TENSIONES ENTRE EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El Estado dominicano es declarado como un Estado Social y Democrático de Derecho, recogido en el artículo 7 de la Constitución de República. Eso implica que se erige en garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía en y su relación con las instituciones públicas. Esa es la escencia de una democracia que supera el formalismo de a la representatividad burocrática y pasa a ser funcional descentralizada.

Es por tanto el responsable de tutelar los derechos fundamentales, incluidos el acceso a las informaciones que le confía la ciudadanía en el intercambio con las instituciones públicas pero además está compelido a garantizar el derecho al Acceso a la Información. Es una dualidad que debe encontrar una base normativa que facilite su adecuada armonización. 

Para dar forma a ese doble rol se han establecido unos parámetros normativos que se orientan a garantizar la protección de los datos sensibles (cédula, domicilio, números de cuentas bancarias, numeraciones de bienes inmobiliarios, datos sobre salud, etc.). Para acceder a estos datos se requiere de una autorización expresa de su dueño, que refleje su consentimiento.

Se ha instituido un sistema de gestión de información tomando como referencia la normativa que rige el Libre Acceso a la Información Pública, que parte del principio general de que los actos administrativos del Estado son públicos salvo restricciones plasmadas en las leyes.

Ese mandato encuentra roces con la obligatoriedad de las instituciones públicas de proteger los datos personales que les son confiados por la ciudadanía. Conciliar ambos aspectos es harto complejo, ya que se impone el principio de libre acceso, salvo que este no atente contra los intereses públicos o privados preponderantes. 

La cuestión adquiere mayor relevancia porque para definir algunos aspectos y esclarecer algunos puntos opacos, que se han evidenciado en varias sentencias  evacuadas por la Suprema Corte de Justicia, se requiere una normativa que esclarezca los límites entre un derecho ciudadano y un deber del Estado. 

Se ha sentado jurisprudencia sobre aspectos muy puntuales como la publicidad de la nómina pública, lo que evidentemente entra en conflicto con la Ley 200-04 que habrá que resolver ahora en el Tribunal de Garantías Constitucionales quien debe valorar si las mismas violentan o no principios constitucionales que amparan derechos.

Esa Jurisprudencia, aunque específica no deja de ser un referente para quienes toman decisiones, tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo como en los tribunales ordinarios. En la mayoría de estas decisiones se aprecian roces entre la garantía del derecho a la información y la protección de los datos personales.

De cualquier forma que se interprete el artículo 49 de la Constitución de la República y la normativa de acceso a la información debe prevalecer el derecho ciudadano de acceder a las informaciones públicas, ya que esta es una condición innegociable de una democracia funcional y un Estado Social y Democrático de Derechos.

Es importante respetar a la normativa y no acomodarla a los intereses ajenos al colectivo o imponer el voluntarismo en la gestión de la información perjudica y maltrata la institucionalidad democrática. El valor agregado del libre acceso debe reflejarse en mayor participación de la ciudadanía en el control social de la gestión pública.

Se sabe que la vulnerabilidad de los sistemas de gestión de información constituye un desafío importante, pero esto no puede ser tomado como excusa para entorpecer el ejercicio de un derecho fundamental. Habrá que encarar la superación de esta debilidad para instituir sistemas seguros, confiables, transparentes y de fácil acceso.

Profundizar los esfuerzos por lograr un ente rector para la Ley 200-04, una Ley de Protección de Datos y Clasificación de la Información pueden contribuir a despejar el horizonte. Esto debe acompañarse con la democratización y ciudadanización  del Derecho de Libre Acceso a la Información Pública, así como importantizar el uso de la misma. 

La normativa ha ido creciendo y ya se cuenta con un referente constitucional importante. Hay que insistir en la creación de capacidades institucionales y ciudadanas que faciliten el ejercicio del derecho y minimicen los roces entre el acceso a la información y la protección de datos personales. La solución a ésto pasa por el esclarecimiento de los procedimientos y criterios para clasificar y desclasificar información de carácter público, así como los aspectos que rigen la gestión de archivos en el país.

Una administración pública de calidad es aquella en que la gente tiene garantizado el derecho de acceder a las informaciones públicas y facilita la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que les afectan, aprovechando el potencial de la normativa que la rige. Esto implica un cambio drástico en la mentalidad de los gerentes públicos que impacte en la cultura política y ciudadana.

Suponer que la protección de una información o un dato personal implica la violación de los derechos individuales regidos por el Habeas Data en el artículo 44 también es un punto que requiere atención y crea incertidumbre. Es parte de las discusiones que tendrá que esclarecerse en la búsqueda de un Ente Rector que asume el proceso de protección y garantía de los derechos y facilite la solución de los conflictos antes de llegar al Sistema de Justicia.

Los esfuerzos realizados para institucionalizar el libre acceso a la información tal y como está concebido en la normativa debe confluir en una política articulada de transparencia que genere un ámbito de confianza que impacte positivamente en las relaciones Estado-sociedad.

La Iniciativa Participativa Anticorrupción, IPAC y las acciones que de ella derivaron constituyen un precedente importante en búsqueda de armonía entre la teoría legal y la cultura administrativa. En el largo camino hacia la construcción de una cultura de transparencia el  flujo libre de las informaciones públicas es un elemento condicionante fundamental para pasar del formalismo democrático-normativo a prácticas gerenciales participativas y eficientes.

REINGENIERÍA POLÍTICA Y LUCHA DEMOCRÁTICA.

La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Juan Pablo Duarte.

Recién concluido el proceso electoral en República Dominicana se abren las puertas para la reflexión de los principales actores sobre los retos y desafíos de la democracia dominicana y el rol de los actores políticos y sociales. No hay duda de que el país está en un punto de inflexión que se debe apuntalar en el análisis del proceso que recién concluye para sacar las enseñanzas del pasado proceso comicial.

Quedó evidenciado en la justa electoral que el pueblo dominicano ha superado el burocratismo partidario, manteniendo el respaldo al sistema político como medio para renovar a la dirección política del país.  De ahí que aunque se pretenda torcer o cooptar su voluntad, vota, cuenta y espera los resultados confiando en la decisión de los organismos electorales.

No obstante es necesario de impulsar un proceso de reingeniería política que coloque la estructura político-partidaria a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana del Siglo XXI. Se plantea una normativa que rija el funcionamiento de los partidos políticos y otro que fortalezca el sistema electoral.

La Constitución votada en el 2010 establece en su artículo 216, el rol y las funciones de los partidos y organizaciones políticas en una sociedad. Señala que “la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre y deben garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

Así mismo establece que deben contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

Fuimos testigos, sin embargo, de una campaña electoral donde quedaron evidenciadas marcadas fallas y debilidades de cuya solución depende, en cierto modo, la estabilidad y la gobernabilidad democrática del país. Las malas prácticas, las artimañas, la violación deliberada de la normativa vigente son sólo muestras de los retos a superar. Los vicios y falencias acumuladas a lo largo de su historia corroen y debilitan los esfuerzos que se hacen para fortalecer e institucionalizar la democracia dominicana.

Es de suponer que una vez concluida las elecciones y aplacada las pasiones, se abran los espacios formales para discutir los aspectos fundamentales que sirven de sustento a las instituciones político-electoral. Minimizar la realidad vivida en la campaña electoral que concluye es riesgoso y poco ético. Negar que hubiera graves violaciones a la normativa vigente, incluida la Constitución de la República, es desconocer el valor de la institucionalidad para la convivencia pacífica.

El resultado electoral muestra 4 bloques claramente definidos: el ganador, encabezado por el Lic. Danilo Medina Sánchez, del PLD; el PRD, los alternativos de corte progresista y el grupo abstencionista. Visto así, la gobernabilidad requiere ser alimentada con diálogo sincero, abierto y propositivo. Armonizar estas fuerzas para hacerlas gobernables requieren una alta dosis de humildad por parte del grupo gobernante. A la oposición le corresponde constituirse en el ente vigilante para que las pasiones se mantengan en su cauce y se afiance la institucionalidad democrática.

El período que recién se inicia puede marcar el fin del predominio de los grandes partidos en el país ya que los grupos, partidos, movimientos y alternativos han hecho conciencia de que la unidad es la vía para ascender al poder. Este punto es fundamental para el futuro democrático del país y la tendencia continental va en esa onda. Evidentemente que esta afirmación luce utópica, dado el prolongado historial divisionista de esas entidades pero se han ido acumulando experiencias que apuntan a la búsqueda de un entendimiento para accionar conjuntamente en a la vida política del país.

Aunque las aspiraciones hacia la institucionalización y modernización del sistema político, así como la adecuación y actualización de la normativa plantean un horizonte idóneo para transformar el formalismo democrático y la práctica política, hay que insistir en el cambio de actitud del liderazgo político y social para superar el atraso político que se evidencia. Se sabe que el cumplimiento las leyes en el país es una materia pendiente y que los partidos y sus dirigentes tienen gran responsabilidad en este asunto.

Por tanto, alimentar la ilusión de que es posible superar las taras del sistema creando nuevas normativas es bueno pero hay que insistir en que el cambio sólo es posible si se asumen con espíritu crítico las falencias del sistema político electoral, incluyendo cuestiones como el clientelismo, el caudillismo, el transfuguismo y ética política. La dominicana, es una democracia cara y deficiente. Esto implica que el compromiso para transformarla e institucionalizarla requiere una alta dosis de responsabilidad social y política. 

Superar esas debilidades y carencias constituye el desafío fundamental de la democracia dominicana, en momentos en que las críticas a la inobservancia a las reglas estatutarias, la normativa general, los elevados costos de la democracia, dada su baja eficiencia se acentúan. También se cuestionan la permisividad de los organismos, especialmente de los Partidos Políticos y la Junta Central Electoral, ya que los primeros postulan candidaturas que no cumplen con el perfil mínimo requerido y otros porque no impiden su postulación, inhabilitando a quienes estén impedidos para postular candidaturas a cualquier cargo de elección popular.

El reto incluye la consumación de esfuerzos para crear capacidades en la ciudadanía para que rechacen las pretensiones de quienes hacen de a la política un negocio, desvirtuando su esencia y desacreditando la práctica política. Rechazar las malas prácticas y fortalecer los liderazgos sociales constituyen pasos transcendentales para el fortalecimiento e institucionalización del sistema político electoral dominicano.

Esta es la vía más corta para superar el atraso que exhiben los partidos y el sistema político en el país. Aspirar y apostar por el perfeccionamiento y transformación de la democracia sin impactar moral y socialmente a los actores que la conforman es una tarea inalcanzable, cuando no  imposible. Sin capacidades ciudadanas que sirvan de equilibrio al sistema político, la democracia está coja y tiene muchas posibilidades de perder el equilibrio, ya que el modelo democrático luce agotado y requiere reformas y ajustes profundos para adecuarlo a las exigencias de las sociedades del Siglo XXI.

He aquí algunos puntos para el necesario debate que debe darse entre todos los actores sociales y políticos, especialmente, aquellos que se consideran liberales, progresistas y revolucionarios. De poco sirve votar leyes, si quienes deben y juran cumplirlas no honran ese deber ¡Mantener la esperanza y exigir cambios es un derecho a defender!

PARTIDO, GOBIERNO Y SECTOR EXTERNO.

"Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde". Jean Jacques Rousseau

En República Dominicana los partidos políticos conservan una fortaleza inusual, respecto a la región, a pesar del evidente atraso que muestra del Sistema Político-Electoral. Esto queda evidenciado en el montaje de cada proceso electoral y en la conformación del gobierno donde confluyen sectores externos que luego reclaman su cuota de poder cuando se conquista el poder.

En el proceso eleccionario recién transcurrido fue notorio el rol jugando por los sectores externos de las fuerzas principales que terciaron en el proceso comicial. Estos movimientos conformados por simpatizantes, activistas, personalidades, empresarios, líderes sociales y profesionales que se identifican con un candidato o una propuesta partidaria. Al no pertenecer a la estructura formal del partido, su accionar es autogestionario, en la mayoría de los casos, lo que implica cierta inversión que luego tratan de compensar cuando se gana alcanza el gobierno.

Ganada las elecciones empieza el cabildeo para obtener un espacio en el futuro gobierno, por tanto, el apoyo se traduce en una práctica cuasi clientelar que “obliga” a la autoridad electa a sacrificar a militantes orgánicos, generando situaciones potencialmente conflictivas. Son frecuentes los reclamos y las presiones de quienes apoyan o aportan recursos a una determinada candidatura para lograr a la recompensa por el esfuerzo realizado.

Este elemento, sumado a las alianzas formales que se establecen entre los  partidos y organizaciones políticas, afectando la conformación del equipo de gobierno. La instancia conquistada se transforma en una especie de “botín” cuyo reparto obvia en la mayoría de los casos, las cuestiones institucionales y normativas.

Esta práctica genera disgustos, roces y conflictos entre las estructuras partidarias y las coordinaciones de los movimientos externos. El desenlace de estas disputas y diferencia se traduce en divisiones que alimentan perniciosa práctica del transfuguismo político.

No se conoce un manual para la conformación del gobierno en República Dominicana y la Constitución deja en manos de las autoridades electas, ya que asumen a la función de “jefe de administración pública” la designación del gabinete ministerial, viceministerial, direcciones generales, superintendencias, mandos militares, entre otros cargos de libre nombramiento.

En el artículo 128, literal a y b de la Constitución establece tácitamente que entre las atribuciones del Presidente de la República el “Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos; así como designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley”.

Una vez designadas las cabezas del primer nivel viene la avalancha de sustituciones en el funcionariado medio de la Administración Pública. Es en esa última parte donde se siente con mayor crudeza los efectos del clientelismo y falta de garantías que padece el funcionariado público, a pesar de la existencia de la Ley 41.08, que rige a la función pública y crea el Ministerio de Administración Pública.

La conformación del gobierno está condicionada entonces, no sólo al programa de gobierno ofertado en la campaña electoral sino también por los intereses de cada uno de los grupos que conforman el bloque ganador. Esto incluye el reparto de puestos claves y consecuentemente la clientelización de la institución en cuestión. Cabe preguntarse si un sistema público puede sostenerse sobre este esquema.

En el país es tradición conformar el gobierno al margen de las estructuras partidarias cuando se sabe que normativa, moral e institucionalmente la responsabilidad de la gestión es del partido que es el ente que postula y tiene el compromiso de responder a la sociedad por las ejecutorias del gobierno que les toque dirigir.

La Constitución de a la República en su Artículo 216 establece cual es la función y los fines de los partidos y agrupaciones políticas en la República Dominicana. Según la Carta Magna, “servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana es el fin último de estas estructuras en una democracia constitucional”. Queda claro que la responsabilidad de la gestión es del partido o agrupación que postula, no sólo del candidato.

Es de rigor que las propuestas de nombramientos sean concertadas entre una comisión designada por el partido y otra designada por el presidente o la presidenta electa. Esto reparte responsabilidad y fortalece institucionalidad partidaria. Es probable que una persona tenga buenas relaciones con la autoridad electa pero su perfil no es bien visto en el partido para desempeñar un cargo público.

En cualquier caso, los cargos de libre nombramiento tienen que ser cubiertos tomando en cuenta la normativa vigente y los perfiles que correspondan, respetando tanto prerrogativa que faculta a la cabeza del ejecutivo a nombrar a su gabinete como las disposiciones normativas, incluidas las medidas estatutaria que rigen a un partido o agrupación política.

El perfil propuesto debe corresponderse con el cargo que pretende ostentar. Asumir la dirección de un cargo público implica un compromiso ético y una responsabilidad política, por tanto, quien opta por servir al país desde esos espacios debe reunir los requisitos mínimos que garanticen el éxito de su desempeño. Hay que recordar que quien sostiene, defiende y apoya la gestión es o debe ser el partido. Cuando se maltrata a la militancia se obtiene una oposición interna que sumada a la externa ponen en riesgo el cumplimiento de las políticas contenidas en el programa de gobierno.

De ahí la importancia de que el partido y a la coalición ganadora participen activamente en la selección del personal que acompañará al presidente electo en la conducción del Estado. Si se actúa sobre estos criterios se evita marginación de cuadros y mandos de los partidos cuyas capacidades han sido demostradas en las funciones asignadas por el partido.

A BUEN PRECIO (1986).

"El crimen no prescribe, ni queda jamás impune". J. P. Duarte.

El profesor Narciso González es un ícono de las luchas sociales y democráticas en el país. Un referente ético y moral obligatorio. En mayo de 1994, tras las protestas surgidas a raíz de la crisis política provocada por el fraude electoral orquestado por las fuerzas conservadoras encabezadas por Joaquín Balaguer "Narcisazo" hizo sentir su voz de trueno contra el fraude electoral. Sus críticas desataron la ira de las fuerzas incontrolables. Fue raptado cuando salió de la UASD, el 26 de mayo de 1994  y desde entonces está desaparecido, sumándose así a la larga lista crímenes políticos del balaguerato. 

El pueblo sigue esperando la verdad sobre este hecho vergonzoso para la sociedad dominicana. Como bien dijo el patricio Juan Pablo Duarte: "El crimen no prescribe ni queda jamás impune". Recordarlo cada mayo y exigir justicia es un imperativo irrenunciable para quienes a vivir en un mundo donde la justicia social sea la norma y no la excepción ¡Otro mundo es posible!

Aquí están parte de los versos que recogen su pensamiento revolucionario.

Por Narciso González.

Al mercado de conciencias

ahora mismito me voy.

Basta ya de esas locuras de

''patria'', ''justicia'', ''honor'',

que llevo un cuarto de siglo

defendiendo con pasión

y solo me han dado

angustia, miseria y persecución

 Al mercado de conciencias

ahora mismito me voy.

Confieso que he sido lento

para buscar comprador,

porque muchos,

casi todos,

lo de mi generación,

hace tiempo ya maduraron,

hicieron la operación,

y miren que buen balance

se produjo a su favor:

Consiguieron casa propia

con solo dar ''convicción'';

cambiaron por altos cargos

el índice acusador;

están sus cuentas azules

por ampliar su relación;

van y vienen por los aires

cual nuevos Santos Dumont,

y mantienen a sus niños

como hijos de Cristian Dior

a cambio de hablar de ''calma'',

''progreso'' y ''conciliación'',

o ir hermoso a la pantalla

junto a un entrevistador.

Si señor, llego la hora

de hacer yo buena inversión

y al mercado de conciencias

ahora mismito me voy.

Y como se que por viejo

soy mercancía sin valor

este será el baratillo

que ofreceré al comprador:

Callaré mi voz de trueno

si se confisca la Gulf.

Si me dan Reforma Agraria

jamás hablo del sudor.

Cambiaré mi Rebeldía

por la Alfabetización.

No vuelvo a escribir un verso

si acaban la represión

Y dejaré la manía

de ser un agitador

si cogen la deuda externa

y le aplican un borrón,

y entregan a los obreros

los medios de producción.

¿Qué dicen? ¿Qué no es así

que hacen la negociación?

¿Qué hay que darlo todo junto

y pedir solo un solo favor?

Pues bien, que cojan mi cuerpo

mi pensamiento y mi voz,

y a cambio de todo eso

me den la revolución.

"Las Ciencias son mas que métodos, leyes, principios y objetos de estudio, son ante todo razonamiento, imaginación, creatividad, curiosidad y perseverancia. Son siempre más preguntas que respuestas".

LAS LECCIONES DEL HURACÁN IRENE.

La provincia de San José de Ocoa fue rudamente golpeada por el huracán Irene. En esta ocasión como todos los fenómenos que afectan la provincia se repite el mismo patrón de improvisación e incoordinación tras el desastre que azotó el país el pasado 22 y 23 de agosto. Los daños fueron cuantiosos, a la agropecuaria, la vivienda y la infraestructura vial fueron descomunales.

La desesperanza y la impotencia se apoderaron de la población. La sensación de abandono en otros eventos naturales desespera y abruma. La incertidumbre y la desconfianza hacen estragos en la conciencia colectiva y el pesimismo se impone. Pero no se engañen eso es sólo apariencia, la gente saca de abajo y se enfrenta a la realidad. Una vez pasa el susto, el pueblo se vuelca a resolver con lo que tenga y la confraternidad alcanza su grado más elevado. La solidaridad aflora de inmediato y se empieza la batalla para restablecer los servicios básicos y establecer las redes de suministro.

La ausencia de planes emerge como el problema mayor. Sin embargo, las acciones se inician y cada quien hace lo puede. La poca coordinación debilita el impacto de las acciones que se emprenden. El clientelismo y el asistencialismo asoman. La pobreza deja ver sus enormes tentáculos que alcanza dimensiones inimaginables. Cosas y casos insólitos se parpan. La imaginación no alcanza para tanto. La razón se perturba ante la desolación, la inteligencia amenaza con dejar el cuerpo de quienes buscan respuestas. Nada abunda y falta hasta lo elemental escasea.

Pueblos como el nuestro, acostumbrado a “bandeárselas como puede” saca el ingenio, levanta la frente y pone su mejor cara. Nunca pueblo alguno ha mostrado tanta entereza para recuperarse, tras el azote de ciclones y tormentas, como lo hace el nuestro. Hay que ver como se enfrenta el desastre y se desafía la “mala suerte”.

Las autoridades locales, quienes debieran preocuparse por garantizar a los gobernados los derechos fundamentales, incluida la protección civil, no muestran entusiasmo en preparar a la gente para enfrentarse a la inclemencia de la naturaleza. Se reacciona en medio del caos y la desolación. Algún día entenderán que si se planifica adecuadamente y se toma conciencia sobre la vulnerabilidad de la provincia los riesgos se pueden reducir. Ojalá no sea demasiado tarde.

Las instituciones de protección civil carecen de los medios materiales que faciliten su trabajo y garanticen la seguridad de sus miembros, aún así, por encima de las limitaciones y en circunstancias adversas, se impone la férrea voluntad de la vocación de servicio. Socorristas aguerridos y entregados olvidan que también son afectados y se entregan en cuerpo y alma a proteger a la población que lo requiera, se le ve por todos lados extendiendo su brazo solidario ¡Qué bonito es verlos en acción! ¡Qué ejemplo tan digno de imitar! ¡Cuánta entrega!

Se sabe que cada temporada ciclónica existe la posibilidad de que la desgracia nos visite. Estamos potencialmente amenazados dadas las características topográficas de nuestro territorio. Atravesado por ríos, arroyos y cañadas que cuando se desbordan transforman el panorama, siembran el pánico e inundan vastas áreas de la problación. Debiéramos ser menos reactivos y mas proactivos. Planificar y dar capacidades de respuesta debe ser la clave del liderazgo político-social de la provincia. Fortalecer y articular las instituciones de protección civil. Tener planes de contingencias y revisarlos constantemente. Prohibir la construcción en zonas de riegos y evitar, en la medida de lo posible, la deforestación de las cuencas altas para disminuir la erosión y el arrastre de sedimento.

Las lecciones de IRENE nos invitan a una reflexión forzosa y a replantear nuestra forma de reaccionar ante los ciclones tropicales. Estamos en su ruta y tenemos que lidiar con sus efectos. La mejor forma de hacerlo es elevando nuestra capacidad de respuesta, orientando y educando a la población, especialmente la que reside en zonas vulnerables y de alto riesgo. Es indispensable que funciones los planes de prevención y mitigación de desastres, así como los instrumentos propuestos en la Ley 147-02.

Tras los estragos del huracán, se anuncia la visita del Presidente de la República a la provincia. Esta se concentra en la zona del puente destruido sobre el Río Ocoa y que dejó incomunicado a los municipios de Sabana Larga y Rancho Arriba. Lo ideal, lo lógico, lo correcto y lo sensato era que las autoridades municipales presentaran un informe pormenorizado al Primer Mandatario sobre el estado de situación de la provincia ¿Quién mejor que ellos que son los responsable del gobierno local? Esto no se produjo bajo el alegato de que no fueron invitados oficialmente. Vea que contradicción, la comitiva presidencial era la visita. Usted está en su casa y por tanto no era necesario que se le invitara. Además era una cuestión de fuerza mayor.

El Presidente de la República tiene la obligación de dar seguimiento a cualquier situación que afecte o altere el desenvolvimiento normal de las actividades en cualquier parte del país. Puede ser un huracán, un terremoto, una riada, una "arroyada", una catástrofe aérea o marítima. El objetivo del viaje debe ser, constatar en el terreno la situación del lugar y la magnitud del daño causado para establecer con las autoridades locales y provinciales las coordinaciones que viabilicen la mitigación de los daños y se inicie, lo antes posible el plan de contingencia, reparación y reconstrucción.

En San José de Ocoa no sucedió así y se perdió la oportunidad de dejar en poder del Señor Presidente un informe detallado de los daños y las posibles líneas de abordaje de los problemas que agobiana a los habitantes del Maniel. Utilizando excusas politiqueras y mezquinas no se construyen consensos ni se crea la confianza necesaria para sentirse representados por autoridades, conscientes de su responsabilidad frente a eventos de este tipo.

Una vez más, igual que cuando la tormenta Noel en el 2007, los caprichos y los recelos políticos y la politización de la situación se impusieron al interés general. En estos casos no basta con repartir unas cuantas raciones de comida o baratijas alucinantes, es necesario enfrentar la situación con el rigor, la responsabilidad y seriedad que las circunstancias exigen. Para lograrlo no se conoce otra fórmula que no sea la planificación y la coordinación entre todas las fuerzas de la comunidad lideradas por sus autoridades.

Decir que corresponde a tal o cual fuerza política enfrentar una situación es sacar el cuerpo al problema. Alimentar e incentivar el morbo politiquero no contribuye a resolver el problema, por el contrario, lo agrava. Genera nuevos conflictos y profundiza viejas rencillas cuando el momento exige unidad, concertación, diálogo y compromiso. Contrarrestar la tendencia a politizar situaciones de calamidad pública y ese sentimiento de indefensión, que alimentado por núcleos opositores a las autoridades es un imperativo que reta al liderazgo en estos casos.

Las autoridades locales tienen la obligación de levantar la información relevante y de convocar a la población para establecer los planes de acción. Se impone la necesidad de generar en la provincia las informaciones que sirvan a las autoridades nacionales para tomar las decisiones que correspondan en estos. Cada nivel de gobierno debe y está obligado a cumplir su parte.

La naturaleza no tiene víctimas preferidas o preferencias políticas ni distinción de clases social. Al dictador Trujillo le tocó lidiar con San Zenón en septiembre de 1930. A Balaguer con Flora e Inés, a Don Antonio Guzmán con el huracán David, a Leonel Fernández con George, Federico, Noel, Olga e Irene, y a los que vengan también le tocará su parte del pastel meterológico caribeño. Lo único seguro en estos casos es que habrá lluvias y vientos que causarán los daños que conocemos. Las autoridades tienen que prepararse para esas eventualidades como lo ha hecho Cuba y otros países.

La naturaleza tiene sus reglas y cuando se transgreden ella reclama rabiosamente que se repare el daño. La hemos maltratado, arruinando sus montañas, y ella nos cobra de la forma como lo hizo Irene. Es tiempo de coordinar para resistir los embates de la naturaleza. El liderazgo tiene que deponer las actitudes que generan conflictos innecesarios para avanzar en la construcción de la provincia que queremos y nos merecemos.

TRASPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

"La falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura; ésta puede adquirirse más tarde, mientras que la barbarie no puede corregirse nunca". Emmanuel Kant.

La transparencia administrativa se ha constituido en uno de los ejes fundamentales la sociedad moderna. Se ha llegado a afirmar que estamos en la era de la transparencia. El caso no es para menos. La opacidad y el secretismo con que se habían manejado y se manejan muchos asuntos públicos chocaron de frente con los intereses colectivos.

La Ley General de Libre Acceso a la información constituye el instrumento fundamental para la transparencia de la administración pública. En ella se recogen los aspectos fundamentales para transparentar la gestión pública, da el protagonismo a la ciudadanía, convirtiendo al ciudadano en sujeto. La prerrogativa constitucional establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República, respecto al libre acceso información tanto para los medios como para los periodistas hoy se colectivizado y ampliado.

El Estado tiene la obligación ofrecer las informaciones que generan o administran los entes administrativos que lo conforman. Al colocar en manos de la gente la posibilidad de acceder a las fuentes de información el Estado se autocompromete a cumplir con sus propias reglas. Desde a la normativa se asume la publicidad de los actos administrativos como norma general. Corresponde a la ciudadanía hacer uso del instrumental normativo, exigir su cumplimiento y asumir los compromisos que favorezcan la instauración de una cultura de transparencia basada en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.

La información se convierte en el insumo fundamental para cualquier sociedad, especialmente en aquellas que como la dominicana, apuestan a la institucionalización y ampliación de los espacios de participación ciudadana en la gestión pública del Siglo XXI. Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, (Ley 200-04) fue aprobada a unanimidad el 13 de julio de 2004, y promulgada el 28 de julio de 2004. Obliga al Estado dominicano a garantizar el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública.

Esta legislación constituye uno de los instrumentos más importantes para la transparencia de la administración pública, ya incluye, además del acceso a la información, la publicidad y socialización de los proyectos de reglamentos, disposiciones que afectan los intereses ciudadanos.

En la normativa se especifican las obligaciones del Estado de sus funcionarios y de quienes reciben fondos del erario a decir ¿Qué hacen? ¿Quién, cómo y con qué lo hacen? ¿Cuánto gastan? ¿Cómo se contrata? Además incluye el derecho ciudadano a conocer las informaciones que producen, gestionan y resguardan las instituciones públicas.

Este instrumento se convierte en un eficiente medio para enfrentar la cultura de a la opacidad y el secretismo administrativo en el sector público, promoviendo la transparencia, la probidad, el decoro y la diafanidad en el manejo de los asuntos públicos. La herramienta incide positivamente en el fortalecimiento de las relaciones entre gobernantes y gobernado, generando a confianza entre las partes.

A partir de aquí, se abren las posibilidades de que la democracia dominicana empiece a funcionar más allá de los procesos políticos electorales. Colocando en manos de la gente una herramienta que le permite acceder al insumo más preciado para el ejercicio de una ciudadanía responsable: la información.

Para hacerlo realidad se requiere el concurso de toda la sociedad para instituir la cultura de transparencia que se corresponda con los anhelos de la sociedad del Siglo XXI. Corresponde a los medios de Comunicación y a la sociedad civil organizada impulsar las acciones que obliguen a los gobernantes a cumplir con los postulados normativos.

El Rol de los Medios de Comunicación.

Los medios de comunicación ejercen gran influencia en la configuración de la opinión pública. Se constituyen en instituciones importantes para la defensa de los intereses público. Tienen el privilegio de proponer e inducir la agenda pública. Poseen la capacidad de procesar, producir, administrar y manipular la información, lo que sirve para la socialización de los temas básicos de la cotidianidad.

Los mass media, además de ser consumidores y difusores de información, pueden ser un aliados claves en la promoción, así como en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos el de solicitar, buscar, recibir y difundir información.

Tradicionalmente la normativa del país sólo amparaba a los medios y a los periodistas pero en la actualidad esta prerrogativa se ha colectivizado a toda la ciudadanía, ya que los medios se convierten muchas veces en escenarios de representación de lo social.

Se ha instituido el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y debidamente documentada de los medios de comunicación y se insiste en que es un componente fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y deberes de las personas para contribuir a la implantación de las políticas de transparencia y probidad, orientadas a la institucionalización de la administración pública.

Los medios son claves para en la lucha contra a la impunidad, a la corrupción y todos los flagelos que arrastra a la modernidad. Como forjadores de opinión pública, hacedores y reforzadores de cultura cívica, inciden en los procesos transformación las normativas en práctica cotidiana, demandando su aplicación y socializando su contenido.

El Rol de la Sociedad Civil.

Las organizaciones sociales en general y la ciudadanía en particular juegan un rol determinante en los procesos de implantación de la normativa de acceso a la información pública. Si la gente no demanda información la efectividad de las normativas queda trunca.

Son las organizaciones sociales quienes deben asumir, conjuntamente con la ciudadanía la exigencia del cumplimiento de las normativas vigentes. Auque la Ley 200-04 obliga al funcionario a publicar la información, si la misma no es requerida, se puede caer en el voluntarismo y esto no se corresponde con los requerimientos de una democracia funcional.

La participación ciudadana tiene una intención que surge de la misma ciudadanía, que busca una aproximación entre las diferentes instancias de gobierno pero para ello requiere información confiable y oportuna.

La ciudadanía tiene que asumir un rol protagónico e incorporar ese derecho al quehacer cotidiano. Así contribuye con la transparencia y al fortalecimiento de la administración pública, en cualquiera de sus niveles, (local, provincial, regional o nacional).

Los entornos señalados anteriormente deben encaminar acciones que rompan las tinieblas y la opacidad administrativa para dar paso a la luz de la publicidad y la institucionalidad que caracterizan la transparencia. La normativa disponible permite articular e impulsar iniciativas que bien orientada potenciarían la cultura de transparencia en la administración pública.

La cultura jurídica de la República Dominicana asimila los aspectos fundamentales de los procesos de reforma y modernización del Estado y los expresa en una amplia variedad de normativa, creando el ambiente propicio para iniciar procesos de mejoras institucionales que fortalezcan la democracia y garanticen la gobernabilidad.

Es necesario armonizar las políticas de transparencias del Estado para concentrar la acción preventiva en la lucha contra la impunidad. La impunidad, la falta de sanción social y moral incentivan la corrupción administrativa, debilitando por tanto las iniciativas destinadas a transparentar la administración pública. Esto compromete tanto a los actores políticos como a los sociales.

Con la creación de la normativa de Libre Acceso a la Información Pública se da un importante en a la lucha contra el secretismo y a la complicidad general. Se avanza en el interés de convertir en realidad el derecho a la información consagrado en la Carta Sustantiva de la nación, la normativa adjetiva y en los tratados internacionales.

A pesar del efusivo discurso y los esfuerzos desplegados por muchos actores se evidencian grandes baches en a la articulación y coordinación de las acciones que impiden el impacto de la normativa en la calidad de la inversión de fondos públicos o en la institucionalización de los procesos que sustenten un Sistema de Transparencia, articulado, cohesionado, eficiente y funcional. Las acciones encaminadas distan mucho de las aspiraciones colectivas.

Es un proceso que requiere tiempo y maduración. Es necesario que la ciudadanía asuma la parte que le corresponde como contrapeso político para aprovechar el potencial transformador de la administración pública y el saneamiento de la inversión pública. El derecho de libre acceso a la información es el instrumento básico para construir la anhelada cultura de transparencia en la sociedad de la información y el conocimiento.

En ese contexto, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, juegan un rol determinante el proceso de tranformación del formalismo democrático en un sistema funcional, útil y legítimo. Sin participación ciudadana, compromiso y control social es inviable cualquier sistema político, máxime en el país, donde aún permanecen remanentes de autoritarismo, centralismo, caudillismo, burocratismo y clientelismo. Estos males neutralizan e impiden el afianzamiento de la institucionalidad.

Contrarrestar la cultura de la opacidad y el secretismo es una tarea impostergable que requiere un pacto sociopolítico. Es necesario colocar en perspectiva y como aspiración suprema de la sociedad la instauración de una cultura ética y moral que sustenten solidamente los pilares de la transparencia y la institucionalidad. Para ello hay que aspirar a la profesionalización del funcionariado público y la transformación del liderazgo social y político del país. Una encomiable tarea que requiere el concurso de todas y todos, especialmente de quienes tienen poder de incidir en los demás.

Redoblar los esfuerzos y afinar las estrategia. Mejorar las alianzas y fortalecer los lazos de colaboración constituyen pasos necesarios para garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho. No basta con el enunciado constitucional, es necesario pasar a la acción basado en el compromiso, el pluralismo y el respeto a las reglas morales, éticas y legales. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la tarea y acercan a los actores.