lunes, 20 de abril de 2015

CORRUPCIÓN, POLÍTICA E IMPUNIDAD.

"Hay gente que adora la plata, se mete en la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servirle a la gente. A la alta política le interesa ese cariño de la gente, algo que se transmite, que no tiene precio y que no se compra en el supermercado". José (Pepe) Mujica.

Para abordar este binomio hay que contextualizar los aspectos que relacionan ambos conceptos. La Política como ciencia del gobierno, el poder, el Estado y de las relaciones de los sistemas políticos y sociales acciona en contextos donde la transparencia es una condición para que gobernantes y gobernados reciban servicios y bienes de calidad, con eficiencia y equidad.

Entre ambos conceptos se da una relación como la imagen que se proyecta en un espejo claro y limpio. La política es la imagen y el espejo la transparencia: si el espejo se opaca la imagen asume esa características y se distorsiona. Para que la política salga bien en la imagen tienen darse esas condiciones.

Si se pervierten los controles institucionales y se neutralizan los mecanismos de sanción de los actos de corrupción y malversación se abona el terreno de la impunidad prospere. No se puede confundir el concepto con el significado. Las interrelaciones políticas y las redes de impunidad son mucho más compleja de los que parecen.

De ahí que para abarcar el amplio campo de acción impunidad en los entornos político se requiera que las acciones correctivas se orienten hacia las causas que genera ese mal y no solamente a las consecuencias. Esto pasa por la destrucción o neutralización de las redes de complicidad que anidan en los entornos políticos. Se debe accionar sobre los ámbitos que favorecen el desarrollo de prácticas perversas.

Se sabe que esas acciones encuentran su complemento en las complicidades que funcionan en los contextos políticos y sociales, asociadas casi siempre, a intereses que superan la capacidad jurídica o institucional para los problemas que refuerzan los pilares de la corrupción y los mantos de impunidad que la cubren en la mayoría de los casos.

Hablar de impunidad y corrupción se ha convertido en la matriz de opinión predominante en República Dominicana en los primeros años del Siglo XXI. Es una tendencia donde confluyen corruptos y corruptores oponiéndose, de forma coyuntural contra las aberraciones que cometen entes políticos de variadas orientaciones ideológicas contra el erario. A continuación, hago una serie de sugerencias en interés de aportar elementos a la reflexión sobre el tema de la impunidad y la Política, poniendo énfasis en las formas como la primera impacta a la segunda.

Hablar de impunidad es hablar de falta de voluntad para enfrentarla e incapacidad institucional para corregir los delitos y distorsiones que afectan los procesos de gestión de las políticas públicas. Sobran los ejemplos de acciones poco efectivas y expedientes estructurados de forma tal que impidan su defensa en los tribunales de la república. Ese ha sido parte del problema pero no es todo. El trabajo es mucho y los retos son diversos, complejos.

Por tanto, se impone que tanto el abordaje como las acciones que se diseñen y apliquen para corregir las distorsiones en los mecanismos de sanción a la corrupción para evitar la impunidad, y por tanto, la contaminación y el descrédito de las prácticas políticas requieren acciones que viabilicen encuentros entre lo político, lo jurídico y los institucionales.

No es ni pretende ser una receta, tampoco cubrir todos los ámbitos de acción de la impunidad dada la diversidad de elementos que se combinan en el mismo. Se pretende únicamente, colocar el tema en una perspectiva analítica amplia que permita pensar en opciones operativas de políticas integrales para superar este mal que correo los cimientos de la confianza en los sistemas políticos y en la Política misma.

Es necesario desarrollar políticas de transparencias integrales, que incluyan tanto el tema de las sanciones jurídicas como las sanciones sociales y morales. Esas políticas pueden servir para remover el sustrato fangoso de la impunidad. Sin sanciones jurídicas y rechazo social a la corrupción, es imposible pensar en una sociedad donde la transparencia, tanto en la Política como en la gestión sea norma y no excepción.

Trabajar en la creación de espacios en las organizaciones políticas y sociales para analizar las diversas formas que asume la impunidad en los entornos donde se gestionan las políticas públicas. Trabajar en la transformación de la Política y fomentando los valores que hace de esta ciencia un instrumento al servicio de los intereses colectivos de los pueblos.

Hay que aclarar y caracterizar la cuestión evitando confundir los conceptos con las definiciones para tener posibilidades de articular acción y establecer políticas que sean efectivas que eliminen el incentivo para la comisión de actos de corrupción. Dejar claro que se entiende por impunidad, qué elementos las definen, el entorno que la favorece, los pilares que la sustentan y los correctivos para superarla.

Es conveniente pensar en un enfoque interdisciplinario del asunto para abordar las cuestiones fundamentales del problema. Mención especial para la cultura política y la cultura gerencial en cada ámbito. No se trata solo de hablar del asunto si no repensar las estrategias de lucha contra la impunidad y prevención de la corrupción.

Los aspectos claves de la gerencia social no deben quedar al margen. Tanto los tomadores de decisiones como los que asumen funciones públicas en los estamentos de control (judiciales, políticos, sociales o gerenciales) salen de la sociedad y es allí donde hay que formarlos para que adquieran las habilidades que luego perfeccionará en los centros de enseñanzas.

La desconfianza en las organizaciones políticas, en los políticos y en la Política misma, coloca a la sociedad del Siglo XXI en un punto de quiebre, especialmente en el país donde la corrupción, la impunidad y la complicidad han echado raíces profundas y gruesas.  Política e impunidad es una combinación que requiere un cambio de enfoque dado los efectos negativos de la segunda sobre la primera.

Hay que recordar que la corrupción tiene múltiples dimensiones y la impunidad como consecuencia de la falta de sanción pervierte la práctica política y abre espacios a sectores vinculados al narcotráfico, el lavado, la trata, el contrabando, entre otros. Ya hay experiencias y tendencias preocupantes que deben colocar a la autoridad electoral y judicial en alerta para evitar la entrada de estas lacras a la política ¡Es un reto, un desafío y un imperativo ético!

Pretender cosechar resultados diferentes aplicando instrumentos jurídicos que de poco han servido es una quimera. Hay que ir por las raíces del mal. Solo así se puede parar el progresivo deterioro de la institucionalidad política y el estancamiento de los sistemas políticos. Recetas habrán muchas pero su efectividad depende de la institucionalidad administrativa, de la fortaleza de los sistemas de justicia y de las capacidades de los mecanismos de control.

Los costos de la impunidad son cuantiosos y su impacto en el entramado político es devastador. Por eso las acciones que se emprendan deben involucrar a la mayor cantidad de entes. Nadie debe permanecer indiferente ante este flagelo porque todos son afectados de algún modo. Corruptos y corruptores deben pagar por sus faltas y si no pagan jurídicamente deben recibir el rechazo social como pena.

Pasar de las lamentaciones a las acciones y de la teatralidad al mundo real es un imperativo. Las acciones contra la impunidad y la corrupción deben incluir a todas las modalidades y prácticas. Solo así se puede aspirar a un adecentamiento de la Política como de las prácticas políticas. Crear una nueva cultura que rechace y apueste a la transparencia.

Es necesario superar las debilidades institucionales y culturales para hacer frente a la impunidad a la complicidad y la corrupción, en los contextos en que se produce y bajo la modalidad que sea. No puede ni debe ser un asunto de moda; tiene que ser una acción sistemática donde los mecanismos de control y el ordenamiento jurídico sirvan de apoyo a las acciones que debe ejercer la sociedad y sus instituciones. La cuestión, insisto, debe ser contra corruptos y corruptores. No deben existir corruptos preferidos ¡Es tiempo de actuar!

Finalmente hay que evitar a toda costa que se tengan a corruptos preferidos o elementos que podido enfrentar la impunidad y no lo han hecho asumiendo posturas protagónicas en ese ámbito. Eso debilita la acción colectiva a favor de las políticas de transparencias. Superar los errores cometidos y ampliar las bases del debate seguramente facilitará las respuestas de los instrumentos de control en los entornos.

domingo, 19 de abril de 2015

AGUA POTABLE ¿MERCANCÍA O DERECHO?

"(...) La escasez de agua contribuye a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones sociales e impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas. Con demasiada frecuencia, donde hace falta agua, encontramos armas. [...] Todavía hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, la usamos prudentemente y la compartimos equitativamente". Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.

El agua es el principal elemento para la existencia y desarrollo de la vida. Es un recurso valioso, imprescindible pero finito y no renovable. Eso obliga a la gente a depender del suministro de este recurso para suplir las necesidades que le permiten sobrevivir como especie. Vivir sin agua o sujeto a las reglas del mercado para adquirirla es una violación fragrante al derecho a la vida y los principios elementales que rigen a los pueblos.

Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 40 por ciento de la población del planeta sufre escasez de agua, una proporción que aumentará hasta dos tercios de población para 2050, se señala en el documento. Es una cifra astronómica que se incremente cada día, ya que la demanda de agua es inversamente proporcional a la oferta disponible. La desertificación avanza, reforzados por los efectos del cambio climático.

La humanidad ha visto la desaparición de miles de lagos, lagunas, ríos, arroyos y manantiales. Ese proceso de desertificación se acelera, ante la mirada indiferente de gobiernos y organismo internacionales que dicen mucho pero hacen poco para palear o superar el grave problema.  Esperar cambios favorables sin actuar consciente y responsablemente sin actuar para provocarlos es impensable.

“Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos”, dice la ONU.

Este preámbulo sirve para contextualizar los aspectos generales de este problema en el mundo y de paso llamar la atención por la falta de acción y compromiso con el Medio Ambiente y la ineficiencia de las políticas de protección de los Recursos Naturales, especialmente el agua y la cubierta boscosa que la protege. Pegar gritos a las nubes no provocará lluvias pero seguramente permitirá remover el manto de la indiferencia.

Garantizar el acceso a fuentes acuíferas de calidad y evitar que los mercaderes, tutumpotes, terratenientes y oligarcas se apoderen de las aguas es una responsabilidad directa del Estado y sus instituciones. A juzgar por las evidencias y las realidades que se observan queda un largo trecho por recorrer para que los gobiernos y tomadores de decisiones comprendan que la Política es para servir y no para servirse.

Llegará el día en que los pueblos elegirán gobiernos que les representen, defiendan los recursos naturales, garantices la provisión de servicios de calidad con equidad y transparencia. Solo bajo un esquema de responsabilidad y compromiso se puede crear las condiciones para romper con los modelos económicos y políticos que generar pobreza, exclusión y marginalidad.

Hay leyes, pactos internacionales, acuerdos y protocolos que han pretendido colocar el tema de la crisis del agua en un plano visible. El país lleva varios años discutiendo el tema de la regulación, se han presentado varios anteproyectos sin que hasta el momento se hayan concretado esos esfuerzos. Las tendencias privatizadoras han impuesto su lógica retrasado su aprobación.

Los resultados hablan por sí solo: cada vez hay menos agua, está más contaminada y el precio en el mercado avanza en una alocada carrera que nadie sabe adónde llevará a los pueblos. Esto tiene como telón de fondo la ineficiencia de las políticas aplicadas y la desregulación del sector, sumado a la debilidad institucional y la falta de acción colectiva de los pueblos.

En República Dominicana la situación es desesperante. El modelo económico ha permitido que un alto número de hogares carezcan de servicio de agua, aun en zonas que producen abundante agua. Pagar el servicio no es garantía de agua en la casa. Por tanto, los registros basado en la disponibilidad de grifos en las casas vía contratos con las prestadores de servicios como el Instituto Nacional de Aguas Potable (INAPA), entre otros, no reflejan la realidad. Es una cuestión de estadísticas porque en realidad el servicio de agua en el territorio nacional es costoso y precario, a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho.

Ante esta realidad se requiere un abordaje amplio de la cuestión que incluya, los temas de regulación, control, producción, procesamiento, gestión y servicio de agua potable. Esperar resultados buscando las causas de los problemas en los acueductos o en las márgenes de los ríos no sirve de mucho. Es necesario e importante pero hay que ir a las montañas donde nacen los manantiales, arroyos y arroyuelos que nutren esas fuentes.

Mirar los cauces de los ríos dominicanos, especialmente en el Sur del país genera pánico. El impacto de la acción humana expresado en la deforestación y la extracción de agregados ha hecho de estas fuentes de vida un espantoso desierto. Exigir responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan ante este ecocidio es un imperativo ético impostergable.

El impacto de la escasez de agua es demoledor, primordialmente en los sectores más empobrecidos. Las enfermedades vinculadas a la calidad o la disponibilidad de agua potable y las deficiencias en los sistemas de saneamiento de las aguas servida amenazan seriamente la vida en la tierra. Cambiar prácticas de usos de suelo y proteger la cubierta boscosa para hacer que el mundo sea habitable ética y ecológimente es una responsabilidad que debe ser asumida con la seriedad que el momento amerita.

Ir a las cuencas y microcuencas; evaluar el estado de situación y preparar un inventario lo más completo posible para usar esas informaciones en el diseño de políticas de intervención que detengan la catástrofe que se vislumbra sería más que cualquier cosa un acto de justicia con la naturaleza. Trabajar en el reforzamiento de la responsabilidad en cuanto a los usos puede servir para ir creando lo que se ha denominado como una cultura del agua.

Es la acción humana la que ha provocado, con su actitud depredadora e irresponsable, la penosa situación que viven varias provincias del país. Eso no puede ni debe continuar. Se requieren acciones urgentes que viabilicen soluciones integrales y sostenibles. Es necesario que se prioricen las inversiones, poniendo énfasis en la protección y renovación de las cuencas y microcuencas; así como evitar la contaminación y extracción desproporcionada de las aguas subterráneas.

Gobernantes y gobernados deben asumir la responsabilidad que les corresponde. El gobierno definiendo políticas claras y transparentes que paren el deterioro progresivo de los acuíferos; bien sea legislando o interviniendo. Evitar la privatización y estableciendo reglas claras que complementen la normativa vigente.

Hay que anotar que la normativa ayuda, sí es buen y adecuada pero no resuelve el problema. Más que de leyes este es un tema de cultura de uso del agua y falta de autoridad. Se requiere involucrar a la gente en la solución del problema tanto en la protección como en la gestión del denominado “oro azul”.

Gestionar adecuadamente la poca agua dulce queda implica accionar colectivamente, asumir los compromisos, hacer las inversiones que correspondan y pagar por los servicios ambientales a quienes dedique esfuerzos a la protección de los acuíferos. No es posible que los beneficios se centren en quienes comercializan con el agua dejando sin tomar en cuenta a quienes cuidan y protegen las montañas.

¿Agua para quienes puedan pagarla? ¿No es el acceso a agua potable un derecho humano fundamental? ¿Qué harán los liderazgos locales? ¿Qué hará el Estado y las instituciones públicas? ¿Actuarán los gobiernos locales? ¿Qué hará empresariado? ¿Qué hará la humanidad ante esta seria amenaza? ¿Cuáles son las acciones que se encaminan para enfrentar el problema? ¿Permitirán que las aguas sigan yendo a las fincas en vez de a los acueductos? ¿Cómo reaccionará la gente cuando el hambre y la sed amenazan con extinguirla? ¿Quién paga los daños al medio ambiente y paga por el saqueo de los recursos naturales? ¿Ha renunciado el Estado al mandato establecido en la Constitución dominicana y la Ley 64-00?

En conclusión, el agua como recurso finito, tiene que ser protegido y manejado como una cuestión de seguridad nacional, ya que las crisis generan conflictos y la lucha por agua es una cuestión de vida o muerte. Tanto la protección, como la regulación son responsabilidad exclusiva del Estado. De igual modo, la garantía del derecho a agua potable, como derecho humano también le compete; así como también controlar y regular el creciente mercado que se desarrolla en torno al tema.


El agua es una cuestión de derecho, no es ni debe ser un lujo o un privilegio para quienes puedan pagarlo. La crisis de agua que vive el mundo de hoy y especialmente la República Dominicana debe mover a un debate amplio y responsable que supere la politiquería. Es tiempo de actuar articulada e integralmente y el Estado debe crear las condiciones para ese diálogo produzca las soluciones que se requieren.

domingo, 12 de abril de 2015

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

En la historia de la humanidad, la producción de alimentos ha sido siempre una prioridad asociada a la supervivencia de las especies que de ella dependen. Los diversos estadíos registran suficiente información para sostener esta tesis que se complejiza con el incremento de la producción.

Hay quienes como Alvin y Heidy Tofller reconocen en lo que denominan Revolución Agrícola el primer paso hacia la transformación de la sociedad y la sostenibilidad de la alimentación humana. Hoy otras tendencias coinciden con estos planteamientos en el contexto de las estrategias que buscan garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad.

Esos elementos, que hacen depender la vida de la producción de alimentos se han convertido en tema de debates tanto en los foros internacionales patrocinados por la FAO y otros organismos. Eso hace de la producción agropecuaria en general y de la agrícola en particular un negocio. En él entran asuntos vinculados a los costos y a los medios de producción, así como los aspectos relacionados con el mercado y la comercialización.

Por el lado de los costos hay que hablar de los rubros necesarios para garantizar que el producto salga con un mínimo de calidad. Es destacable el costo de los insumos e implementos agrícolas, así como las maquinarias utilizadas. A esto se suman los aspectos referidos la conservación y almacenamiento del producto previa comercialización para garantizar la inocuidad. Es todo un proceso, complejo y costoso.

En lo referente a los medios de producción, hay que hacer énfasis en la tierra, la mano de obra, la tecnología y la infraestructura. En la agricultura tradicional o de subsistencia el proceso es menos exigente. Cuando se pasa a una producción mecanizada y tecnificada el costo se eleva, colocando al empresario agrícola en la necesidad de financiar los altos costos para compensar sus esfuerzos.

Todo lo anterior sirve para introducir la difícil situación que vive el empresariado agrícola dominicano y especialmente el que se dedica a la producción de vegetales y frutales a raíz de la “aparición de la llamada Mosca del Pacífico”. Esa situación empuja a la quiebra a un alto número de estos productores luego que los mercados, especialmente el de los Estados Unidos objetara el producto alegando deficiencias en la calidad.

Al disponer de un mercado restringido a nivel internacional y de un mercado interno débil, reducido y especulador se han visto precisados a botar parte de su producción. Esto es insólito en un país donde mucha gente pasa hambre y consume productos de mala calidad.

Lógicamente, no se puede culpar a los productores de la situación pero sí a quienes tienen la responsabilidad de garantizar que ese importantísimo renglón de la economía disponga de las garantías que lo hagan rentable y sostenible. El Estado debe asumir la protección de quienes se dedican a una labor de tanta trascendencia como la producción de alimentos, en un área tan frágil como la agropecuaria.

La falta de estrategias y planes de comercialización alternativas han impedido la colocación de los productos en el mercados por fallas en la cadena de comercialización. Es tiempo entonces de abocarse a buscar soluciones duraderas y beneficiosas tanto para los productores como para los consumidores.

A continuación sugiero algunos puntos que pueden servir para una discusión amplia de las cuestiones anteriormente planteadas. No es ni pretende ser una receta pero en estos tiempos de globalización de la información y la comunicación ningún sector está exento de su impacto.

Es necesario reforzar las estrategias de planificación de siembra en base a las ofertas y posibilidades de colocación de la producción en los mercados.

Anticiparse a las contingencias, aprovechando el asesoramiento público y privado, así como la experiencia acumulada, tanto en el área de la producción como en materia de comercialización.

Se impone también la diversificación de los mercados y la búsqueda de las vías que faciliten la colocación oportuna de los productos en el mercado.

Ir a los lugares donde los costos de transporte y embalaje no se traguen el esfuerzo del productor, aprovechando los mercados más cercanos.

Mejorar los estándares de calidad tanto para los productos destinados al mercado internacional como el que se distribuye en los mercados nacional y locales.

Fortalecer la cadena de comercialización para minimizar el impacto de la intermediación. Se sabe que la intermediación se lleva la gran tajada perjudicando a productores y consumidores.

Reforzar la organización de los productores, creando espacios asesorados de orientación que coloquen las informaciones confiables y oportunas sobre el sector en manos del productor.

Establecer espacios refrigerados para el almacenamiento de los productos que por alguna razón no se puedan colocar en el mercado. Así se evitan pérdidas, se garantiza la calidad del producto y se aprovechan mejor las oportunidades de negocio.

Pensar en la industrialización de los productos agropecuarios y muy especialmente los productos agrícolas es otro punto de vital importancia. Agregar valor, industrializando puede ser un buen negocio.

Reforzar los instrumentos de aseguramiento de la producción, especialmente aquella que se realiza bajo ambientes controlados lleva tranquilidad al productor y fortalece al sector.

Establecer programas de capacitación para productores y el personal de apoyo que se dedica a la producción, es una inversión no un gasto.

La creación de cooperativas que incluya a las personas que participan en todo el proceso de producción puede servir para gestionar mejor las capacidades y los recursos.

Establecer centros de acopio en lugares estratégicos, especialmente cerca de puertos y aeropuertos o puntos de ventas debidamente acreditados e identificados.

Modernizar e institucionalizar tanto la cadena productiva como la cadena de comercialización, aprovechando las tecnologías de la información desde donde se promuevan los catálogos con los productos y las características de los mismos.

Es sabido el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto y dentro de este el sector agrícola tiene mención de honor, especialmente después de la instalación de millones de metros de invernaderos en todo el territorio nacional. Es un sector al que hay que cuidar, proteger y fortalecer. Gestionados integralmente pueden ser y de hecho son, una excelente fuente de ingreso y de fomento de empleo para el país.

Las grandes pérdidas que padece el sector agropecuario tanto del lado de la producción de vegetales como de frutales deben llevar a los sectores involucrados a la búsqueda de soluciones duraderas e institucionalizadas. El país no puede darse el lujo de ver con indiferencia la quiebra acelerada a la que se dirigen los productores nacionales.

Anticiparse a las contingencias en el ámbito productivo y comercial, implica un esfuerzo tanto del productores organizados como de las instancias estatales vinculadas a la agropecuaria y especialmente en la producción agrícola bajo la modalidad de invernaderos y la producción de frutales.

Aprovechar los  tropiezos para explorar nuevas oportunidades; áreas de mejoras que les prevengan de eventos similares ayuda y tranquiliza. Espero que estos aspectos sean contextualizados y discutidos en los escenarios que correspondan ¡Es mi humilde aporte, por el bien de la producción nacional y de la seguridad alimentaria!