REORGANIZAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPETANDO LA INSITUCIONALIDAD.

El proceso de Reforma y Modernización del Estado en República Dominicana tuvo su momento cumbre en la última década del Siglo XX y en la primera del Siglo XXI. Así se observa en los Lineamientos y el Programa de Reforma y Modernización del Estado desarrollado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, trasformada posteriormente en Consejo Nacional de Reforma del Estado, a partir del 2002.

Los ejes principales se orientaron al fortalecimiento del sistema político-electoral, creación de mecanismos de participación ciudadana y la equidad de género, la lucha contra la corrupción, reforzamiento de la institucionalidad pública, reorganizar la arquitectura institucional, automatización de procesos, eficientizar la oferta de bienes y servicios, mejorar las prácticas gerenciales y agilizar trámites administrativos; así como fortalecer los procesos de descentralización de la administración pública y la búsqueda de mecanismos que propicien la transparencia y el combate a la corrupción.

Los avances quedaron plasmados en diversos documentos técnicos y normativos que sirvieron de sustento a una institucionalidad renovada impulsada por una dinámica política de corte neoliberal apuntalada por tendencias vinculadas al Neoinstitucionalismo y Nueva Gestión Pública. Ambos enfoques, aunque contradictorios, se complementan como tendencia. Los procesos de reforma compartían una agenda impulsada y apoyada por varios organismos internacionales y cubrieron a toda la región Latinocaribeña.

Reformas político-electorales e institucionales que, en su mayoría, quedaron truncas por los cambios de enfoque y las agendas priorizadas por los gobiernos que han dirigido el Estado durante los últimos 30 años. Modernizar, profesionalizar e institucionalizar la Administración Pública es fundamental para garantizar políticas públicas eficientes, pero se debe evitar la duplicidad, la dispersión de esfuerzos y dispendio de recursos.

El Estado en general y la administración pública en particular, experimentaron una transformación que removió los sistemas obsoletos e ineficientes. Empujados por la revolución tecnológica y de la transparencia, el debate en torno a la reforma logro involucrar a diversos sectores que aportaron su experiencia y expresaron sus expectativas en múltiples seminarios, conversatorios, congresos y charlas.

El Estado y la Administración Pública fueron impactados por esa dinámica. Y al calor de los debates, tanto legislativo como institucionales, se transformaron las Secretarias de Estado en Ministerios. Los cambios han ido acompañados de cambios en la organización territorial y del marco normativo que sirven de sostén a la arquitectura institucional existente.

En la mayoría de los ejes priorizados se avanzó significativamente. Se diseñaron estrategias para la capacitación del funcionariado público y la institucionalización de la función pública, se instalaron cientos de Oficinas de Acceso a la Información, tanto en los ayuntamientos como a nivel central, se encaminaron acción para fortalecimiento institucional y se habilitaron espacios para incorporar a la gente a la gestión municipal; así como la automatización de servicios y procesos administrativos. En el caso de los gobiernos locales, se potenció la creación de mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la institucionalidad y transparentar la gestión municipal.

La historia del proceso de reforma y modernización del Estado es larga, accidentada y compleja, pero ha ido creando una dinámica donde participa una diversidad de actores que han dado forma a la institucionalidad que tenemos. Esas ganancias deben preservarse, mejorarse y profundizarse. De ahí la improcedencia de fusionar ministerios cuya misión está claramente establecida y legitimada con trabajos que recompensan la inversión que se hace en ellos.

La agenda de Reforma y Modernización del Estado, especialmente la efectuada, tras la eliminación del Consejo Nacional de Reforma del Estado en 2012, no satisface las expectativas de un Estado definido como “Social y Democrático de Derecho”, por lo que se requiere ajustes, pero no bajo la lógica que se ha propuesto.  Sumemos a eso, la falta de continuidad en las políticas de Estado, en materia de gestión pública. Queda pendiente la realización de un estudio sistemático de la vasta documentación que resume más de 30 años. Eso sería un esfuerzo colosal, riguroso y técnicamente exigente.

Actualmente, tras visiones gerencia listas y enfoques reduccionistas del Estado, se pretende revertir mucho de los avances alcanzados, algunos que ya son leyes que sirven de base a instituciones y a procesos consolidados. Tal es el caso de la pretendida integración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología al Ministerio de Educación. Llama la atención que esos y otros cambios cuentan con la anuencia del Ministerio de Administración Pública que es producto del mismo proceso de transformación y adecuación de la administración pública.

El proceso de Reforma y Modernización del Estado exige un liderazgo visionario y bien formado, solvente moralmente y comprometido. Implica además, decisiones políticas, coordinación interinstitucional, recursos económicos, herramientas tecnológicas, capacidades profesionales y participación activa de la gente. Las acciones desarrolladas y las pretendidas fusiones distorsionan y debilitan la institucionalidad.

Desmantelar un ministerio solo se justifica, si la misión que se le asigna contraviene el marco normativo y misional que fundamentan la organización del Estado. En los casos referidos anteriormente no es así. cada ente tiene y cumple funciones y objetivos que están referenciados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las leyes que rigen a cada una de las dependencias involucradas.

De consumarse las acciones de fusión sugeridas por el MAP en el Programa de Reformas, estaríamos ante una reforma regresiva e improcedente cuyo impacto sería altamente perjudicial para la institucionalidad pública. Bien haría en invertir tiempo y recurso en reorganizar la administración pública, eliminando las instituciones que claramente interfieren en el ámbito de otras dependencias, a contrapelo de la Ley de Administración Pública y otras normas.

Aunque se quiera justificar como un esfuerzo para reducir gastos, reorganizar y eficientizar la gestión pública, las evidencias empíricas dejan ver la improcedencia de las acciones. Los Ministerios deben reformarse y actualizarse, pero si se quiere reducir costos deben empezar eliminando o fundiendo las instituciones que se solapan o interfieren con mandatos y misiones de otras.

Es improcedente e inoportuno, asociar las funciones del Ministerio de Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. En términos prácticos, se está eliminando al ente responsable del diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, entre otras funciones claves para garantizar la eficiencia del gasto público. Técnicamente improcedente y políticamente incorrecta, las acciones propuestas dejan en el aire gran parte de la agenda de reforma y modernización, colocando al país en la línea del retroceso institucional.

Los esfuerzos por eficientizar, reorganizar, desconcentrar, descentralizar, modernizar, transparentar e institucionalizar la administración y la función pública deben sustentarse técnicamente. Tiene que servir para agilizar los procesos y procedimientos instituidos, orientando esfuerzos y recursos para garantizar la calidad de los servicios públicos.

La Reforma y Modernización apunta a la transformación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento político. Esas corrientes reformistas pueden servir para mejorar algunos aspectos, pero lo ideal es impulsar procesos de transformación de la cultura política y la superación del analfabetismo cívico. Es la única forma de cualificar la representación política y la democracia, del nivel que sea.

La planificación y el seguimiento a las políticas públicas requiere una institución que centralice la validación técnica de los programas, proyectos, iniciativas y planes que ejecutan las instituciones públicas. Esa esa misión la desempeñó eficientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hasta que a alguien se le ocurrió desmantelar esa entidad. 

Las relaciones de Estado son las interacciones políticas, jurídicas y diplomáticas entre diferentes unidades estatales y con otros actores nacionales e internacionales. Se pueden clasificar en distintas categorías dependiendo del ámbito en el que se desarrollan. Son complejas y abarcan distintos niveles, desde la organización interna hasta su interacción con el mundo. Su estructura depende del sistema político, la estabilidad del gobierno y los intereses estratégicos de cada país.

Los Estados, como sujetos de derecho internacional establecen relaciones con sus pares; así como alianzas. Además, asumen compromisos que superar temporalidad de un gobierno y ejercen su diplomacia basada en los intereses del Estado, pero permeado por la ideología. De ahí que se pueda hablar de relaciones de Estado y relaciones de gobierno. Las reflexiones expuestas aquí, son una invitación para resignificar los fundamentos de ambas categorías.

Las relaciones exteriores son un pilar fundamental en el desarrollo y estabilidad de los países. La capacidad de un Estado para negociar, cooperar y defender sus intereses en el ámbito internacional determina su posicionamiento global. Con un mundo en constante transformación, los países deben adaptarse a nuevas dinámicas geopolíticas y fortalecer su diplomacia para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

La política exterior basada en el Estado es fundamental para garantizar estabilidad y previsibilidad en las relaciones internacionales. Sin embargo, la influencia de los gobiernos es inevitable y, en algunos casos, necesaria para responder a cambios globales. La clave está en encontrar un equilibrio entre la continuidad estatal y la flexibilidad gubernamental, asegurando que las decisiones en política exterior sean consistentes con los intereses nacionales a largo plazo.

Las Relaciones Exteriores de un país abarcan el conjunto de interacciones políticas, económicas, diplomáticas y culturales que mantiene con otros Estados y organismos internacionales. Estas relaciones son fundamentales para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la proyección de la influencia geopolítica de una nación en el mundo.

Los fundamentos teóricos de la política exterior se basan en diversas corrientes de pensamiento dentro de las Relaciones Internacionales, la Diplomacia y la Ciencia Política. Si bien la política exterior basada en el Estado busca continuidad, los gobiernos pueden influir en su enfoque debido a la dinámica política interna. Todo depende si se asume, una relación de Estado o una relación de gobierno. La diplomacia se facilita cuando se priorizan las políticas de Estado en materia de relaciones internacionales.

Las Relaciones de Estado y las Relaciones de Gobierno son dos conceptos fundamentales en la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales que, aunque pueden parecer similares, tienen diferencias clave en su naturaleza, alcance y permanencia. Las Relaciones de Estado se refieren a los vínculos que un Estado establece tanto a nivel interno como externo para garantizar su funcionamiento, estabilidad y proyección internacional. Estas relaciones pueden analizarse desde diferentes enfoques, como el político, jurídico, económico y diplomático.

Las Relaciones de Estado y las Relaciones de Gobierno son dos niveles de interacción dentro de la política nacional e internacional. Mientras que las primeras son duraderas y estratégicas, las segundas son circunstanciales y responden a la administración de turno. Aunque los gobiernos pueden influir en las relaciones de Estado, no pueden modificarlas de manera unilateral sin consecuencias diplomáticas y legales.

Los avances de la Revolución Científico-Técnica y los temas de interés global, exigen coordinación, cooperación e integración. Es ahí, donde entran las visiones o enfoques sobre las relaciones exteriores. Las dimensiones y ámbitos de las relaciones internacionales son cada vez más diversas y complejas. La globalización y los cambios en el orden mundial han transformado la manera en que los Estados interactúan, requiriendo una constante adaptación en sus relaciones internas y externas.

Las Relaciones de Gobierno, en cambio, son las interacciones y políticas que establece un gobierno durante su mandato. Estas relaciones están determinadas por la ideología, los intereses y las prioridades de la administración gobernante y pueden cambiar con cada transición de poder. Las Relaciones de Estado hacen referencia a los vínculos, acuerdos e interacciones que se establecen entre los Estados como entidades soberanas. Estas relaciones son permanentes, estructurales y están por encima de los gobiernos de turno. Se basan en la continuidad institucional y jurídica del Estado.

Las relaciones de Estado son de carácter permanente, estructuradas. Se fundamentan en el derecho internacional y en principios constitucionales. La institucionalidad y la continuidad de la política exterior se planifican y definen a largo plazo y se ejecuta a través de la cancillería, embajadas y las organizaciones que interactúan o concurren en la arena internacional. Abarcan un amplio espectro de interacciones tanto a nivel interno como externo.

A diferencia de las relaciones de Estado, las relaciones de gobierno se caracterizan por la temporalidad donde predomina la visión ideológica del gobierno. Una administración decide romper relaciones con un país específico por razones ideológicas. Cuando se analiza la cuestión a la luz de la soberanía, toca a los Estados dar continuidad a la política exterior, independientemente de quien gobierne.

Claro, el gobierno pone el sello ideológico a sus políticas, pero en materia de política exterior deben prevalecer las políticas de Estado. Son muchos los países que durante la Guerra Fría asumieron alineamientos que le costó su soberanía y colocó a su población al borde de la ruina. En el Siglo XXI se pretende revivir esa perniciosa tendencia.

Ante el dilema de elegir entre relaciones de Estado y relaciones de gobierno para apuntalar la política exterior de un Estado, es preferible, recomendable y necesario escoger la primera, dada la sostenibilidad en el tempo, el fundamento normativo y fortaleza institucional.

En conclusión, las relaciones exteriores son un reflejo de la estrategia de cada país para insertarse en el mundo. Su éxito depende de la diplomacia, la cooperación y la capacidad de adaptarse a un entorno global dinámico. De ahí la importancia de privilegiar las relaciones de Estado, por encima de las relaciones de gobierno.

Las relaciones exteriores son el conjunto de políticas, estrategias y acciones que un Estado adopta para interactuar con otros actores del escenario internacional. Su análisis permite comprender cómo un Estado se organiza, interactúa con sus ciudadanos y se proyecta en el escenario internacional. La estabilidad y el desarrollo de un país dependen en gran medida de la eficacia de estas relaciones, su regulación institucional y la capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.

En el siglo XXI, las relaciones internacionales están marcadas por la interdependencia, el multilateralismo, la polarización ideológica, la rivalidad entre grandes potencias y los desafíos globales que exigen respuestas coordinadas en materia de política exterior. Estudiar y entender las características de las relaciones exteriores es una cuestión estratégica en materia de política pública.

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: UNA SENTENCIA AVENTURERA Y RIEZGOSA.

Las candidaturas independientes en República Dominicana han sido objeto de debate en el contexto de su sistema electoral, dominado por las organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral. Aunque la Constitución permite la participación política independiente, el marco normativo, la cultura política y las prácticas electorales han dificultado su consolidación.

La cultura política de República Dominicana no asocia una candidatura independiente a la institucionalidad vigente. A eso se suma, que la arquitectura institucional del país, desde 1923, cuando se instituye la Junta Central Electoral, fue diseñada partiendo del supuesto, que la postulación de candidatos es atribución exclusiva de las organizaciones políticas legalmente habilitada para tales fines.

Recientemente, el Tribunal Constitucional, dispuso mediante la sentencia TC/0788/24, emitida el 27 de noviembre de 2024, la preservación del derecho de los ciudadanos a participar en la política sin necesidad de pertenecer a una organización política. La disposición del alto tribunal parte de un supuesto falso, dado que aquí no están en riesgo los derechos políticos ni se impide la participación a quienes tengan aspiraciones políticas. Los requisitos están normados y la postulación se efectúa a través de las organizaciones políticas. Militar, accionar y participar en política es una decisión que debe sustentarse en el interés colectivo.  

La sentencia TC/0788/24, elimina la hegemonía de postulación de las organizaciones políticas y abre una etapa de incertidumbres y contradicciones que obligan al sistema político electoral a buscar formas para dar cumplimiento al dispositivo de la sentencia, garantizando los derechos de las organizaciones políticas como mecanismos idóneos para accionar en política, participar en certámenes electorales y postular candidaturas. Según la Ley 33-18 que rige el funcionamiento de las organizaciones políticas y la 20-23 que instituye el Régimen Electoral Dominicano, toca la Junta Central Electoral crear las condiciones para cumplir el controversial mandato.

Extralimitado en sus funciones y legislando de oficio, el Tribunal Constitucional ha puesto en riesgo la institucionalidad política y la estabilidad de la democracia dominicana. Esta afirmación se sustenta en la incapacidad de la Junta Central Electoral para depurar las candidaturas propuestas; así como las bases para el financiamiento de las mismas y quienes la sustentan, lo que da paso a que se cuelen personas e intereses vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico o delitos comunes.

Tradicionalmente, las propuestas de precandidaturas sean bajo la modalidad de primarias, sean abiertas o cerradas; o cualquiera otra de las formas instituidas en la norma ha producido crisis y un sinnúmero de situaciones que debilitan el sistema político. Así lo confirman la cantidad de sentencias emitidas por el Tribunal Superior Electoral y el propio Tribunal Constitucional tras su creación. Agregar candidaturas independientes, no sólo complejiza sistema de postulación, sino abre puertas a gente sin más compromiso que las ansias de poder. Las experiencias de ensayos similares en Latinoamérica no dejan dudas de la improcedencia de las mismas.

Una cosa es crear mecanismos institucionalizados para garantizar los derechos políticos; otra pervertir y debilitar el sistema político electoral. Las organizaciones políticas son la base de sistema y desde ahí se deben hacer los ajustes que procedan, incluido el perfeccionamiento de los mecanismos escogencia y postulación de candidaturas. Los excesos del Tribunal Constitucional perturban el sistema y lo han debilitado. No entro en detalles, pero las últimas sentencias emitidas por el alto tribunal respecto a las normas que rigen el sistema así lo confirman.

Pareciera que el Tribunal Constitucional se ha ensañado contra el sistema político, y eso afecta la institucionalidad política generando roces y tensiones entre poderes. Una instancia extrapoderes se acerca más a un sistema de monarquía constitucional que a un sistema democrático donde prima la división de poderes. El desarrollo del sistema político dominicano ha sido accidentado y tortuosa, pero esta última sentencia lo ha colocado al filo de la navaja como se dice popularmente.

El Estado dominicano se erige sobre el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo; las llamadas Altas Cortes serían poderes complementarios, que no deberían desconocer decisiones de otros poderes. De ahí que la función de entes como el Tribunal Constitucional debe limitarse al control previo de la constitucionalidad, no legislar como de hecho sucede. Trece jueces no pueden suplantar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a la vez. Eso denota una incapacidad manifiesta de ambos poderes y una supremacía intelectual de quienes integran el Tribunal Constitucional.

La actividad política exige institucionalidad, normas, militancia, formación, organización, liderazgo y compromiso. Las organizaciones políticas son los espacios en los que se cultivan y ejercitan quienes aspiran a servir a la sociedad desde la administración pública. La diversidad de entes políticos permite que todo el que aspire a un cargo encuentre un espacio para hacerlo. Quien, desde afuera, pretenda postular a un cargo, encontrará una muralla que impedirá su ascenso y le obligará a cerrar filas en las organizaciones existentes o a crear una estructura similar.

El Tribunal Constitucional, con su aviesa sentencia, pretende garantizar los derechos políticos de quienes no militan ni se organizan políticamente. Esta sentencia se justificara si existiera denegación de algún derecho político, pero no es el caso, aunque el accionante así lo considere. La constitucionalización de las organizaciones políticas está claramente establecida en el artículo 221 de la Carta Magna; así como la normativa que rige al sistema y en los pactos que han sido firmado por el Estado dominicano. Esa es la carta de ruta del sistema para hacer de la política una oportunidad para servir.

Parece que iluminados y sabelotodo que gestionan el Tribunal Constitucional desconocen o no reflexionaron sobre los fundamentos filosóficos de la participación política y evacuaron una sentencia que atenta contra el sistema de partidos. Las vías de y para la participación política están estructuradas en partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Quienes no quepan en esa clasificación, no están interesado en accionar desde el sistema. Participar en política es una decisión política y se debe canalizar por los canales habilitados para tales fines.

Es sabido que la democracia dominicana es cara, deficiente y coja que ha evolucionado sobre la base del caudillismo, el clientelismo, el mesianismo, el autoritarismo y la corrupción política. Esas falencias se agudizan por el acentuado analfabetismo cívico y político de la ciudadanía. Aun así, las organizaciones políticas son y seguirán siendo el espacio ideal para accionar y participar en política, aunque a sectores de la llamada sociedad civil o intereses foráneos conspiren contra ellas.

Claro, las reformas políticas electorales son proceso complejos y exigentes que requieren voluntad política, participación activa y compromiso cívico. Crear las condiciones para democratizar el sistema va mucho más allá del capricho de sectores o de intereses particulares. La participación electoral es fundamental, pero tiene que realizarse de forma tal, que no solo cumpla con las normas establecidas, sino que garantice que quienes pretendan asumir funciones públicas tengan solvencia moral probada, vocación de servicio, compromiso político, formación cívica y legitimidad social.

Que las organizaciones políticas tengan debilidades o que estén azotadas por una acentuada crisis de liderazgo, no es óbice para conspirar contra ellas, debilitarlas o intentar destruirla. La sentencia de marras abre una oportunidad para revisar el sistema político e intentar transformarlo, pero desde las organizaciones políticas y con amplia participación de quienes aspiran a transformar la democracia formal electoralista en democracia funcional de base popular.

La política, la democracia y la institucionalidad política del país tienen la responsabilidad de cualificar la calidad de la representación, pero eso no se logra debilitando el sistema ni socavando las bases que lo sostienen. Las candidaturas independientes son improcedentes, al menos, hasta que no se superen el clientelismo, el analfabetismo cívico y la indiferencia política que persiste en el país.

Las críticas a las organizaciones políticas, a la política, a la democracia y a la institucionalidad son tan conocida como los vicios que las generan, pero las alternativas de solución debe ser parte de un amplio debate que dé continuidad a los iniciados en la última década del siglo XX. No se puede borrar de un plumazo una atribución como la referida a la postulación sin un debate previo sobre el impacto de esas acciones. Aun precaria, la democracia dominicana ha ido superando escollo y resolviendo los retos que le han impuesto las circunstancias.

Es pertinente recordar, que contrario a la pretendida división de poderes planteada por el Barón de Montesquieu en el siglo XVIII, hoy, en pleno siglo XXI, esos poderes son complementarios, máxime en Estados unitarios como el nuestro. Reconciliar el constitucionalismo con la política tiene que partir de esas premisas y sustentarse en los valores predominantes en la cultura política de una sociedad.

Las democracias en transición como la dominicana deben encontrar en sus organizaciones políticas un punto de apoyo que catapulte la institucionalidad y apuntale el sistema político. Esto no se logra, incluyendo candidaturas independientes que pueden servir de pivotes para que corruptos, criminales, advenedizos, improvisados y oportunistas capturen la institucionalidad. Hay que transformar la institucionalidad política fortaleciendo las organizaciones políticas, y para lograrlo, hay que militar y participar en la dinámica política.

La diversidad de espacios de participación de y en la política, no solo es a través de la postulación de candidaturas, sino que hay diversos mecanismos de participación política instituidos tanto en la Constitución como en la normativa complementaria, pero se usan poco. Ni siquiera en los presupuestos participativos son utilizados adecuadamente. Menos aún, la participación en las secciones de los ayuntamientos. Entonces, la cuestión no es de espacios. Los espacios están ahí y toca a las organizaciones políticas y sociales incentivar la participación para cualificar la democracia.  

Si bien es cierto que el constitucionalismo moderno se ha erigido como una corriente altamente politizada y garantista en países con niveles de democracia consolidada, en el país, las acciones del Tribunal Constitucional han devenido en una tortuosa perturbación. En vez de desguazar la normativa, la acción del Tribunal debe ser preventiva; correctiva solo cuando no se puedan conciliar los intereses enfrentados. Ayudar al fortalecimiento de política con sus sentencias, no entrar en contradicción con la fundamentación política de la participación ciudadana.  

El debate razonado y documentado entre la judicialización de la política y politización de la justicia queda abierto y la sentencia comentada aquí puede ser el motor que mueva la pesada locomotora del sistema político electoral dominicano. La política se perfecciona con más y mejor política. Sin pretender ser exhaustivo he puesto aquí temas que exigen mayor profundidad, para hacer de la turbulencia una oportunidad para remontar vuelo y superar los vientos tormentosos.  

Es tiempo de que el Tribunal Constitucional desista de legislar y priorice el control previo de constitucionalidad para evitar fisuras en el sistema político que lo sostiene. La acción y los sujetos políticos están sujeto a las leyes que rigen al sistema. Los poderes complementarios deben trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las organizaciones que le sirven de base. La sentencia en cuestión genera más problemas al sistema político de los que resuelve y puede tener un impacto negativo en la relación entre los poderes del Estado y en la propia imagen del Tribunal Constitucional.