"Las democracias son frágiles, viven de conflictos, pero éstos las pueden sumergir. La democracia aún no está generalizada en todo el planeta que incluye dictaduras y residuos del totalitarismo del siglo XX o gérmenes de nuevos totalitarismos. Ella seguirá amenazada en el siglo XXI; además, las democracias existentes no es que no se hayan logrado sino que están incompletas o inacabadas". Edgar Morín.
En la evolución del sistema político y la democracia dominicana se hizo costumbre que las autoridades electas, intenten perpetuarse en sus cargos aprovechando las debilidades de la institucionalidad democrática y los juegos de los sectores de poder que dominan el espectro electoral. Eso se traduce en un frenético afán por repostular y repostularse a cargos que solo duran cuatro años.
Es harto sabido que en el país se realizan elecciones cada cuarto años y que eso está refrendado por la Constitución de la República. De igual forma, la Carta Magna establece, no solo la forma de elección sino también el período que debe durar el mandato que otorga el soberano pueblo, a través del voto. A pesar de la claridad del enunciado que prohíbe la repostulación en períodos consecutivos, las aspiraciones continuistas rompen la armonía y perturban el escenario político.
Hay cargos, como el de presidente y vicepresidente donde se prohíbe la repostulación en períodos consecutivos. Sin embargo, se permite que los demás cargos se repostulen y reelijan continua y permanentemente. Este desbalance para cargos electivos y regidos bajo el mismo cuerpo normativo debe equilibrarse. Eso evitaría el "secuestro" de los cargos y el estancamiento del desarrollo del liderazgo político, tanto a nivel nacional como a nivel local.
Los afanes de extender mandatos se inició desde la fundación de la República y aún hoy persisten. Esto obliga a buscar una salida definitiva al complejo asunto de la repostulación. Se han propuesto modalidades que van desde un período y nunca más, dos períodos y nunca más hasta los períodos de 4 años intercalados. Hasta hoy ninguna de esas fórmulas, han resuelto el problema. Eso obliga a explorar otras modalidades.
Se debe pensar en establecer una modalidad que abarque a todo el espectro de cargos electivos, incluidos lógicamente a la presidencia y vicepresidencia de la República. Aunque los debates se quedan en este nivel, dadas las características del sistema político dominicano, no se puede perder de vista los demás niveles.
Miles de regidurías, cientos de alcaldías y direcciones de distritos municipales con sus suplentes son electas para el ámbito municipal. De igual forma, se eligen las diputaciones (provinciales, nacionales y de ultramar) bajo el mismo esquema. Aquí se incluyen las representaciones en el PARLACEM y el PARLATINO. Juntos suman más de 200 cargos electos.
De igual forma se eligen 32 senadores, uno por cada provincia y 1 por el Distrito Nacional. Esa cantidad de cargos electivos y la posibilidad de seleccionarlos vía voto popular es una muestra de fortaleza del Sistema Político. Sin embargo, la perpetuación de una persona en un cargo sin límite de tiempo, tanto en el nivel congresual como en el municipal contradice esa fortaleza, ya que no se corresponde con los postulados constitucionales que otorgan a cada persona el derecho a elegir y ser elegida.
Vista las dificultades de la clase política dominicana para ponerse de acuerdo en la adecuación del marco normativo que rige al sistema político, especialmente en materia política y electoral. Diversos sectores de la sociedad han apostado a la modernización y al fortalecimiento de los entes reguladores del sistema político pero la incertidumbre creada por los aprestos reeleccionistas, tensan la cuerda y encrespa el escenario político.
Tensiones y juegos de intereses han frisado una propuesta de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas por más de 15 años. Igual suerte corre una propuesta de modificación a la Ley Electoral. Con ambos instrumentos se pretenden enderezar el rumbo y evitar la contaminación del Sistema Político Dominicano.
Es en ese contexto que el tema de la reelección, va y viene como un fantasma que no respeta normas ni compromisos. Quienes están en la oposición se oponen y una vez llegan al poder inician los aprestos para imponer sus afanes continuistas. Para impulsar sus pretensiones se amparan en grupos de apoyo, movimientos externos y personeros que se han especializado en esas lides.
No importa que la Constitución de la República prohíba la repostulación o que una autoridad electa empeñe su palabra de "no repostulación" en períodos consecutivos. Se recurre a cualquier argumento para justificar los aprestos reeleccionistas. Los argumentos van desde la predestinación y el mesianismo hasta la justificación del clientelismo como práctica política. Corregir esas distorsiones debiera ser una responsabilidad de quienes operan el sistema político pero no la asumen.
Esas prácticas debilitan, no solo la credibilidad de la clase política, sino también a la modalidad de democracia que funciona en el país. Es un lastre que perturba tanto a la oposición como a las tendencias partidarias que se reparten el poder. Superarlas definitivamente, sería un gran alivio para toda la sociedad.
Hay países que han instituido este sistema de elección basados en períodos de 6, 5 o 4 años; un período, 2 períodos consecutivo o indefinidos. Algunos países han superado el debate entre reeleccionistas y antireleccionistas, no restringiendo sino ampliando los espacios de participación. Otros tantos han instituido modalidades de repostulación indefinida y han hecho de la continuidad un credo, basado en la tesis de que el pueblo es soberano y quien mando.
Escoger entre una modalidad y otra es una tarea difícil, independientemente de la ideología que sustente el sistema, pasa por el establecimiento de reglas claras, cambios en la cultura política y un compromiso entre los entes políticos y sociales. La apuesta debe corresponderse con la función de la política y de las instituciones políticas como canales y brazo ejecutor de las aspiraciones de los colectivos políticos.
Cualquiera de las modalidades que se escoja debe reflejarse en incremento y cualificación de la participación y la confianza de la gente en su sistema político. Esa es muestra de que una estructura dinámica como las instancias políticas requieren ajustes constantes para adecuarlos a los contextos y realidades que impone la dinámica política.
Visto a groso modo, los aspectos antes citados, parece haber llegado la hora de impulsar una reforma constitucional, que entre otras cosas resuelva de una vez y para siempre el espinoso tema de la reelección. Insistir en resolver el complejo juego de poder por la vía constitucional implica un gran compromiso con el futuro del país.
Si se decide emprender una reforma constitucional la misma debe incluir la modalidad Constituyente para futuras modificaciones a la Carta Magna, así como ampliar a 5 años los períodos con opción a segundo mandato. Con eso se eliminaría la excusa de congresistas, alcaldes y regidores que se eternizan en los cargos. Respecto a la presidencia y vicepresidencia elimina las acentuadas pretensiones continuistas que predominan en la cultura política nacional.
Se debe aprovechar la oportunidad para incluir el Referéndum Revocatorio para sustituir a quienes no cumplan o violente el pacto con el electorado. Se debe dar uniformidad y mandar a incluir en la Ley o Código Electoral, estableciendo elección para un período con opción a un segundo para cada cargo.
Esto resolvería la distorsión y evitaría que una personas se entronice una regiduría, alcaldía, diputación o senaduría. Pondría fin a los aprestos de repostulación indefinida que asoman tan pronto y como se juramentan en los cargo. Así se fortalecen los liderazgos, se incentiva y se democratiza la participación política, se neutraliza la compra de cargos y se fortalece el sistema político.
Accionar en esa dirección fortalecería la institucionalidad democrática, mejoraría la calidad del liderazgo político y ampliaría las bases de la democracia y se fomenta la participación política. Ese debe ser el objetivo final de cualquier acción que implique una reforma constitucional. Lo contrario sería una aventura egoísta que profundizaría la desconfianza que se tiene en los políticos y la democracia dominicana.
