LA PRETENDIDA FUSIÓN DEL MINERD Y EL MESCYT NO PROCEDE.

El Poder Ejecutivo ha propuesto una especie de reingeniería inversa de la administración pública, ya aunque la intención puede ser buena, la modalidad de fusión de instituciones claves es improcedente. Al margen de la intención o justificación de la propuesta, las circunstancias exigen que se profundice el debate para evitar retroceder. Las propuestas de fusiones involucran a los ministerios de educación y al de educación superior ciencia y tecnología, entre otras.

Independientemente del contexto y de los apoyos que pueda concitar la propuesta de ley que sustenta la fusión entre actores y legisladores vinculados al oficialismo, la fundamentación técnica de la iniciativa es injustificable e improcedente. Esto se evidencia con la renuncia de algunos funcionarios de otras entidades involucradas en procesos similares. La Reforma y Modernización del Estado produjo un cuerpo institucional que ha logrado avances significativos en el desarrollo institucional del sistema político que deben preservarse y consolidarse. 

Los esfuerzos por transformar y eficientizar la administración pública en los últimos 25 años establecieron hitos significativos, expresados en un marco normativo amplio, diverso, complejo y con fuerte referente constitucional instituido en 2010. Muchas de las normativas que debieron adaptarse, incluida la Ley 66-97, quedaron rezagados. Ahora se pretende empaquetar creando confusión  . De ahí la improcedencia de la propuesta de fundir el ente rector del Sistema Nacional de Educación Superior y el Ministerio de Educación.

Dada la importancia de la política educativa y la urgencia por transformarla, lo que procede es que el Ministerio de Educación y la Ley que lo crea entren en un proceso de reingeniería que incluya e involucre a todos los sectores que intervienen en el mismo. Las funciones misionales y el ámbito de acción de ambas instituciones son claras y cada una tiene legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional.

La pretendida fusión no procede, es aviesa y obedece a etapas superadas de la imposición neoliberal que, apuesta por el achicamiento del Estado, privilegiando el sector privado y priorizando la desregulación. La calidad de los servicios públicos requiere de coordinación, recursos, liderazgo y transparencia, por lo que dar mayores responsabilidades al MINERD, debilita la política de educación superior, tanto en lo referente a la regulación del sistema como de los procesos de gestión. 

La evolución institucional del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT, tiene una larga historia. Es producto del Proceso de Reforma y Modernización del Estado efectuado en el país a finales del siglo XX. Tras profundos debates, se logró crear la entidad que hoy lidera y regula las Instituciones de Educación Superior, IES; tanto a nivel público como en el sector privado.

Tanto la Ley 66-97 que crea MINERD como la 139-01 que instituye la MESCyT requieren ajustes que las adecúen al marco normativo que rige la administración y la función pública, incluida la Constitución de la República, pero eso no justifica que se atropelle la institucionalidad con una fusión que devuelva al sector educativo a la modalidad de gestión del siglo pasado. Independientemente de las razones políticas o los pactos inconfesos, la sensatez debe primar en el Congreso Nacional que sería el ente responsable de desvertebrar el sistema educativo dominicano, especialmente, en el nivel superior que sería el más perjudicado.

Las evidentes fallas del sistema educativo dominicano no se superan con la reconcentración de funciones. Superar esas falencias exige una transformación institucional que coloque la educación preuniversitaria en el lugar que le corresponde. Es el sector que tienen que regular las IES, definir la política de ciencia y tecnología del país y gestionar las alianzas internacionales en su ámbito. Esas funciones son exclusivas y deben seguir así. 

El Estado tienen la obligación de garantizar educación de calidad tanto a nivel preuniversitario, técnico o universitario, pero lo que se propone, no traerá soluciones sino mayor centralización y, por si fuera poco, una hiperburocratización. El solo hecho, de que en el país exista una considerable cantidad de personas iletradas es suficiente para evidenciar la necesidad de reorientación del MINERD, y eso, no se disminuye echándole más responsabilidad.

Sectores que se opusieron o no participaron en los debates, foros, talleres y seminarios que precedieron la transformación del Consejo Nacional de Educación Superior en la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología, hoy Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCyT son los que empujan la retrógrada e improcedente fusión. 

El poder ejecutivo debe retirar la propuesta de fusión, y las comisiones activadas para tal despropósito se deben reorientar a diseñar un proceso de reforma y modernización en ambas instituciones, que las coloque a la altura de las exigencias de la revolución científico-técnica que empuja la Inteligencia Artificial.

La educación preuniversitaria y la educación superior se complementan, pero cada una debe tener independencia en su campo de acción, si se quiere dar respuestas a las exigencias y desafíos de la sociedad de la información y el conocimiento. Claro, ambas instituciones deben entrar en sendos procesos de reforma y modernización para consolidar su liderazgo y superar las acentuadas debilidades que se evidencian en ambas instituciones. No es tiempo para inventar con áreas tan sensibles. Fusionar ambas entidades crea mas problemas que los que resuelva.

Para muestra cito lo propuesto en los 197 y 198 del Proyecto de Ley de Fusión: “En virtud de la presente ley el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología se fusiona con el Ministerio de Educación. El proceso de fusión se llevará a cabo de manera gradual para evitar disrupciones. Se conformará una comisión de transición, coordinada por el ministro de Administración Pública (MAP) y la Oficina de Reforma del Estado e integrada por representantes de ambos ministerios y expertos en gestión educativa a ser seleccionados por el Ministerio de Educación”, (Artículo 197.) y “La presente ley entrará en vigor a los trescientos sesenta (360) días de su promulgación y deroga la Ley General de Educación 66-97. (Artículo 198.)

La pretendida fusión con el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología implica un retroceso injustificable técnica y políticamente. Quienes lo propician ignoran el impacto de esa acción en la política educativa del país y aunque el análisis comparado de la propuesta con el Plan de Educación Horizonte 2024-2034 presenta un elevado porcentaje de coincidencias, la solución no es la fusión. No hay forma de gestionar eficientemente la política de educación superior del país desde el MINERD. ¡Las evidencias sobran!