacreditada Organización de Estados Americanos, OEA que investigue el boicot electoral del pasado 16 de febrero. Esa acción no está prevista en la normativa y por tanto es ilegal. 

En el peor de los escenarios OEA, puede facilitar la mediación, nunca entrar a investigar suplantando las responsabilidades del Estado dominicano y sus instituciones. Las acciones del Ministerio de Colonia de los Estados Unidos son claras y comprometedoras. Su último zarpazo lo dio en Bolivia donde certificó el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. ¿Qué esperan de esta entelequia?

Apostar a que OEA haga una investigación seria sobre lo sucedido el domingo en el país es una utopía. OEA es una institución que tiene apuestas en esta partida y el desprestigio que ha acumulado a lo largo de su accidentada historia la descalifica para ser árbitro.

Se sabe que la historia electoral dominicana está plagada de "fraudes, errores humanos, fallas técnicas, inconsistencias y fallos históricos", por consiguiente, las fallas no son técnicas, ni exclusivas del voto automatizado. ¿Pretenden endosar a la tecnología la malicia o incompetencia de quienes la gestionan? No señores, no.

Al margen de cualquier especulación, manipulación o conjetura la investigación debe arrojar resultados convincentes y concretas. No se trata de un cumplido, sino de un esfuerzo por recuperar la deteriorada imagen de las organizaciones y el liderazgo político de un lado, y la Junta Central Electoral del otro.

La condenable acción de terrorismo electoral es una muestra de la necesidad de transformar la institucionalidad electoral, abriendo paso a un proceso de reforma que quiten el control de las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral y las deje como lo que son, instituciones de derecho público, sujetas a normativas específicas.

La tradicional y conformista frase de que “el tiempo dirá” no aplica a la crisis que enfrentamos. Es un momento crucial para la historia política dominicana que debe ser abordado con la madurez que exigen las circunstancias. Se requiere que el liderazgo asuma su responsabilidad en esta situación y se comprometa a prevenir hechos que amenacen la transparencia e idoneidad de los procesos electorales.

Tras el fracaso de las elecciones municipales y la suspensión mismas, la Junta Central Electoral está obligada a aclarar lo sucedido. Investigarán y encontrarán justificaciones, culpables y excusas, pero se conspiró contra el proceso. Se apostó al descrédito de la Junta Central Electoral, JCE. El ente rector de los subsistemas de partidos y electoral, perdió la capacidad de gestionar el proceso desde que se impuso el transfuguismo. Quienes siembran vientos cosechan tempestades. 

Organizaciones políticas, liderazgo, gobierno y JCE tienen la obligación de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y cuiden sus activos políticos. ¡No inventen, señores, no invente!

CLARINADA JUVENIL, PERSPECTIVA POLÍTICA y COYUNTURA ELECTORAL 2020.

 “Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias”. Juan Pablo Duarte.

Sonó la clarinada juvenil y el mundo lo ha escuchado. Miles de jóvenes se han levantado contra el modus operandi de la clase política dominicana, el deterioro institucional, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública. Lo que se ha visto, es una acción que dista de la tradicional forma de lucha social conocida en el país.

El 16 de febrero de 2020 quedará estampado en la memoria del pueblo dominicano, especialmente, en la de la juventud progresista. El pueblo fue llamado a elecciones para renovar el liderazgo directivo en los gobiernos locales. El proceso inició y se perfilaba como exitosa.

En un hecho sin precedentes, la Junta Central Electoral y el liderazgo político suspendieron las elecciones municipales. Tras múltiples fallas del Sistema de Voto Automatizado se produce la traumática y preocupante suspensión. Sectores vinculados a la oposición han expresado su desconfianza con el Sistema de Voto Automatizado desde las Elecciones Primarias Simultáneas del 6 de octubre de 2019.

A esto se suma, la andanada de acusaciones contra la Junta Central Electoral, a cuyos integrantes se le acusa de incapacidad y parcialización con el partido de gobierno. A pesar de que la elección del Pleno de la JCE es realizada desde el Congreso Nacional, donde hay representación de varias corrientes políticas. Desacreditar un árbitro electoral genera desconfianza y crea las condiciones para invalidar cualquier decisión que surja del mismo.

La oposición política acusa el gobierno de haber fraguado un plan para abortar el proceso. El gobierno negó las acusaciones, expresando que no hay razones lógicas ni políticas para incurrir en una acción de esa envergadura. El Partido de la Liberación Dominicana, habló de un sabotaje que provocó fallas en el sistema que dio al traste con el proceso electoral.

La población quedó en shock por el inusitado anuncio de la Junta Central Electoral, dado que ya había sufragado una cantidad considerable de electores. A pesar de las dificultades con el Sistema de Voto Automatizado la gente intentaba votar. Cabe recordar que gran parte del país no usaba este sistema, sino la tradicional boleta. Ahí, no hubo problemas que comprometieran la transparencia y calidad del proceso comicial.

Esa suspensión provocó un rechazo generalizado de sectores de oposición, candidatos y líderes políticos y hacedores de opinión. Las discusiones giraban en torno a las razones que provocó la suspensión de las elecciones municipales. Unos hablan de posibles errores humanos, debido a incapacidad del personal de la Junta Central Electoral, otros lo atribuyen a fallas técnicas del Sistema de Voto Automatizado.

No faltan quienes hablan de sabotajes, bloqueo de las elecciones y hasta de hackeo del Sistema de Voto Automatizado. Sin importar las causas e intenciones, el proceso fue abortado y las elecciones suspendida. Tras la crisis se abrió una investigación donde fue apresado el técnico de la telefónica Claro-RD, y un coronel de la Policía Nacional al servicio de la escolta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

Entre quejas, reclamos, conjeturas, especulaciones, descalificaciones, acusaciones y contra-acusaciones se han ido definiendo la agenda electoral y la ruta hacia el 15 de marzo, fecha establecida para la realización de las frustradas elecciones. Sectores políticos acordaron la fecha con la JCE, así como la posposición del frustrado proceso del 16 de febrero.

La juventud dominicana pide respuestas de lo ocurrido a la Junta Central Electoral y exigen que la clase política entienda que deben colocar los intereses del país por encima de los caprichos e intereses de las élites privilegiadas. Exigen que se gobierne con la gente, por la gente y para la gente. Entienden que se ha vulnerado su derecho y atentado contras sus expectativas de cambio.

Miles de jóvenes y no tan jóvenes se han concentrado durante 7 días en la Plaza de la Bandera, frente la Junta Central Electoral. Líderes políticos y activistas sociales levantan banderas y reclamando respeto, transparencia y compromiso electoral.

La juventud ha desarrollado una intensa y loable jornada cívica para rechazar, lo que consideran, acciones que pervierten el orden institucional y erosionan la confianza en clase política y la Junta Central Electoral. El liderazgo político ha sido advertido de que la acción colectiva será activada ante los comportamientos abusivos de la clase política. Razones sobran para la indignación.

 Pedir mejoras para superar las debilidades de democracia desde la democracia es una acción necesaria y justa.  La juventud debe asumir la vanguardia de la lucha social, política y cívica. Estamos viendo un despertar de la juventud y eso es un factor que debe alertar al liderazgo progresista y revolucionario a buscar formas alternativas de comunicarse con las masas. De no hacerlo, el rédito político de esas luchas pudiera ser canalizadas por sectores conservadores y ultraconservadores.

Las jornadas de protestas han incluido una crítica e intensa actividad en redes social y medios de comunicación, así como, cacerolazos, manifestaciones continuas en Plaza de la Bandera. La presión popular llevó al gobierno a buscar apoyo de la Organización de Estado Americanos, OEA para que asuma la investigación, por encima de las atribuciones de los Fiscales Electorales establecidos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral. ¿Qué puede hacer la desprestigiada y desvencijada OEA para esclarecer una cuestión de política interna?

El pueblo ha perdido la confianza en las instituciones y en el liderazgo político, y eso son indicadores preocupantes. Preocupa porque la apuesta debe ser a transformar el formalismo democrático electoral en una democracia funcional socialista. Eso requiere transformar el sistema político e impulsar un proceso de desarrollo y modernización político para crear una institucionalidad funcional y transparente.

Los costos de esta democracia son insostenibles bajo el esquema actual. El frustrado proceso comicial costó más de 14 mil millones de peso. Una cifra descomunal para una sociedad llena de carencias y necesidades. Es cara y deficiente y contra eso se levantan los jóvenes y quienes le acompañan en su justa y necesaria respuesta al abuso y el irrespeto contra la voluntad popular.

Tras las frustradas elecciones del domingo 16 de febrero quedan pendiente preguntas estratégicas y preocupantes, entre las que caben citar: ¿Quién tenía capacidad técnica y razones políticas para boicotear el proceso comicial? ¿Cuál sector sale perjudicado y quién pudiera beneficiarse de tal boicot? ¿Quién o quiénes son los responsables de abortar el proceso electoral municipal?

La clarinada juvenil ha sonado con fuerza huracanada y ha despertado las esperanzas en un cambio en la cultura política dominicana. En las diversas pancartas se expresa rechazo a la corrupción, el caudillismo, el clientelismo y el asistencialismo. Es una clarinada que coloca en perspectivas el activismo social de la juventud que una de su pancarta afirma: “Se metieron con la generación equivocada”.

¿A quiénes se refieren? ¿Van contra todos? El curso de la historia dirá cómo terminarán las apuestas de una generación que acciona en una coyuntura electoral específica y sin un plan, que vaya más allá de las consignas y de las expresiones de justa indignación por lo que entienden fue una especie de intolerable estafa política.

La perspectiva política queda marcada por la valerosa acción de la juventud que ha roto el tradicional conformismo de la clase media. Ha dicho basta y echado a andar. Han hecho sonar las alarmas de un sistema político que no resiste más parches y ha advertido al liderazgo político que no tolerarán acciones contrarias al marco normativo o que perturben el interés nacional.

Esa acción responsable de la juventud dominicana en un contexto político complejo como el que se vive en el país. Los resultados de la actual coyuntura electoral quedan condicionados por los reclamos de transparencia y participación de la juventud progresista. ¿Cómo aprovechar la indignación juvenil para replantear la estrategia progresistas y revolucionarias?

La activación de la acción colectiva por parte de movimientos sociales y la juventud progresista debe servir para transformar y hacer avanzar el sistema político, no para retroceder o neutralizar el desarrollo político. Las movilizaciones no pueden ni deben ser una moda o una acción emocional, debe ser una acción racional, planeada y coordinada.

La coordinación del movimiento cívico juvenil ha rechazado participación del liderazgo político tradicional en las manifestaciones y ha dejado ver su descontento con las pretensiones de algunos de infiltrar las manifestaciones. Esa perspectiva puede servir para medir el rechazo que tienen ciertos liderazgos y plantea la necesidad de establecer perfiles políticos que generen confianza.

Tras lo ocurrido el pasado 16 febrero quedan más preguntas que respuestas y seguramente habrá que esperar la evolución del las investigaciones. Investigarán y tal vez encuentre las causas de las fallas que provocaron el colapso del Sistema Automatizado de Votación, pero el daño al sistema político está hecho. Restaurar la confianza en la Junta Central Electoral constará mucho y realinear la institucionalidad política otro tanto.

Organizaciones políticas, liderazgo, gobierno y Junta Central Electoral tienen la obligación de parar la escalada en las crisis desatadas tras la suspensión de las elecciones municipales. No llamen el lobo, porque puede llegar. Aclárense y cuiden sus activos políticos. ¡No inventen señores, no inventen!

REFLEXIONES SOBRE GERENCIA Y MARKETING POLÍTICO.

Se puede estar informado de acontecimientos, pero también del saber. Aun así, debemos puntualizar que información no es conocimiento, no es saber en el significado heurístico del término. Por sí misma, la información no lleva a comprender las cosas: se puede estar informadísimo de muchas cuestiones, y a pesar de ello no comprenderlas. Es correcto, pues, decir que la información da solamente nociones”.

Geovani Sartori.

La gerencia y la comunicación política; así como el marketing político y electoral aportan herramientas que bien empleadas pueden dar excelentes resultados. De ahí que quienes asesoran a candidatos deben conocer los marcos normativos que rigen las políticas públicas para que puedan orientar el diseño de propuestas concretas en cada tema y armar un relato bien fundamentado.

Para aspirar a un cargo de elección popular no es necesario estudiar Ciencias Políticas o ser especialista en ninguna de las áreas del saber, pero sí es importante conocer las funciones y características del cargo al que se aspira. Buscar asesoría para facilitar la elaboración de propuestas es fundamental.

Es tradición en la política dominicana que las organizaciones políticas descuiden la formación de sus miembros y prefieran buscar gente que le ayude a financiar las costosas campañas electorales. En ese afán, olvidan que el marco normativo les obliga a presentar programas y cumplir una serie de requisitos previo a la aprobación de una candidatura.

Hoy, que las redes sociales imponen el ritmo de las campañas políticas, las propuestas tienen que ser claras, específicas y realistas. Eso hace que quienes se postulen requieran el apoyo de gente entendida en materia de política y conocedor de los marcos normativos.

Programas pobres o inexistentes, desconocimiento de la dinámica institucional y discursos alejados de las funciones a las que aspiran son tan frecuentes que pareciera que partidos, técnicos, asesores y candidatos compiten en ignorancia. Que se intente manipular con intención de ganar simpatías sin tener conciencia del impacto de esta práctica en las estrategias de marketing implementadas es un ejercicio vano y riesgoso.

Ojalá las organizaciones políticas y su liderazgo prioricen la formación de sus miembros para fortalecer la democracia y legitimar el sistema de partidos. Es importante que la gente pueda conectar con las propuestas para que se abra un debate sobre los temas claves.

Las funciones de los cargos están establecidas en la Constitución y las leyes; pero hay tantos cruces en las pocas propuestas que se observan que perturban a quienes se dedican al estudio de las Ciencias Políticas. Preocupa el descuido sobre la formación política. De poco sirve que estén en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos si el liderazgo no lo asume.

La formación política no es un gasto, es una inversión que debe traducirse en la transformación de la sociedad dominicana y de las instituciones que la gestionan. La tendencia a la política como espectáculo ha provocado una fisura profunda en la confianza de la gente en las organizaciones políticas que pone en riesgo su existencia. La crisis que vive el sistema se debe entre otras cosas a los comportamientos del liderazgo.

Competir por un cargo debe ser una oportunidad para debatir propuestas de solución a problemas concretos y plantear alternativas de modelos de desarrollo. Insistir en hacer política sin conocer las responsabilidades que implica la función pública, no solo pone en riesgo la calidad de democracia sino también, la que se compromete el sistema de partidos.

La Constitución Política de República Dominicana, la Estrategia de Desarrollo (Ley 1-12), la Ley del Distrito Nacional y Los Municipios; así como la Ley que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, la Ley de Función Pública, el Sistema Nacional de Control son normativas de conocimiento obligatorio para quienes deciden incursionar en política.

¿Cómo se explica que la gente aspire a dirigir sin conocer las responsabilidades del cargo al que aspira? No es suficiente el principio general de la gente tiene derecho a elegir y ser elegido. Es necesario prepararse para realizar una función público apegada a los marcos normativos y a las necesidades de la gente.

¿Por qué las organizaciones políticas, los candidatos, sus técnicos y sus asesores prefieren trabajar sobre cuestiones abstractas propias del marketing político mal entendido, en vez de concentrarse en las propuestas, perfiles y legitimidad social de quienes aspiran? Evidentemente, que la vídeo política hace del candidato un producto y sobre esa base, se establecen las estrategias para “vender” candidatos, no propuestas.

El reto es superar la pereza intelectual que afecta al liderazgo político, los aspirantes a cargos electivos y quienes fungen como asesores. Entender las lógicas del marketing político implica saltarse los muros del facilismo y acercar las propuestas a la gente. Eso no quita fuerza a la función de asesoría, al contrario, beneficia al candidato, a la organización y a la política misma.

Quienes quieran dar una buena asesoría deben cuidar los aspectos éticos de su función y trabajar en base a los parámetros que ayuden a las candidaturas en la interacción con el electorado potencial. Mentir es fácil, pero sostener falacias es imposible en tiempos de redes sociales. Recurrir a la manipulación y la tergiversación puede dar resultados momentáneos, pero es un error estratégico.

Se impone una reflexionen profunda sobre aspectos estratégicos de la gestión política para avanzar en la cualificación de la democracia y adecentar la práctica política. Insistir en que el accionar en política implica servir desde el cargo, no servirse del cargo. Mejorar la imagen del liderazgo político, transformar la institucionalidad democrática y reivindicar la política como forma de interacción social es un reto al que no se puede renunciar.

¿Aceptan el reto?