viernes, 15 de agosto de 2014

ALIANZAS, PACTOS, ACUERDOS y AMARRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

"El mandato de los miembros de los ayuntamientos, sea cual fuere la fecha de su elección, termina el 16 de agosto del año en el que se celebren las elecciones municipales ordinarias.". Art. 50 Ley 176-07 
La República Dominicana ha ido evolucionando y reformando muchos aspectos pero en materia política hay serios rezagos. Estos se expresan en cada intento por elegir cargos o renovar instancias políticas, sean internamente en las instituciones políticas o en organizaciones gremiales o profesionales. Pocos proceso de elección o renovación transcurren sin incidentes en el país, provocando el debilitamiento de la institucionalidad democrática y minando la confianza de la gente en la clase política y las instituciones públicas.

La selección de los bufetes directivos en el ayuntamiento cada 16 de agosto se convierte en un mar de especulaciones. Hay toda una historia negativa de procesos donde las acusaciones enturbian los resultados de los proceso, dando paso a conflictos y desavenencias que muchas veces se convierten en conflictos e incidentes que ponen en riesgo hasta la seguridad personal de quienes participan en los certámenes. Nadie quiere perder y para evitarlo recurren a cualquier subterfugio, incluida la perversión o distorsión de la norma. 

Grandes esfuerzos se han realizado en el país para modernizar e institucionalizar la gestión pública municipal. Existe un cuerpo normativo, que bien aplicado puede contribuir a fortalecer las capacidades de las entidades edilicias. Estos avances no han sido interpretados, asumidos ni ejecutado adecuadamente por las autoridades que han sido premiadas con el voto popular.

Los intereses que confluyen en los partidos políticos y las luchas de tendencias a lo interno de los mismos provocan distorsiones que se expresan en las entidades que dirigen. Muchas veces el manejo de conflictos no es gestionado adecuadamente y devienen en problemas graves. Para resolverlos se ensayan una diversidad de vías para resolverlos, unas institucionales y otras al margen de las normativas vigentes.

Los pactos, acuerdos y alianzas son instrumentos, legales, legítimos e importantes para establecer las bases de sustentación a la gobernabilidad democrática, siempre y cuando vayan acorde con la normativa vigente. Frecuentemente se recurre a ellos para resolver problemas institucionales. Otras tantas son sustituidas por “amarres o acuerdos de aposentos” neutralizando el desenvolvimiento institucional y el curso normal de los procesos democráticos.

Estos amarres extrainstitucionales en nada ayudan al desarrollo e institucionalización de los gobiernos locales y mucho menos a la democracia dominicana. Nuevamente surgen expectativas e interrogantes sobre la conformación de los bufetes directivos en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales. Eso surge frecuentemente para esta época y la forma de efectuarlas incluye varias modalidades, algunos institucionales y otros al margen de la institucionalidad.

Para superar esas debilidades y distorsiones; y de paso reducir la posibilidad de que sucedan incidentes y tragedias en los actos de cambio de bufetes se han ideado fórmulas. Esos amarres distan mucho de las soluciones institucionales establecidas en los cuerpos normativos que fundamentan la organización y funcionamiento de esas instancias.

Entre esas malas prácticas se destacan los amarres amañados entre tendencias o fuerzas políticas para autoprotegerse y encubrirse. Casi siempre se hacen al margen de las leyes y de los procedimientos democráticos. Es legítimo que se establezcan acuerdos pero estos deben cumplir con los procedimientos normativos y garantizar la independencia de los regidores y regidoras que conforman el cuerpo legislativo municipal.

Dada esas debilidades institucionales, la falta de transparencia y la incapacidad de los partidos y agrupaciones políticas que tienen representación en los Ayuntamientos y distritos municipales del país se han inventado una fórmula antidemocrática para evitar conflictos potenciales en la escogencia de los bufetes directivos de las Salas Capitulares. Esto lesiona la autonomía de las autoridades electas para decidir libremente en su rol de órgano de fiscalización interna.

Una vez se aproxima el 16 de agosto, fecha en que se hacen los cambios de directivos en las Salas Capitulares empieza la incertidumbre. Los partidos que han postulado a esas autoridades asumen que la democracia no funciona en esos espacios y que ellos tienen que asumir la decisión para guiar la elección de los bufetes. Eso sustituye a los procedimientos normativos y lesiona la esencia de la democracia al impedir la expresión de los regidores y regidoras.

Esto ha distorsionado la esencia de la debilitada democracia municipal y ha provocado que los “acuerdos, amarres y pactos” se hagan al margen del mandato de la Ley 176-07 que establece los procedimientos para renovar los mandos en los Cabildos. Esto da paso al afianzamiento del clientelismo y deja muy mal parada a la democracia dominicana. Superarlos se convierte en grandes desafíos para  que el sistema político dominicano pueda desarrollarse y modernizarse.

Es tiempo de que los Partidos y Agrupaciones Políticas entiendan y respeten las reglas básicas de la democracia, incluyendo el respeto a la institucionalidad, que aunque débiles funcionan en los municipios y distritos municipales del país. Cientos de instancias donde interaccionan ejecutivos y legisladores municipales entran en un proceso de ajustes tras la elección de sus bufetes directivos. De ahí la importancia del asunto.

De poco sirve que nos embarquemos en la creación de normativas vanguardistas cuando la clase política impone sus propias reglas. Esas prácticas pervierten la democracia y debilitan la institucionalidad. Dada esas distorsiones debilitan la labor de control que deben ejercer los legisladores municipales en cada cabildo. Esos entes de control quedan neutralizados para actuar cuando los amarres se imponen.

Los controles de la gestión municipal, especialmente el control político debe ser ejercido por las salas capitulares; y con los amarres de los cambios de directivos esa función queda trunca. Esto, sumado a las dificultades para ejercer el control social establecido en la constitución y las leyes del país deja mal parado al sistema político. 

La legitimidad que da el voto de los ciudadanos y ciudadanas a las autoridades municipales electas  para que trabajen por el desarrollo de sus demarcaciones y les representen, no debe ser vulnerada e irrespetada. Eso pasa por establecer políticas públicas que le beneficien pero también defender  los intereses colectivos en esas instancias.

De continuar estas prácticas perversas, el futuro de la democracia dominicana se torna incierto y la hace poco confiable para encausar las necesidades colectivas. Corresponde a las instituciones políticas y los mecanismos de gestión del sistema político ejercer el control para poner orden en este asunto.

No es sano para el sistema político democrático asumir como normal prácticas que carecen de fundamento jurídico. Lo mínimo que se puede pedir a las autoridades de elección popular es que cumplan con la institucionalidad y el ordenamiento jurídico vigente. No se puede esperar resultados positivos de un proceso de elección de las Salas Capitulares basado en amarres partidarios extrainstitucionales.

La legislación, incluida la Constitución de la República establecen las funciones de cada ente dentro de los Ayuntamientos y Distritos Municipales. La cuestión se complica cuando se obvian esos procedimientos y se pervierten los canales normales e institucionales de renovación de los cuerpos directivos. Más de 500 años de municipalismo en el país no han enseñado mucho a la clase política.

Evitar que cualquier pacto o arreglo en el ámbito local lesione o neutralicen las funciones de Las Salas Capitulares, especialmente en su función de control de los procesos de gestión y ejecución presupuestaria, así como las acciones de contrapeso al Ejecutivo Municipal o Alcalde, constituye  un gran retos para la institucionalidad democrática y el sistema político.

Decirlo es fácil pero trabajar para que se supere esas distorsiones del sistema político dominico es necesario una transformación de la Cultura Política sustentada en prácticas transparentes de control y auditoria social. Es tiempo de que la modernización y el desarrollo político dejen ver sus avances y que la clase política asuma como norma el respeto a la institucionalidad.

Tanto los partidos y agrupaciones políticas que postulan las candidaturas como los entes que los regulan deben hacer su parte para evitar que se cuelen personas que no cumplan con los preceptos normativos para su nominación. La ciudadanía que vota o elige debe cuidarse también, al momento de elegir para descartar a las candidaturas que no reúnen los requisitos mínimos para representarle digna y decorosamente cada 4 años.