¿POR QUÉ SERVIRLE A LA SOCIEDAD DESDE EL ESTADO?

"Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo tengo humo en el corazón. Usted me perdona Don, yo no se filosofar" Alí Primera.

Servir a la sociedad desde el Estado es una oportunidad que permite poner en práctica los conocimientos teóricos que se adquieren en las academias. Es una oportunidad para enriquecer nuestro acervo gerencial. La experiencia adquirida en el servicio público se traduce en capacidades que enriquecen nuestros conocimientos y mejoran nuestras prácticas gerenciales.

De más está decir que servir al Estado no es servir al gobierno de turno, ya que si no se trata de un cargo de confianza la posibilidad de permanecer y hacer carrera en la administración pública está garantizada en la normativa. Es un derecho de todo ciudadano servir al Estado y trabajar por el perfeccionamiento de la democracia, vigilando y denunciando las prácticas reñidas con la ética y la moral.

En una sociedad donde escasean las prácticas basadas en principios éticos y valores morales congruentes con las necesidades del colectivo es un aliciente que la juventud asuma posiciones dentro del tren administrativo del Estado, ya sean puestos electivos, nombramientos o designaciones. De ellos es el porvenir y ellos deben gestionarlo.

La política y la democracia misma, necesitan renovarse continuamente e incorporar a nuevos actores para hacer viable las acciones que sirven de sustento al desarrollo aprovechando las capacidades disponibles e incentivando su ingreso a la administración pública. Cualificar la administración y la función pública surgen como retos y oportunidad a la vez.

Criterios y principios combinados con valores y prácticas apegados a la defensa de los intereses de los oprimidos, excluidos y marginados refuerzan la acción pública. Servir y servir bien más que un deber, es una una obligación de quienes aspiran a vivir en una sociedad donde la justicia social sea la norma y no la excepción.

Los fundamentalismos ideológicos, los prejuicios, dogmas y los caprichos partidarios solo han servido para que los malos se hagan de los espacios que debieran ocupar quienes son o se creen buenos. A la Patria se le sirve desde cualquier escenario y un cargo público dignamente representado, más que crítica, debe despertar júbilo. 

¿Por qué servir al Estado desde la Administración Pública tiene que ser reservado a los partidos, sus militantes, miembros, activistas, simpatizantes y electores? Esto tiene una única explicación el tradicionalismo político nos ha hecho creer que las elecciones son una guerra cuyo botín es el asalto a los cargos públicos, desconociendo los avances de la Carrera Administrativa y los esfuerzos por institucionalizar la Función Pública. 

Aunque están claramente definidas las categorías de cargos y las modalidades de ingreso a la Administración Pública dominicana se manipula y se pervierte el sistema con frecuencia inusitada. Los vicios y debilidades impuestos por prácticas clientelares que datan de tiempos de la colonia hacen más difícil la tarea.

No obstante se pueden apreciar avances significativos que dan idea de que es posible avanzar hacia la institucionalización y democratización de la Función Pública en el país, asumiendo  el mérito, las capacidades y el compromiso como características de la burocracia nacional.

Llegará el momento en que prestar servicios desde la Función Pública sea efectivamente un derecho, tal y como está planteado en la Constitución de la República y la normativa que rige la gestión de  las capacidades humanas en el sector público del país, especialmente la Ley 41-08 y su normativa complementaria.

Instituir el sistema meritocrático en el reclutamiento y selección del personal que sirve a la sociedad desde el Estado es un desafío y una oportunidad. De él depende no sólo la posibilidad de progresar y hacer carrera en el servicio público, sino también, la eficacia en el uso de los recursos y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

Entonces, el Estado, el gobierno y la Administración Pública necesitan capacidades para mostrar su potencial y volcar sus acciones en beneficio de la colectividad bajo principios de transparencia, eficiencia, equidad y calidad. Ser servidor o servidora pública es tan o más digno que servirle a intereses foráneos o ser lacayos, sirviendo a quienes tradicionalmente saquean al erario y explotan a los pueblos.

Cuando se asume la responsabilidad del servicio público, referenciado en la defensa del interés nacional y apuntando a que el trabajo se traduzca en bienestar para la sociedad a la que se sirve, se hace un gran aporte. Corresponde al Estado y a sus gestores garantizar un ambiente laboral saludable y respetuoso, así como la posibilitad de hacer carrera, desarrollando y ascendiendo en la medida que se adquiere experiencia y se mejoran las habilidades gerenciales.

Es sabido que muchas veces, se denosta el servicio público a quienes lo ejercen y lo gestionan. Quienes así piensan, desmotivan el ingreso de nuevos talentos y pierden la oportunidad de participar en la concreción e implantación de políticas públicas que beneficien a la sociedad.

Poner las capacidades y experiencia al servicio de la sociedad está reservado a quienes se han liberado de prejuicios y han hecho votos por echar andar la máquina de la historia tomando su fuerza de trabajo y talento como combustible principal.

Trabajar es un derecho en cualquier entorno, servirle a la sociedad desde el Estado, asumiendo la función pública con responsabilidad, vocación de servicio y compromiso social es un grato placer. De nuestro esfuerzo se benefician principalmente, quienes no tienen o carecen de medios para servirse de la oferta privada de bienes y servicios.

INSTITUCIONALIZAR, MODERNIZAR Y CIUDADANIZAR PRÁCTICA POLÍTICA.

 

"La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Juan Pablo Duarte.

La democracia, ya sea como modelo ideal o sistema político no se puede desarrollar sin el concurso de una ciudadanía políticamente activa y responsable. Para transformar el formalismo democrático en democracia funcional es necesaria una repolitización de la ciudadanía para que asuma sus deberes y exija sus derechos. Fortalecer la cultura política y el civismo para incidir en los procesos políticos es una tarea que exige compromiso, dedicación, confianza, formación, educación y referencias creíbles.

Los partidos y las agrupaciones políticas continúan siendo la principal vía de canalización de las demandas políticas, económicas, sociales o culturales; compartiendo ese rol con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de la alta participación electoral de los dominicanos en las elecciones, hay un ejercicio poco razonado del voto. Los efectos del clientelismo y la mercantilización de la actividad política se evidencian y se renuevan en cada proceso electoral.

La apuesta de los mercaderes de conciencias, que promueven y ejecutan acciones clientelares, es hacer de la pobreza y las carencias colectivas el insumo básico para su accionar en política, haciendo ver este vicio como una virtud que sólo ellos pueden ejercer. Ignoran los procesos de cambios institucionales, el sistema político social y la sociedad imponiendo su perversa lógica mercantilista.

El siglo XXI debe ser aprovechado para dar el salto que coloque a la República Dominicana en la senda del desarrollo integral. No es posible desenvolverse en la actualidad con los mismos métodos del siglo pasado. La luz tiene que llegar a las mentes de los hombres y mujeres que dirigen las instituciones del país para superar las debilidades propias de los sistemas clientelistas.

El sistema democrático actual luce atrapado en los vicios del formalismo democrático, incluido el clientelismo político, como rasgo distintivo de la cultura política dominicana. La democracia formal se estanca y queda como una fachada en la que escudan politiqueros y traficantes de promesas envueltas en prácticas clientelares y el asistencialismo. Se observan algunos visos de desarrollo e institucionalización, pero distan mucho de las aspiraciones colectivas.

La corrupción política, la iniquidad y la exclusión sólo se podrán superar cuando los intereses políticos y sociales converjan en pactos que sean respaldados por un orden institucional, democrático y participativo de los actores políticos, económicos, sociales y culturales. Contra esto debe imponerse la virtud del buen vivir expresado a través de la vocación de servicio colocando a la gente en el centro de su accionar ¡Vivir para servir, servir para vivir!

Chantaje, soborno, cohecho, nepotismo, tráfico de influencias, complicidad general e impunidad son lacras que corroen los cimientos de la convivencia social y en política, destruyen la capacidad y confianza de las organizaciones políticas para canalizar las inquietudes y demandas de la sociedad. Grande es el reto pero hay que afrontarlo con carácter y decisión.

Es a las organizaciones políticas y a los grupos de presión a quienes les corresponde dar el primer paso, ya que se han abrogado el derecho de representación de los intereses colectivos. De lo contrario, la ciudadanía accionará para transformar esas debilidades estructurales en fortalezas. Estos vicios no son exclusivos ni creación de la República Dominica, se repite en todos los modelos formales de democracias.

Los efectos perversos de las relaciones clientelares, junto a la despolitización social tienen que ser enfrentados con acciones concretas para contrarrestar sus efectos. La responsabilidad fundamental les corresponde al liderazgo político y al liderazgo social, propiciando un nuevo orden institucional sustentado en un pacto social alternativo, apoyados en la cultura cívica transformadora, dialogante, propositiva y progresista.

Politizar la ciudadanía ciudadanizando la política debe ser la estrategia para neutralizar y superar las prácticas clientelares, el prebendalismo ancestral y humillante. Es un gran reto, pero vale la pena asumirlo. Ignorar el problema no es la salida. Hay que enfrentarlo o de lo contrario el Estado y la sociedad se enfrentan a situaciones de extremo riesgo toda vez que la laxitud de los controles partidarios y electorales permita la entrada de recursos provenientes del crimen organizado, incluido el narcotráfico.

Para contrarrestar esa tendencia pervertida de ver la práctica política y la Política misma, como una transacción comercial es necesario elevar la capacidad política de la ciudadanía y fomentar el pensamiento crítico para transformar la democracia formal en una democracia funcional. La cuestión es clara, para mejorar la calidad de la democracia lo que se requiere es más y mejor política.

Los niveles de desarrollo político del país debieran servir para sostener la institucionalidad que exige una democracia funcional y empujar hacia la necesaria modernización política requerida para fortalecer el sistema político dominicano. Se ha avanzado lentamente, pero se avanza, falta sin embargo, un enorme trecho para superar la desconfianza de la ciudadanía en la clase política y dar paso a la eficiencia institucionalizada del modelo democrático adoptado por la sociedad en su dinámica de desarrollo.

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE JUAN PABLO DUARTE.

“El amor a la patria nos hizo contraer compromisos sagrados para con la generación venidera; necesario es cumplirlos, o renunciar a la idea de aparecer ante el tribunal de la Historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes”. Juan P. Duarte

El 26 de enero de 1813 vino al mundo Juan Pablo Duarte y Díez, hijo de Juan José Duarte Rodríguez, quien había venido de España buscando la felicidad que su patria le negaba y Manuela Díez Jiménez, criolla nacida en el Seibo. El matrimonio tuvo varios hijos entre ellos se destacan, Rosa y Vicente Celestino y el Prócer.

La niñez del patricio se desarrolla entre indefiniciones y vacilaciones por parte de los criollos quienes buscaban afanosamente un cobijo que le permitiera guarecerse de la tormentosa miseria que vivía toda la Isla Española. La unidad era la única opción posible para lograr la meta liberadora pero se requería un liderazgo que gestara esa alianza y la hiciera prosperar. Duarte llenó ese cometido.

Las dificultades económicas de la colonia, el desorden y la represión no impidieron que la familia Duarte y Díez sacara fuerzas para desarrollar el negocio familiar y educar a sus hijos. El comerció sirvió de sostén a la formación política de Juan Pablo Duarte quien tuvo el privilegio de salir a estudiar a Europa y allá apreciar las ventajas que ofrecían a los pueblos la libertad, la solidaridad y la fraternidad que había instaurado la Revolución Francesa en 1789.

España vivía tiempos difíciles, ya que habían perdido de la Francia napoleónica su hegemonía como potencia militar y económica en Europa. Su debilidad le impedía apoyar y defender sus territorios en ultramar. La piratería y el contrabando imponían las reglas de juego.

En la colonia española de Santo Domingo se vivía el período conocido como España Boba, ya que los criollos encabezados por Juan y Ciriaco Ramírez devolvieron a España su antigua colonia tras derrotar a los franceses en la Batalla de Palo Hincado. Estando España bajo el dominio francés los criollos buscan el abrigo de la “madre patria” quién no podía cargar ni sus propias penas.

Adolescente aun, Juan Pablo sale a estudiar y a su regreso emprende la magna obra de construir un Estado libre, independiente y soberano. Para tal propósito buscó el apoyo de otros jóvenes que como él soñaban con romper las cadenas que imponía el gobierno haitiano, encabezado por Jean Pierre Boyer.

Cabe destacar que en 1821 se da el primer intento serio de independizar el país de Haití para adherirlo a la Gran Colombia que lideraba Simón Bolívar. Esta proeza la emprendió el Dr. José Núñez de Cáceres. Fracasada la acción independentista, la colonia cae bajo del dominio haitiano período que se extendió por 22 largos años hasta que la acción de Los Trinitarios puso fin al dominio haitiano en la parte Este de la Isla Española.

Esta es la situación que enfrenta el Movimiento Trinitarios, fundado, organizado y guiado por el joven Juan Pablo Duarte, quien inspirado por los conocimientos y la experiencia adquirida en Europa decide accionar para instaurar la República Dominicana bajo el lema: Dios, Patria y Libertad, plasmado en el Juramento Trinitario.

Los Trinitarios se organizaron para preparar las condiciones que facilitaran la fundación del Estado Dominicano. Para tales fines se creó la Sociedad Secreta la Trinitaria, el 16 de julio de 1838 a juicio de muchos el primer partido que existió en el país. Duarte tenía para entonces 25 años de Edad. Esta entidad servía para planificar, orientar y promover la causa liberadora. También se creó La Dramática para combatir y denunciar la ocupación mediante representaciones teatrales y la poesía.

Consciente de la importancia de la formación militar para sus planes, Duarte se enrola en el ejército haitiano y motiva el ingreso de los criollos a la milicia para que una vez se produzca el estallido separatista la resistencia fuera manejable. Aquí se destaca la capacidad de estratega del patricio. 

Hizo una alianza estratégica con el general haitiano Charles Herard para enfrentar al presidente Boyer y apoyó el Movimiento de la Reforma que este encabezó en 1843. Herard no cumplió con lo pactado y una vez obtuvo el triunfo persiguió a Los Trinitarios, especialmente a su líder. La persecución hizo que Duarte se fuera exilio para preservar su vida y salvar al movimiento que quedó bajo el liderazgo de Francisco Sánchez del Rosario y Matías Ramón Mella del Castillo.

Con Duarte y otros compañeros en el exilio el movimiento sigue su curso. Continúan los preparativos para la proclamación de la independencia. Concepción Bona y María Trinidad Sánchez confeccionan la bandera nacional. Se lanza El Manifiesto del 16 de Enero, explicando las razones que motiva a los dominicanos a fundar su propio Estado. La acción libertaria se concreta la noche del 27 de febrero con el famoso trabucazo disparado por Mella del Castillo en la Puerta de la Misericordia.

Proclamada la independencia y encendida la llama libertaria, se envía una comitiva a buscar al prócer quién al llegar al país es recibido con júbilo por sus correligionarios. El esfuerzo había dado sus frutos ¡Había nacido la República la Dominicana! Loor a quienes hicieron posible el Grito de Independencia. El genio de Duartes, Sánchez, Mella, Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, trinitarios y febreristas esculpieron sus nombres en las páginas inmortales de la historia.

Juan Pablo Duarte cuyo pensamiento liberador sirvió de motor para mover la conciencia nacional de la época, legó al pueblo dominicano una vasta enseñanza en el orden moral, ético, político y cultural. El prócer supo aglutinar las voluntades y los apoyos requeridos para lograr la independencia nacional. Inspirados en su optimismo y fe en la causa liberadora no escatimó esfuerzos ni recursos para cumplir la promesa pactada con su pueblo y su conciencia revolucionaria.

Su pensamiento liberal y revolucionario lo coloca en un sitial privilegiado entre los grandes líderes de la historia latinoamericana. Su entrega y sacrificio al servicio de la Patria constituyen un referente imborrable. Fiel a su pensamiento, y convencido de la justeza de su obrar, supo cristalizar en los hechos su grito de guerra: “Vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin honor”. Indiscutiblemente su convicción inspiraba y llamaba a la acción redentora.

200 años después de su nacimiento el país sigue clamando por concretar su gran obra fundamentada en la moralidad de los gobernantes, el respeto a la institucionalidad democrática, la defensa de la soberanía, la justicia social, la igualdad, el gobierno soberano y  la autodeterminación de los pueblos.” Todos esos principios fueron plasmados en su propuesta de constitución, un documento testimonial de la claridad de su pensamiento y que debió ser digno de mejor suerte.

El Ideario de Duarte es una fuente inagotable de nobles enseñanzas, ya que fue fiel a su pensamiento. “En lo que no están de acuerdo nuestros libertos es en lo del amo que quieren imponerle al pueblo” dijo el patricio. Este pensamiento acuña un aspecto trascendental sobre la importancia de la libertad y el derecho a la resistencia ante la opresión. En este punto Duarte se adelanta a los procesos de liberación de que se viven hoy en América Latina. "La Nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos. La Nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña.”, sentenció.

El amor a la Patria lo llevó a morir  en tierras extranjeras el 15 de julio de 1876, proscrito, lejos de su amada tierra y en extrema pobreza material, saboreando la amarga hiel del oprobioso exilio. Traicionado, marginado, olvidado y vilipendiado mas no arrepentido. Esto se demuestra cuando fue requerido por los líderes restauradores para defender la soberanía mancillada por Pedro Santana y sus aliados, tras la Anexión a España el 18 de marzo de 1863. 

Mucho se ha escrito sobre su gran legado pero si honrar honra, como dijo el maestro José Martí, la conmemoración de su natalicio debe servir para reflexionar sobre la profundidad de su pensamiento liberal y la vigencia perenne de sus ideas libertarias. Difundir su pensamiento y defender los principios libertarios que enarboló la juventud que le acompañó en su ardua lucha  por la soberanía y la independencia nacional constituye el mejor reconocimiento a su memoria.

Entre las prendas morales que rigieron la conducta del patricio se destacan la perseverancia, honor, entrega, humildad, decoro y dignidad. Dejó claramente establecida que a la Patria se le debía cuidar de los traidores y de los cobardes, afirmando: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy hombre sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”. 

La celebración del Bicentenario de su natalicio encuentra al país enredado en un tejemaneje político que dista un abismo de la visión duartiana de la Política. Aclara el insigne patriota: “La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”, sentenció. Estamos lejos de alcanzar ese altísimo ideal ya que el utilitarismo clientelar se ha apoderado del quehacer político, distorsionando los fundamentos y el sentido esta gran Ciencia. Devolverle su brillo y esplendor es una buena forma de rendir tributo al sacrificado patricio y a su gran obra.

Reflexionemos pues sobre este coloso de la Patria cuya obra enorgullece a quienes apuestan a vivir en un mundo donde la justicia social sea la regla y no la excepción. Reivindicar el pensamiento del Patricio es la mejor forma de recordarlo, no en los discursos pomposo y novelesco a que nos han acostumbrado sino incorporando sus enseñanzas a las prácticas cotidianas ¡Honrar, honra! Rescatemos la historia del novelesco mundo de la manipulación donde se pinta al Padre de la Patria como inalcanzable o inimitable. 

No estaba conforme el invaluable aporte que había hecho al país y dijo: “No he dejado ni dejaré de trabajar en favor de nuestra santa causa haciendo por ella, como siempre, más de lo que puedo; y si no he hecho ahora todo lo que debo y he querido, quiero y querré hacer siempre en su obsequio, es porque nunca falta quien desbarate con los pies lo que yo hago con las manos” ¡Cuanta grandeza, sabiduría y humildad!

Aquella juventud que supo responder al llamado de la Patria merece un sitial privilegiado en nuestras conciencias y debe expresarse con hechos en nuestras vidas. Como pueblo estamos en deuda con los hombres y mujeres que bajo el liderazgo de Duarte nos legaron la República Dominicana. No faltarán mezquindades, ingratitudes y malquerencias con la hazaña independentista pero la verdad es clara y convincente: “Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla”.

EL ANALFABETISMO EN LA AGENDA SOCIAL.

“La conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida. Enseñarle a leer y escribir es algo más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata de procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad nacional, como sujeto de su historia y de la historia”. Paolo Freire.

La República Dominicana se encuentra entre los países que arrastra el pesado lastre del analfabetismo. Superar este mal, que lacera la conciencia de quienes aspiran a vivir en una sociedad donde la justicia social sea la regla y no la excepción es un desafío impostergable. En pleno Siglo XXI más de un millón de personas están impedidas del placer de leer y escribir y esto es antiético e inmoral, sencillamente una aberración.

El analfabetismo es una negación de un derecho humano fundamental y una tara que impide la inserción de una parte de la ciudadanía a la vida productiva y frena el desarrollo de las capacidades de la gente. Excusas y pretextos habrán pero no haber superado este mal, a pesar de los esfuerzos que han hecho los organismos internacionales, las ONGs y el Estado mismo, no tiene justificación la persistencia de este mal. De ahí que enfrentarlo sea una encomienda retadora pero justiciera.

El país cuenta con una alta cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no pueden leer ni escribir. Según datos del Censo Nacional del 2010, las personas iletradas suman 851,396. Esta cifra puede elevarse, si tomamos en cuenta el sub registro, y las debilidades de nuestras estadísticas. Esto obliga al país a poner en marcha una estrategia que incorpore a toda la sociedad en la lucha contra este vergonzoso mal. Enfrentar el problema es un reto que compete a todos por igual y requiere la incorporación organizada del pueblo y sus instituciones.

El gobierno ha diseñado la Estrategia que se concreta en el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”. Está orientada a crear espacios para incorporar a todos los actores que conforman el tejido social del país con el fin de superar el analfabetismo y las causas que lo generan. Y tiene que ser así, ya que si no se combaten las causas que generan el mal, éste volverá resurgir. De ahí que la integralidad y pluralidad de las acciones es fundamental.

El Plan se propone lograr la alfabetización de las personas jóvenes y adultas mayores de 15 años y más en todo el país que no han tenido el privilegio de estudiar y quienes no completaron el ciclo básico (hasta el 4to grado), propiciando que las personas jóvenes y adultas alfabetizadas continúen sus estudios, así como la ampliación de las oportunidades para que las personas alfabetizadas mejoren sus capacidades productivas.

Se ha hecho un llamado a la movilización e involucramiento articulado de toda la sociedad mediante en un amplio proceso de sensibilización colectiva para avanzar en esta gran tarea. Para coordinar este esfuerzo se ha creado una estructura en dos ejes: uno organizativo y otro operativo. 

La Estructura Operativa tiene la responsabilidad de coordinar y conducir el proceso, guiados por el Equipo Técnico Nacional de Alfabetización, creado por el Decreto 546-12, bajo la supervisión directa de la Junta Nacional de Alfabetización.

“Se instruye al Ministerio de la Presidencia, mediante la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, para que conjuntamente con el Ministerio de Educación, implementen el Plan Nacional de Alfabetización y, en coordinación con todas las dependencias gubernamentales y de la sociedad civil necesarias, ejecuten las acciones requeridas para el cumplimiento del presente Decreto y del Plan Nacional, a fin de lograr superar el analfabetismo en un período no mayor de dos años, a partir del inicio de su ejecución”, artículo 3.

La Estructura Organizativa es amplia, pluralista y diversa, está compuesta por las Juntas de Alfabetización que operan en tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal de Alfabetización. Las Juntas Provinciales de Alfabetización tienen como función básica la de movilizar a los actores principales de la provincia, crear y mantener una opinión pública favorable en torno al Plan propiciando la movilización de voluntarios y los beneficiarios.

 

Corresponde a estas instancias promover y dar seguimiento a la conformación de las Juntas Municipales de Alfabetización en cada uno de los municipios de la provincia y a la elaboración de los respectivos Planes Municipales de Alfabetización.

Por su parte, las Juntas Municipales de Alfabetización son instancias creadas en cada municipio del país para la promoción, articulación y ejecución del Plan Nacional de Alfabetización a nivel local. Contarán con el apoyo de la Junta Provincial y las orientaciones del Equipo Técnico Nacional del Plan. Tienen bajo su responsabilidad el diseño e implantación del Plan Municipal de Alfabetización donde se recogen las acciones a ejecutar durante los dos años que dura el programa. También debe impulsar y apoyar la conformación de los Proyectos Locales de Alfabetización para que los Núcleos de Aprendizajes se consoliden y funcionen articuladamente. 

Para la conformación, instalación y juramentación de ambas instancias se organiza una Asamblea de todas las instituciones y organizaciones que interactúan en los entes territoriales para elegir libre y democráticamente a los representantes de las organizaciones ante las Juntas.

La Juta Provincial de Alfabetización está integrada, además del Senador/as de la República quien la preside, las gobernaciones provinciales, el alcalde o alcaldesa del municipio capital de provincia que representa a sus iguales, y los diputados al congreso nacional de la provincia. También el gobernador/a provincial, representaciones de las iglesias, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones empresariales.

También se incorpora a la Asociación Dominicana de Profesores, las direcciones regionales del Ministerio de Educación, las Asociaciones de Colegios Privados y representaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

 

El mismo esquema se repite aunque con ligeras modificaciones, para la conformación de las Juntas Municipales. El procedimiento de elección es el mismo, se convocan a las organizaciones e instituciones y en Asambleas se escogen sus representantes ante la instancia municipal. El alcalde o alcaldesa del municipio preside y se suman los directores de los Distritos Municipales que pertenecen al municipio.

También se agregan representaciones de la Red Nacional de Alfabetización, las asociaciones de estudiante universitario existente, así como cualquier otro ente que pueda aportar a los trabajos que emprenda la Junta, previa autorización del Equipo Técnico Nacional. 

Completan la estructura organizativa los Proyectos Locales e Institucionales y los Núcleos de Alfabetización. Es en éste nivel donde se da el proceso de alfabetización, ya que esta estructura abarca tanto a los alfabetizando como a los alfabetizadora. Es aquí donde se desarrolla y culmina el trabajo de las instancias de coordinación y articulación. El esfuerzo de las instancias antes mencionada se concreta en estos dos entes. Son los espacios operativos donde ejecuta el proceso y se concretan los resultados. De ahí su importancia.

Los Núcleos de Aprendizaje son los espacios donde se organizan los alfabetizando, es ahí donde se produce el proceso de intercambio de experiencias entre el alfabetizador y el alfabetizando. Son grupos por 10 o 15 personas cada grupo que tendrá una persona que alfabetizará y recibirán apoyo del Coordinador Municipal y de los Animadores de Núcleos. Este último podrá tener varios núcleos bajo su responsabilidad, ya que es contratado a tiempo completo. 

El alfabetizador o alfabetizadora tendrá un núcleo y es voluntario/a. Es un ente clave en el proceso ya que tiene la responsabilidad de conducir el proceso en su núcleo, generando empatía y compromiso entre sus integrantes. Recibirá un incentivo básico. Así que el perfil debe corresponderse con la delicada función que le toca desempeñar.Tanto las Juntas Provinciales como las Municipales cuentan con sendos coordinadores que apoyarán sus iniciativas, darán seguimiento a las acciones y planes que se desarrollan en los territorios.

Encontrarse y compartir con el pueblo y sus organizaciones en este esfuerzo es una experiencia inolvidable. Ver como se integran entusiastas a este esfuerzo, multiplicando el deseo de trabajo colectivo y potenciando sus energías para ayudar a quienes requieren de apoyo en esta fase.

A diferencia de iniciativas anteriores, ésta ha logrado movilizar e incorporar a una gran variedad de entes como forma de articular y ejecutar el Plan Nacional de Alfabetización, de tal forma, que se logren los objetivos antes del plazo propuesto. Hay que recordar que el Plan es parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria que aplica el actual gobierno para combatir la pobreza y la exclusión en el país.

Se sabe que causas del analfabetismo son diversas, el Estado tiene que asumirlas con la prestancia que el caso amerita y erradicarlas. Las consecuencias impactan en el desenvolvimiento de la sociedad en sentido general. De ahí que la acción colectiva apoyada en las capacidades y experiencias de las organizaciones sociales y las instituciones públicas es la plataforma ideal para erradicar el analfabetismo de la sociedad dominicana. 

Es momento de acción, ya que las estructuras creadas permiten la incorporación de todos los actores que se interesen en accionar a favor del Plan. Quién quede fuera de esta iniciativa tendrá problemas para explicar las razones a la población, trátese de un líder social, político o religioso.

El desafío es grande pero la causa que nos convoca es una cuestión de justicia por lo que participar en este esfuerzo es una oportunidad para legitimar el liderazgo político y social. Es un espacio donde caben todos y todas quienes de una forma u otra se empeñan en dejar su huella mientras transitan por esta mundo.

TENSIONES ENTRE EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El Estado dominicano es declarado como un Estado Social y Democrático de Derecho, recogido en el artículo 7 de la Constitución de República. Eso implica que se erige en garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía en y su relación con las instituciones públicas. Esa es la escencia de una democracia que supera el formalismo de a la representatividad burocrática y pasa a ser funcional descentralizada.

Es por tanto el responsable de tutelar los derechos fundamentales, incluidos el acceso a las informaciones que le confía la ciudadanía en el intercambio con las instituciones públicas pero además está compelido a garantizar el derecho al Acceso a la Información. Es una dualidad que debe encontrar una base normativa que facilite su adecuada armonización. 

Para dar forma a ese doble rol se han establecido unos parámetros normativos que se orientan a garantizar la protección de los datos sensibles (cédula, domicilio, números de cuentas bancarias, numeraciones de bienes inmobiliarios, datos sobre salud, etc.). Para acceder a estos datos se requiere de una autorización expresa de su dueño, que refleje su consentimiento.

Se ha instituido un sistema de gestión de información tomando como referencia la normativa que rige el Libre Acceso a la Información Pública, que parte del principio general de que los actos administrativos del Estado son públicos salvo restricciones plasmadas en las leyes.

Ese mandato encuentra roces con la obligatoriedad de las instituciones públicas de proteger los datos personales que les son confiados por la ciudadanía. Conciliar ambos aspectos es harto complejo, ya que se impone el principio de libre acceso, salvo que este no atente contra los intereses públicos o privados preponderantes. 

La cuestión adquiere mayor relevancia porque para definir algunos aspectos y esclarecer algunos puntos opacos, que se han evidenciado en varias sentencias  evacuadas por la Suprema Corte de Justicia, se requiere una normativa que esclarezca los límites entre un derecho ciudadano y un deber del Estado. 

Se ha sentado jurisprudencia sobre aspectos muy puntuales como la publicidad de la nómina pública, lo que evidentemente entra en conflicto con la Ley 200-04 que habrá que resolver ahora en el Tribunal de Garantías Constitucionales quien debe valorar si las mismas violentan o no principios constitucionales que amparan derechos.

Esa Jurisprudencia, aunque específica no deja de ser un referente para quienes toman decisiones, tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo como en los tribunales ordinarios. En la mayoría de estas decisiones se aprecian roces entre la garantía del derecho a la información y la protección de los datos personales.

De cualquier forma que se interprete el artículo 49 de la Constitución de la República y la normativa de acceso a la información debe prevalecer el derecho ciudadano de acceder a las informaciones públicas, ya que esta es una condición innegociable de una democracia funcional y un Estado Social y Democrático de Derechos.

Es importante respetar a la normativa y no acomodarla a los intereses ajenos al colectivo o imponer el voluntarismo en la gestión de la información perjudica y maltrata la institucionalidad democrática. El valor agregado del libre acceso debe reflejarse en mayor participación de la ciudadanía en el control social de la gestión pública.

Se sabe que la vulnerabilidad de los sistemas de gestión de información constituye un desafío importante, pero esto no puede ser tomado como excusa para entorpecer el ejercicio de un derecho fundamental. Habrá que encarar la superación de esta debilidad para instituir sistemas seguros, confiables, transparentes y de fácil acceso.

Profundizar los esfuerzos por lograr un ente rector para la Ley 200-04, una Ley de Protección de Datos y Clasificación de la Información pueden contribuir a despejar el horizonte. Esto debe acompañarse con la democratización y ciudadanización  del Derecho de Libre Acceso a la Información Pública, así como importantizar el uso de la misma. 

La normativa ha ido creciendo y ya se cuenta con un referente constitucional importante. Hay que insistir en la creación de capacidades institucionales y ciudadanas que faciliten el ejercicio del derecho y minimicen los roces entre el acceso a la información y la protección de datos personales. La solución a ésto pasa por el esclarecimiento de los procedimientos y criterios para clasificar y desclasificar información de carácter público, así como los aspectos que rigen la gestión de archivos en el país.

Una administración pública de calidad es aquella en que la gente tiene garantizado el derecho de acceder a las informaciones públicas y facilita la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que les afectan, aprovechando el potencial de la normativa que la rige. Esto implica un cambio drástico en la mentalidad de los gerentes públicos que impacte en la cultura política y ciudadana.

Suponer que la protección de una información o un dato personal implica la violación de los derechos individuales regidos por el Habeas Data en el artículo 44 también es un punto que requiere atención y crea incertidumbre. Es parte de las discusiones que tendrá que esclarecerse en la búsqueda de un Ente Rector que asume el proceso de protección y garantía de los derechos y facilite la solución de los conflictos antes de llegar al Sistema de Justicia.

Los esfuerzos realizados para institucionalizar el libre acceso a la información tal y como está concebido en la normativa debe confluir en una política articulada de transparencia que genere un ámbito de confianza que impacte positivamente en las relaciones Estado-sociedad.

La Iniciativa Participativa Anticorrupción, IPAC y las acciones que de ella derivaron constituyen un precedente importante en búsqueda de armonía entre la teoría legal y la cultura administrativa. En el largo camino hacia la construcción de una cultura de transparencia el  flujo libre de las informaciones públicas es un elemento condicionante fundamental para pasar del formalismo democrático-normativo a prácticas gerenciales participativas y eficientes.

REINGENIERÍA POLÍTICA Y LUCHA DEMOCRÁTICA.

La política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Juan Pablo Duarte.

Recién concluido el proceso electoral en República Dominicana se abren las puertas para la reflexión de los principales actores sobre los retos y desafíos de la democracia dominicana y el rol de los actores políticos y sociales. No hay duda de que el país está en un punto de inflexión que se debe apuntalar en el análisis del proceso que recién concluye para sacar las enseñanzas del pasado proceso comicial.

Quedó evidenciado en la justa electoral que el pueblo dominicano ha superado el burocratismo partidario, manteniendo el respaldo al sistema político como medio para renovar a la dirección política del país.  De ahí que aunque se pretenda torcer o cooptar su voluntad, vota, cuenta y espera los resultados confiando en la decisión de los organismos electorales.

No obstante es necesario de impulsar un proceso de reingeniería política que coloque la estructura político-partidaria a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana del Siglo XXI. Se plantea una normativa que rija el funcionamiento de los partidos políticos y otro que fortalezca el sistema electoral.

La Constitución votada en el 2010 establece en su artículo 216, el rol y las funciones de los partidos y organizaciones políticas en una sociedad. Señala que “la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre y deben garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

Así mismo establece que deben contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

Fuimos testigos, sin embargo, de una campaña electoral donde quedaron evidenciadas marcadas fallas y debilidades de cuya solución depende, en cierto modo, la estabilidad y la gobernabilidad democrática del país. Las malas prácticas, las artimañas, la violación deliberada de la normativa vigente son sólo muestras de los retos a superar. Los vicios y falencias acumuladas a lo largo de su historia corroen y debilitan los esfuerzos que se hacen para fortalecer e institucionalizar la democracia dominicana.

Es de suponer que una vez concluida las elecciones y aplacada las pasiones, se abran los espacios formales para discutir los aspectos fundamentales que sirven de sustento a las instituciones político-electoral. Minimizar la realidad vivida en la campaña electoral que concluye es riesgoso y poco ético. Negar que hubiera graves violaciones a la normativa vigente, incluida la Constitución de la República, es desconocer el valor de la institucionalidad para la convivencia pacífica.

El resultado electoral muestra 4 bloques claramente definidos: el ganador, encabezado por el Lic. Danilo Medina Sánchez, del PLD; el PRD, los alternativos de corte progresista y el grupo abstencionista. Visto así, la gobernabilidad requiere ser alimentada con diálogo sincero, abierto y propositivo. Armonizar estas fuerzas para hacerlas gobernables requieren una alta dosis de humildad por parte del grupo gobernante. A la oposición le corresponde constituirse en el ente vigilante para que las pasiones se mantengan en su cauce y se afiance la institucionalidad democrática.

El período que recién se inicia puede marcar el fin del predominio de los grandes partidos en el país ya que los grupos, partidos, movimientos y alternativos han hecho conciencia de que la unidad es la vía para ascender al poder. Este punto es fundamental para el futuro democrático del país y la tendencia continental va en esa onda. Evidentemente que esta afirmación luce utópica, dado el prolongado historial divisionista de esas entidades pero se han ido acumulando experiencias que apuntan a la búsqueda de un entendimiento para accionar conjuntamente en a la vida política del país.

Aunque las aspiraciones hacia la institucionalización y modernización del sistema político, así como la adecuación y actualización de la normativa plantean un horizonte idóneo para transformar el formalismo democrático y la práctica política, hay que insistir en el cambio de actitud del liderazgo político y social para superar el atraso político que se evidencia. Se sabe que el cumplimiento las leyes en el país es una materia pendiente y que los partidos y sus dirigentes tienen gran responsabilidad en este asunto.

Por tanto, alimentar la ilusión de que es posible superar las taras del sistema creando nuevas normativas es bueno pero hay que insistir en que el cambio sólo es posible si se asumen con espíritu crítico las falencias del sistema político electoral, incluyendo cuestiones como el clientelismo, el caudillismo, el transfuguismo y ética política. La dominicana, es una democracia cara y deficiente. Esto implica que el compromiso para transformarla e institucionalizarla requiere una alta dosis de responsabilidad social y política. 

Superar esas debilidades y carencias constituye el desafío fundamental de la democracia dominicana, en momentos en que las críticas a la inobservancia a las reglas estatutarias, la normativa general, los elevados costos de la democracia, dada su baja eficiencia se acentúan. También se cuestionan la permisividad de los organismos, especialmente de los Partidos Políticos y la Junta Central Electoral, ya que los primeros postulan candidaturas que no cumplen con el perfil mínimo requerido y otros porque no impiden su postulación, inhabilitando a quienes estén impedidos para postular candidaturas a cualquier cargo de elección popular.

El reto incluye la consumación de esfuerzos para crear capacidades en la ciudadanía para que rechacen las pretensiones de quienes hacen de a la política un negocio, desvirtuando su esencia y desacreditando la práctica política. Rechazar las malas prácticas y fortalecer los liderazgos sociales constituyen pasos transcendentales para el fortalecimiento e institucionalización del sistema político electoral dominicano.

Esta es la vía más corta para superar el atraso que exhiben los partidos y el sistema político en el país. Aspirar y apostar por el perfeccionamiento y transformación de la democracia sin impactar moral y socialmente a los actores que la conforman es una tarea inalcanzable, cuando no  imposible. Sin capacidades ciudadanas que sirvan de equilibrio al sistema político, la democracia está coja y tiene muchas posibilidades de perder el equilibrio, ya que el modelo democrático luce agotado y requiere reformas y ajustes profundos para adecuarlo a las exigencias de las sociedades del Siglo XXI.

He aquí algunos puntos para el necesario debate que debe darse entre todos los actores sociales y políticos, especialmente, aquellos que se consideran liberales, progresistas y revolucionarios. De poco sirve votar leyes, si quienes deben y juran cumplirlas no honran ese deber ¡Mantener la esperanza y exigir cambios es un derecho a defender!

PARTIDO, GOBIERNO Y SECTOR EXTERNO.

"Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde". Jean Jacques Rousseau

En República Dominicana los partidos políticos conservan una fortaleza inusual, respecto a la región, a pesar del evidente atraso que muestra del Sistema Político-Electoral. Esto queda evidenciado en el montaje de cada proceso electoral y en la conformación del gobierno donde confluyen sectores externos que luego reclaman su cuota de poder cuando se conquista el poder.

En el proceso eleccionario recién transcurrido fue notorio el rol jugando por los sectores externos de las fuerzas principales que terciaron en el proceso comicial. Estos movimientos conformados por simpatizantes, activistas, personalidades, empresarios, líderes sociales y profesionales que se identifican con un candidato o una propuesta partidaria. Al no pertenecer a la estructura formal del partido, su accionar es autogestionario, en la mayoría de los casos, lo que implica cierta inversión que luego tratan de compensar cuando se gana alcanza el gobierno.

Ganada las elecciones empieza el cabildeo para obtener un espacio en el futuro gobierno, por tanto, el apoyo se traduce en una práctica cuasi clientelar que “obliga” a la autoridad electa a sacrificar a militantes orgánicos, generando situaciones potencialmente conflictivas. Son frecuentes los reclamos y las presiones de quienes apoyan o aportan recursos a una determinada candidatura para lograr a la recompensa por el esfuerzo realizado.

Este elemento, sumado a las alianzas formales que se establecen entre los  partidos y organizaciones políticas, afectando la conformación del equipo de gobierno. La instancia conquistada se transforma en una especie de “botín” cuyo reparto obvia en la mayoría de los casos, las cuestiones institucionales y normativas.

Esta práctica genera disgustos, roces y conflictos entre las estructuras partidarias y las coordinaciones de los movimientos externos. El desenlace de estas disputas y diferencia se traduce en divisiones que alimentan perniciosa práctica del transfuguismo político.

No se conoce un manual para la conformación del gobierno en República Dominicana y la Constitución deja en manos de las autoridades electas, ya que asumen a la función de “jefe de administración pública” la designación del gabinete ministerial, viceministerial, direcciones generales, superintendencias, mandos militares, entre otros cargos de libre nombramiento.

En el artículo 128, literal a y b de la Constitución establece tácitamente que entre las atribuciones del Presidente de la República el “Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos; así como designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley”.

Una vez designadas las cabezas del primer nivel viene la avalancha de sustituciones en el funcionariado medio de la Administración Pública. Es en esa última parte donde se siente con mayor crudeza los efectos del clientelismo y falta de garantías que padece el funcionariado público, a pesar de la existencia de la Ley 41.08, que rige a la función pública y crea el Ministerio de Administración Pública.

La conformación del gobierno está condicionada entonces, no sólo al programa de gobierno ofertado en la campaña electoral sino también por los intereses de cada uno de los grupos que conforman el bloque ganador. Esto incluye el reparto de puestos claves y consecuentemente la clientelización de la institución en cuestión. Cabe preguntarse si un sistema público puede sostenerse sobre este esquema.

En el país es tradición conformar el gobierno al margen de las estructuras partidarias cuando se sabe que normativa, moral e institucionalmente la responsabilidad de la gestión es del partido que es el ente que postula y tiene el compromiso de responder a la sociedad por las ejecutorias del gobierno que les toque dirigir.

La Constitución de a la República en su Artículo 216 establece cual es la función y los fines de los partidos y agrupaciones políticas en la República Dominicana. Según la Carta Magna, “servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana es el fin último de estas estructuras en una democracia constitucional”. Queda claro que la responsabilidad de la gestión es del partido o agrupación que postula, no sólo del candidato.

Es de rigor que las propuestas de nombramientos sean concertadas entre una comisión designada por el partido y otra designada por el presidente o la presidenta electa. Esto reparte responsabilidad y fortalece institucionalidad partidaria. Es probable que una persona tenga buenas relaciones con la autoridad electa pero su perfil no es bien visto en el partido para desempeñar un cargo público.

En cualquier caso, los cargos de libre nombramiento tienen que ser cubiertos tomando en cuenta la normativa vigente y los perfiles que correspondan, respetando tanto prerrogativa que faculta a la cabeza del ejecutivo a nombrar a su gabinete como las disposiciones normativas, incluidas las medidas estatutaria que rigen a un partido o agrupación política.

El perfil propuesto debe corresponderse con el cargo que pretende ostentar. Asumir la dirección de un cargo público implica un compromiso ético y una responsabilidad política, por tanto, quien opta por servir al país desde esos espacios debe reunir los requisitos mínimos que garanticen el éxito de su desempeño. Hay que recordar que quien sostiene, defiende y apoya la gestión es o debe ser el partido. Cuando se maltrata a la militancia se obtiene una oposición interna que sumada a la externa ponen en riesgo el cumplimiento de las políticas contenidas en el programa de gobierno.

De ahí la importancia de que el partido y a la coalición ganadora participen activamente en la selección del personal que acompañará al presidente electo en la conducción del Estado. Si se actúa sobre estos criterios se evita marginación de cuadros y mandos de los partidos cuyas capacidades han sido demostradas en las funciones asignadas por el partido.