martes, 12 de julio de 2011

LA EDUCACIÓN : UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.

“Sólo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad, críticamente, o cada vez más racional”. Paulo Freire.

La educación es un derecho humano fundamental y es responsabilidad del Estado crear las condiciones que sirvan de soporte tanto al desarrollo individual como colectivo de la población dominicana. No hay excusas para que el país presente las precariedades que se observan en el sistema educativo dominicano, salvo la irresponsabilidad y falta de compromiso que ha caracterizado a los actores que intervienen en el proceso.

Se sabe que para avanzar en cualquier área se requieren buenos planes, recursos, sacrificio, vocación, compromiso y una visión clara y precisa para lograr los objetivos. En el ámbito educativo esta es una condición indispensable para superación del estancamiento que se aprecia en la República Dominicana, a pesar de disponer con 3 modelos de financiamiento para la educación: la pública, la privada y la mixta. El costo no determina la calidad de la enseñanza si no existe una supervisión articulada y guiada por los organismos estatales creados para tales fines con la vigilancia y participación de los Consejos de Padres y Madres, así como con el involucramiento de los educando.

Otro aspecto vinculado a la cuestión es el que tiene que ver con los enfoques que imprimen a la educación partiendo de la orientación de los centros de enseñanzas. Así tenemos un enfoque religioso incluida las diversas denominaciones, uno empresarial y otro público per sé donde convergen varias líneas de influencia dependiendo de las capacidades de docentes y los niveles de tolerancia del centro educativo, entre otros factores. En teoría hay un solo Plan, pero en la práctica canta otro gallo. Esta es una realidad que asociada a las debilidades propias del subdesarrollo impiden el avance en uno de los objetivos claves de la sociedad.

La “Revolución de los Colores” ha llegado para exigir el cumplimiento de la Ley General de Educación que establece un 4% del Producto Interno Bruto. Diversos sectores coinciden en esta demanda, otros piensan que la cuestión es más grave y requiere una intervención profunda para analizar y corregir los males estructurales que hacen de la educación dominicana una de las más deficientes de la región latinoamericana.

Ciertamente hay problemas estructurales que exigen mayor inversión, pero no solamente eso. Hay que evaluar y rediseñar el modelo educativo a la luz de los desafíos que enfrenta la sociedad actual, caracterizado por el uso creciente de las tecnologías de la información y la comunicación y el afianzamiento de la institucionalidad democrática. La “canoa virtual” requiere otro tipo de remo, no la fuerza bruta. Puede ser un dispositivo que accione el brazo robótico que se activa por el teclado de un computador para navegar por la intrincada red de internet.

Las políticas educativas, sus lineamientos y sus ejes tienen que estar enfocados a la calidad y el rendimiento. La escuela no puede ser una fábrica de títulos debe ser un laboratorio de talento. El sector privado tiene que garantizar calidad, capacidad de mejora continua e innovación permanente. Al Estado le corresponde la coordinación del diseño e implantación, así como la regulación y supervisión de las políticas educativas.

Actualmente se está discutiendo el aumento de las matrículas en los colegios privados, ya que una vez más se repitió la misma receta de cada año: un aumento cuyo tope alcanza el 30%. Apareció la resistencia de las instituciones que agrupan a los usuarios de este servicio opuestos y dispuestos a enfrentarse al empresariado educativo. No se hizo esperar la acción de la Dirección General de Protección al Consumidor que anunció medidas drásticas contra quienes osen desafiar la autoridad del Estado. Esto forzó una negociación, luego de un fuerte debate en los medios de comunicación, obligando al Consejo Nacional de Educación a “parar” el aumento.

Lo cierto es que el aumento fue cobrado en la mayoría de los colegios y costará mucho revertirlo, si es que se logra. Las tarifas de los colegios privados, aunque están regulados por ley son aplicadas de forma antojadiza por los dueños de esos establecimientos, a pesar que muchos de éstos reciben subvenciones y otros beneficios del Estado. Además, de que una buena parte de ellos, desde hace varios años, aplican cobro del año escolar por adelantado, lo cual constituye un abuso a las familias.

Las autoridades han emplazado a los centros privados a que justifiquen los aumentos y seguramente encontrarán razones para hacerlo ante una acción tan tímida de la autoridad. Lo correcto y aconsejable es que se cumpla la Ley para evitar conflictos y malos entendidos. Ellos buscarán las justificaciones para asegurarse de que todo quede como está y los usuarios carguen con el aumento. Todos los años hay que pagar el aumento sin más justificación que el lucro abusivo de los mercaderes de la educación privada ante la impotencia de los padres frente a la violación flagrante de la Ley General de Educación y la Ley 86-00. No importa los beneficios que obtengan mediante exoneraciones, donaciones y construcciones, subvenciones y otros privilegios que se han abrogado.

El Estado tiene que garantizar el ambiente de negocios, creando la base jurídica necesaria, cuidando de no afectar los derechos fundamentales, especialmente los vinculados a la educación. Hay que exigirle calidad y compromisos a quienes se aprovechan de la debilidad reguladora del Estado para saciar su avaricia. Mejorar los servicios que ofrece el Estado es la salida para que el Estado-providencial asuma su rol en la democracia dominicana.

Hay servicios públicos que aunque sean ofrecidos por el sector privado tienen que garantizar el mínimo imprescindible en calidad y eficiencia. Quienes se acojan a esa oferta por la razón que sea deben encontrar en el Estado y sus instituciones un apoyo ante cualquier atropello o abuso. A esto se aspira en una sociedad donde el Estado impone su modus operandi en coordinación con los sectores empresariales.

Nuestro sistema educativo ha pasado por varias revisiones y se han realizado esfuerzos que no han llenado las expectativas de la población. Cabe mencionar los Planes Decenales implantados cuyos resultados distan mucho de los postulados democráticos propuestos por el gobierno. La política educativa tiene y debe ser integral, participativa, compartida y efectiva. Se debe orientar a la creación de capacidades en la ciudadanía que le permitan desenvolverse y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Para lograr lo antes planteado se requiere mayor inversión pero también mayor exigencia del gobierno, así como la unificación de las políticas educativas en torno a los objetivos definidos en la Constitución de la República, respecto a los fines del Estado y a las aspiraciones de la sociedad. Es necesarios que prestadores privados de servicios educativos, del nivel que sean, entiendan que su rol es complementario, opcional no primario y sus acciones se deben apegar de forma irrestricta a los lineamientos de políticas que apruebe el Consejo Nacional de Educación.

El Estado, por su parte, tiene que asegurar el cumplimiento de la supervisión y evaluación continua, así como de garantizar que en la parte del sistema que está bajo su responsabilidad prime el enfoque de calidad y eficiencia. Para lograrlo requerirá trabajar mancomunadamente con los gremios y grupos de interés que operan en el sistema, incluido en primer plano, el cuerpo docente. Urge la búsqueda de sintonía entre la calidad docente, la eficiencia gerencial y el producto del sistema educativo. Las deficiencias son evidentes y hasta vergonzosas en muchos casos.

¡Actuemos ahora! ¡Emprendamos el debate por la superación de las taras que neutralizan e impiden el avance de la educación dominicana! Como bien dijo José Martí: “La mejor forma de hacer revolución es por la educación”. Desde las reformas positivistas del insigne Eugenio María de Hostos hasta hoy, el clamor es el mismo: más y mejor educación para superar la pobreza y la marginación.